Chaco. Greenpeace y
otras organizaciones se manifestaron en el acceso a Casa de Gobierno
reclamando el cumplimiento de la ley de Presupuestos Mínimos y la
revisión de los permisos otorgados para deforestar, que señalan
alcanza a zonas protegidas.
Organizaciones
vinculadas con la protección del ambiente realizaron en la mañana
de este jueves una protesta en el acceso a Casa de Gobierno para
exigir al Ejecutivo el cumplimiento de normativas que regulan las
zonas de desmonte, como también una revisión de permisos que se
dieron que entienden avanzan contra espacios amparados por leyes
nacionales.
En concreto,
piden que se cumpla la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales o
“Ley Bonasso” en alusión al diputado que la impulsó en la que
es establece, fundamentalmente por colores, las zonas consideras de
preservación.
De la
manifestación tomaron parte Greenpace, los colectivos Somos Monte,
Foro Gualamba, el Centro de Estudios Nelson Mandela y referentes de
partidos políticos en una jornada emblemática porque se recuerda el
Día de los Bosques Nativos.
El Centro Mandela
y Greenpace trabajan hace tiempo en conjunto y una de las últimas
intervenciones que generaron revuelo datan de noviembre, cuando se
advirtió sobre el avance de las topadoras en sectores donde no deben
desmontarse, lo que llevó al gobernador, Domingo Peppo, a emitir en
enero un decreto para prohibir desmontes en El Impenetrable. No
obstante, las organizaciones señalaron que ese documento solo abarca
a futuras intervenciones pero nada dice con los permisos que ya se
otorgaron y que habilita a continuar con las deforestaciones.
Así las cosas,
piden que se revea todo permiso otorgado, que además entienden
abarca a zonas que antes figuraban con amarillas, que habilita a un
uso productivo y ahora pasaron a verde, el color más bajo entre las
áreas y que permite deforestar. En esta condición advierten que se
encontrarían no menos de 26 mil hectáreas con la posibilidad de que
ese número llegue a 35 mil, por lo que solicitan la anulación de
todos los permisos como también una investigación administrativa y
penal para quienes autorizaron estas acciones.
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