La siembra de Berta Cáceres

Este 2 de marzo se cumplen tres años del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres. Sin embargo, el proyecto hidroeléctrico contra el que protestaba sigue en marcha y las empresas impunes.

por Joana M. Perelló y Alex Guillamón

Este 2 de marzo se cumplen ya tres años de la siembra de Berta Cáceres. Son ya más de mil días desde que en algún despacho alguien ordenara su asesinato mientras dormía, es decir, mientras soñaba. Los sueños de Berta Cáceres eran los de su gente, los mismos de tantas comunidades campesinas e indígenas de todo el mundo: vivir en paz con la tierra, los ríos y los bosques que les dan sentido y subsistencia como pueblo y que, a la vez, protegen el clima y el futuro de toda la humanidad.

Berta fue asesinada por ser la portavoz del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y de la resistencia de su pueblo, porque hay empresas que incluyen la violencia y el homicidio en su estrategia de inversión. Fue asesinada como las otras 1.238 defensoras y defensores ambientales que también lo han sido en los últimos 10 años y como los centenares y miles de personas que, sin llegar a ser asesinadas han sufrido extorsiones, amenazas, desplazamientos forzosos, agresiones sexuales, judicialización, campañas de desprestigio mediático, etc., por cruzarse en el camino de empresas y gobiernos sin escrúpulos.

Empresas como la nacional Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la costarricense Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca), la alemana Voith Hydro Holding (participada por Siemens) y las entidades financieras Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) participaban en el proyecto cuando fue asesinada Berta Cáceres. No fue sino tras una gran presión internacional, que las empresas europeas implicadas se fueron retirando a regañadientes del proyecto.

Tras un juicio plagado de irregularidades, el 19 de octubre de 2018 el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa emitió un veredicto de condena contra los acusados como autores materiales del asesinato, pero, tanto la familia de Berta como el COPINH, denunciaron la impunidad en que siguen quedando los autores intelectuales e inductores del asesinato. Como se dijo en esos días, “Hubo sentencia, pero no hubo justicia”.

Esa impunidad forma parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene el modelo extractivista multinacional, que saquea comunidades de los cinco continentes, destruyendo los medios de vida de millones de personas y agotando los ciclos naturales de la vida. Al mismo tiempo se persigue, hostiga y criminaliza a quienes los defienden.

Desde el crimen de Berta el movimiento de solidaridad ha conseguido que gran cantidad de entidades sociales, instituciones públicas, ayuntamientos, parlamentos, gobiernos, incluido el español y la Comisión Europea, se pronunciaran en diferentes momentos y de diferentes formas sobre la necesidad de una verdadera justicia para Berta Cáceres, así como para las decenas de defensores y defensoras de movimientos, organizaciones sociales y comunitarias que han sido asesinados o criminalizadas con total impunidad.

A pesar de todo esto, y a pesar de lo que se ha dado a entender, hoy el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sigue vigente. Este pasado mes de enero el pueblo lenca, a través del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) i el COPINH, todavía ha tenido que presentar una acción legal ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que se cancele la concesión del proyecto.

Las personas y comunidades afectadas por las violaciones de derechos humanos y ambientales cometidos por las transnacionales en todo el mundo no consiguen acceder a la justicia. En cambio, éstas, amparándose en los tratados de comercio e inversión, pueden demandar a los gobiernos por cualquier decisión que consideren que perjudica sus “legítimas expectativas” de beneficios a través de los llamados tribunales de arbitraje entre empresas y estados (ISDS, por sus siglas en inglés).

Ya es hora de acabar con esta impunidad. Necesitamos un sistema de justicia global que ponga en el centro a las personas y al planeta, garantizando los derechos humanos universales. Por eso, desde la Campaña contra los Tratados de Comercio e Inversión (TCI), estamos impulsando la campaña europea Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales - Stop ISDS, que se articula en base a una recogida masiva de firmas para involucrar a millones de personas en toda Europa en torno a dos objetivos:

Exigir la eliminación de los "tribunales corporativos" ISDS en todas sus formas, salir de los tratados de comercio e inversión que contengan el ISDS u otro mecanismo similar y no firmar nuevos tratados de este tipo en el futuro.

Promover el establecimiento de un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas capaz de exigir responsabilidades a las multinacionales por la violación de los DDHH, así como establecer leyes europeas y nacionales para poner fin a la impunidad corporativa.

¡Justicia para Berta y para todas las defensoras asesinadas y criminalizadas!

¡Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales-Stop ISDS!

Joana M. Perelló, Alex Guillamón, Entrepueblos y miembros de la campaña Stop ISDS

Fuente:

Joana M. Perelló, Alex Guillamón, La siembra de Berta Cáceres, 02/03/19, El Salto Diario.