La política
tarifaria que ha adoptado Cambiemos signada por el encarecimiento de
la energía opera como un mecanismo de transferencia de ingresos con
resultados sumamente regresivos. Su puesta en funcionamiento ha
despertado desde un inicio una gran reacción social que demuestra
que carece de legitimidad. Sin embargo, no pareciera estar en dudas
por parte del gobierno.
En el caso del
gas, se avanzó en la dolarización del precio que recibe el
productor del hidrocarburo y en la Revisión Tarifaria Integral que
definió las tarifas de las compañías transportistas y de las
distribuidoras de gas y aseguró un “rentabilidad razonable”.
Estos fueron los dos hitos que marcaron el inicio de los sucesivos
incrementos de las facturas de los hogares con acceso a la red.
En torno al
primero de ellos, no solamente se dispuso fijar el precio del gas en
dólares, sino también, ajustarlo semestralmente según un sendero
de aumentos periódicos. A su vez, la dolarización implica el
traslado de la volatilidad cambiaria al precio del gas.
Con respecto a la
RTI, se evaluó que las tarifas de transporte y distribución debían
aumentar en términos reales para recomponer los ingresos de las
empresas prestatarias de estos servicios. La actualización de estas
tarifas se terminó de consumar con el incremento de abril del
presente año. A partir de ahora, solamente se contempla que sus
ajustes estén en línea con la inflación para evitar que queden
retrasadas.
Los objetivos que
se persiguen con esta política tarifaria son dos. Uno de ellos es
mejorar las ecuaciones económicas y financieras de las
transportistas y las distribuidoras: por cada USD 100 que les ingresó
por el cobro de tarifas (descontados los gastos operativos), en el
2015 perdieron USD 15, mientras que en 2017 ganaron USD 19.
El segundo
objetivo apunta a reducir los subsidios energéticos en el marco de
un programa fiscal que requiere ajustar el gasto para liberar
recursos que permitan ser redireccionados hacia el pago de los
intereses de la deuda pública. La participación de los subsidios
energéticos en el gasto total cedió cinco puntos entre el 2015 y
2017 mientras que, en mismo período, la partida destinada al pago de
los intereses de la deuda elevó en igual cantidad, cinco puntos, su
participación.
Finalmente, vale
recordar que una 70 % de la generación eléctrica se logra mediante
la combustión de fósiles, fundamentalmente gas. Por ese motivo, el
aumento en el precio del gas implica una suba también en la
electricidad, aunque claro está no es la única variable por la que
aumenta.
En base a estas
consideraciones se concluye que la actual política tarifaria opera
como un mecanismo de transferencia de ingresos a favor de las
empresas prestatarias de servicios públicos y del capital
financiero. Constituyéndose así, en el espejo de un modelo
económico regresivo.
Más información
en la página de ejes.org.ar
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