El asesinato de
Samir Flores, defensor del medio ambiente y comunicador comunitario,
ha impactado a nivel internacional. Este crimen forma parte de las
cifras negras que tienen a México como el cuarto país más
peligroso a nivel mundial para defender los recursos naturales y
luchar contra el despojo.
por Nancy Cázares
El asesinato del
ambientalista y periodista comunitario, Samir Flores, ha causado gran
impacto a nivel internacional. Distintos medios en el continente y
del otro lado del Atlántico reportaron cómo en México, a punto de
realizarse una consulta sobre una termoeléctrica, "conocido
activista de 35 años" fue asesinado un día después de
denunciar el proyecto.
En nuestro país,
aunque la prensa pregunta, el Presidente calla. Los pueblos,
comunidades, activistas y distintas organizaciones políticas y
sociales señalan al Gobierno Federal como responsable del crimen de
Samir y denuncian la presencia de grupos de choque ligados al
gobierno del estado, en manos del Morena. Exigen se suspenda la
realización de la consulta y la cancelación definitiva de la
megaobra, así como reparación integral del daño provocado, sobre
las personas y sobre el territorio. Por toda respuesta, Andrés
Manuel López Obrador ha insistido en que la consulta tiene que
realizarse. Inclusive, sugirió que el asesinato del activista había
tenido la intención de obstaculizar la realización de la misma.
Este intento por
deslegitimar el reclamo de justicia de las comunidades no es una
actitud nueva para el jefe del Ejecutivo, quien hace unos días llamó
"radicales de izquierda" a opositores que protestaron
durante su visita a Morelos. En su conferencia de prensa de este
jueves, AMLO inclusive bromeó con la locución del EZLN "mandar
obedeciendo". "Esto es democracia", remató Obrador.
Con el Aeropuerto
y el Tren Maya, la termoeléctrica en Huexca sería el tercer
megaproyecto impulsado por López Obrador en menos de cien días de
gobierno.
No se trata, sin
embargo, de una actitud privativa de la administración obradorista.
Durante los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto,
México se consolidó, junto con Brasil, Colombia y Perú, como uno
de los cuatro países más peligrosos a nivel mundial para defensores
del medio ambiente, con cifras que cuentan 29 asesinatos entre julio
de 2016 y diciembre de 2017, así como 59 ataques de diversa índole
en el mismo periodo. Tres cuartas partes de los activistas asesinados
eran indígenas.
Los estados de
Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua,
Michoacán y Chiapas concentraron estos 29 asesinatos de
ambientalistas. Las 59 agresiones se suscitaron en 23 entidades entre
las que destacan el Estado de México y Puebla como las más
peligrosas.
Las condiciones
de violencia, impunidad y complicidad a todos los niveles de gobierno
se gestaron a lo largo de los años, de la mano de la profundización
de la entrega de los recursos naturales a trasnacionales y de la
militarización.
Organismos como
Global Witness señalan como algunas de las principales razones por
las que en México se encuentra en esta crisis al crimen organizado,
falta de protección a personas en riesgo y falta de consulta en las
comunidades sobre los megaproyectos. No se trata, desde luego, de las
consultas con que López Obrador ha legitimado la imposición del
Aeropuerto y el Tren Maya, criticadas duramente por sus
inconsistencias y la premura con la que se han impulsado.
Con la consulta
en Morelos, Obrador busca acabar de un plumazo con una década de
lucha contra la imposición de megaproyectos en la región.
El Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señala que la minería,
infraestructura, proyectos hidroeléctricos, obras públicas en
administración de agua, desarrollos inmobiliarios, energía
renovable, siembra de transgénicos y la tala, son algunas de las
actividades relacionadas con el despojo, devastación y expoliación
de recursos.
México es el
cuarto país en el mundo con mayor superficie concesionada para
exploración y explotación. 66% de la superficie forestal montañosa
en México, indican expertos, está concesionada a empresas en su
mayoría canadienses para extracción de oro y otros minerales.
Según el informe
de GW, la mayoría de los defensores asesinados en México se
enfrentaban a grandes proyectos empresariales extractivos como la
tala y la minería. Persecución, desplazamiento, criminalización,
cárcel, hostigamiento, espionaje, calumnias, detenciones
arbitrarias, represión, secuestros, desapariciones, abuso sexual,
asesinatos, son algunas de las amenazas que han tenido que enfrentar
quienes se oponen a megaobras en México.
El asesinato en
2018 del activista rarámuri Julián Carrillo es un caso
paradigmático de la situación en la que se encuentran los derechos
humanos en México, en particular de las condiciones en las que
luchan los defensores ambientales. Opositor a la tala, la minería y
la siembra de amapola y marihuana por parte del crimen organizado,
Carrillo fue asesinado al igual que cinco más de sus familiares
ultimados en años anteriores por defender tierras consideradas
sagradas por la población de la Sierra Tarahumara. El reconocimiento
internacional de su labor, así como la presunta protección por
parte de Secretaría de Gobernación con la que contaba, no pudieron
detener a los sicarios que terminaron con su vida. Este crimen
continúa impune.
La Red Mexicana
de Afectados por la Minería (REMA), en el Estado de Guerrero, señala
tres casos emblemáticos de la imposición de megraproyectos mineros
en la entidad: Torex Gold (que protagonizó asesinatos viculados a un
paro laboral); la mina de Peñasquito, en donde Carlos Slim
participaba a través de la mina Frisco y que provocó el desalojo de
una comunidad entera; y el de la minera Leal Gold, responsable del
desplazamiento forzado de 120 comunidades en Carrizalillo.
Una crisis de
proporciones internacionales
No es casual que
la crisis se concentre allá donde los capitalistas tienen puesta su
mira. Así en México como en las selvas amazónicas de Brasil, como
en los ríos que la hondureña Berta Cáceres murió defendiendo de
la voracidad de trasnacionales. Los asesinatos de ambientalistas
registrados en nuestro continente están relacionados con la
agroindustria, la minería, la caza furtiva y la explotación
forestal.
Según señala la
GW, 116 líderes ambientales fueron asesinados en Latinoamérica tan
sólo en 2017.
En su Primer
informe global, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el
Medioambiente (PNUMA), la misma ONU ha debido aceptar, tras lo que
fue la primera evaluación de cuarenta años de creación de leyes y
organismos ambientalistas, que el aumento de legislación destinada a
la protección del Medio Ambiente ha venido acompañado de un fracaso
generalizado para implementarla. Esto, en los hechos, representa una
amenaza aún mayor para enfrentar problemas como el cambio climático,
la contaminación y la pérdida de especies y hábitat.
Lo que David
Boyd, relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio
Ambiente, considera "un misterio que entraña la persistencia de
problemas" ambientales, no es sino la voracidad del capitalismo
negándose a renunciar a sus ganancias. Es la complicidad de los
gobiernos que pactan e instrumentan la entrega a sangre y fuego, por
medio de leyes (o consultas) amañadas y el despliegue de sus fuerzas
represivas por todo el territorio.
El asesinato de
Samir Flores pues, se enmarca en una ofensiva que se extiende por
todo el territorio y más allá de las fronteras. Empresas, gobiernos
y crimen organizado son cómplices (como recién difundió el
semanario Proceso respecto a la participación de fuerzas del hampa
en el asesinato de líderes sociales en Colombia); sus crímenes
quedan impunes ante la mirada impotente de organismos defensores de
derechos humanos y el mensaje que continúa reproduciéndose es de
intimidación para quienes se atrevan a luchar.
El cambio de
posición de López Obrador en torno a la militarización (que
rechazaba en 2012) y los megaproyectos (que hacia 2014 aún
descartaba) no son alentadores en este panorama. Los límites del
equilibrismo obradorista se manifiestan en un caso en donde es
imposible conciliar la sed de justicia y el rechazo al despojo con
los intereses de los empresarios que tanto se preocupa en no desairar
sin indemnización de por medio.
La unidad de las
luchas a nivel nacional en contra de los megaproyectos y en defensa
de los recursos naturales y el territorio es hoy indispensable para
luchar por justicia para Samir y todos los ambientalistas asesinados,
por la libertad de los presos, así como por el respeto a la
autonomía y determinación de los pueblos.
Fuente:
Nancy Cázares @nancynan.cazares, Samir Flores no es un caso aislado: México, país letal para defensores ambientales, 21/02/19, La Izquierda Diario. Consultado 26/02/19.
No hay comentarios:
Publicar un comentario