Cuando Brumadinho
expuso al mundo la mala gobernanza del sistema de represas, una luz
de alerta encendió en el programa nuclear brasileño. En Pozos de
Caldas (MG), una vieja mina de uranio acumula miles de toneladas de
desechos radiactivos. Esa basura nuclear ocupa un área de Maracanãs
en Pozos de Caldas (MG). La explotación terminó en 1995 pero el
terreno no fue descontaminado. Según un estudio de la Universidad
Federal de Oro Negro, encargado tras la aparición de un “evento no
habitual” en septiembre de 2018, el sistema extravasor de la
escombrera de la presa está seriamente comprometido y hay
infiltración, lo que aumenta el riesgo de ruptura. Se estima que una
resolución definitiva sobre el problema de estos desechos costaría
500 millones de dólares en los próximos 40 años. Aquí, un
análisis estrictamente economicista aunque interesante.
Los problemas en
los pozos son bien conocidos
Mientras que la
mina estuvo en operación (1982-1995), produjo concentrado de uranio
para ser utilizado en el combustible de Angra 1, en investigación en
el sector nuclear y en un esquema de comercio compensado junto a
Iraq. Pero cuando se cerraron las actividades en la mina, no hubo
descontaminación de las zonas explotadas ni se siguieron las normas
que garantizarían la conservación medioambiental y la seguridad de
las poblaciones afectadas.
Según la Agencia
Nacional de Minería, hasta hace poco tiempo faltaban documentos
técnicos que pudieran certificar la seguridad de las presas
existentes, cuya responsabilidad está con la estatal Industrias
Nucleares de Brasil (INB). A principios de febrero, el MPF recomendó
la creación de un plan de emergencia.
Los pozos no
representan el único desafío de la minería de uranio en Brasil.
Los incidentes con materiales radiactivos ya se han producido en la
operación del complejo minador industrial de laguna real en Caetité
(BA) en los años 2000, 2002, 2004 y 2009, según datos oficiales.
Estos problemas
de gestión golpean el programa nuclear brasileño. Después de todo,
para abrir el potencial de la zona se necesitan inversiones pesadas
en infraestructura. Resulta que ningún inversor confía en un
sistema que, por fallos evitables, corre peligro de terminar en un
mar de lodo radiactivo.
El Gobierno
Federal ha estado trabajando durante más de año para establecer un
nuevo marco regulador para el sector nuclear. La idea es crear las
condiciones para que la inversión privada pueda abrir la
construcción de la planta de angra 3 y expandir la minería de
uranio a estados como amazonas, Ceará, Goiás, Tocantins, Pará,
Paraíba y Paraná pero la mejora en el marco regulador del sector
nuclear quedará sepultado si hay algún accidente medioambiental con
material radiactivo. Sería un coste demasiado alto para la sociedad
brasileña, que subvenciona el sector nuclear a peso de oro.
Matias Spektor
School of
International Relations
Fundação
Getulio Vargas/FGV
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