Una resolución
de la ONU defiende los beneficios de la agricultura familiar. Una declaración
de 28 artículos, emitida por la ONU, apoya la actividad de los
cultivos campesinos y recuerda que el 70 por ciento de los alimentos
del planeta son producidos por agricultores familiares.
por Darío Aranda
“Histórica
victoria. Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre Derechos
Campesinos”, celebró la organización internacional Vía Campesina
(que reúne a movimientos rurales de todo el mundo). La ONU, el
máximo organismo de diplomacia internacional, tomó una medida sin
precedentes y reconoció una serie de derechos para los sectores
populares del campo, revindicó el rol fundamental de la agricultura
familiar para combatir el hambre, defendió el derecho a proteger las
semillas (frente a los intentos de privatización), remarcó la
necesidad de la soberanía alimentaria e incluso señaló la
necesidad de realizar reformas agrarias. Los campesinos producen en
70 por ciento de los alimentos del mundo.
Semillas en manos
de campesinos e indígenas (y no como propiedad de las grandes
empresas), control sobre los territorios, derecho a volver a las
tierras usurpadas por privados o estados, soberanía alimentaria
(derecho a los que pueblos decidan qué producir y cómo
alimentarse), participación campesina en todos los asuntos que
afecten sus territorios, cuestionamiento a los agroquímicos y
promoción de la agroecología son algunos de los aspectos de la
Declaración de Derechos Campesinas, aprobada por la Asamblea General
de Naciones Unidas.
Con 28 artículos,
el documento final aborda todos los beneficios de la agricultura
campesina, la necesidad de un modelo agropecuario sin agrotóxicos ni
transgénicos, y reafirma la íntima vinculación entre la vida
campesina y los derechos humanos.
“Los campesinos
tienen derecho a acceder a los recursos naturales presentes en su
comunidad que sean necesarios para gozar de condiciones de vida
adecuadas, y a utilizarlos de manera sostenible. También tienen
derecho a participar en la gestión de esos recursos”, establece el
artículo 5. El artículo 17 aborda uno de los principales problemas
rurales: “Los Estados protegerán la tenencia legítima y velarán
por que los campesinos no sean desalojados”.
La declaración
de la ONU, que se aplica también a los pueblos indígenas, fue
aprobada con 121 votos por la positiva, 54 abstenciones y ocho
negativas (Estados Unidos, Australia, Guatemala, Hungría, Israel,
Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia).
Argentina se
abstuvo. Al igual que Brasil, Canadá, Colombia, Honduras, Francia,
Rumania, Rusia y España, entre otros.
La FAO (máximo
organismo internacional del agro y la alimentación, también de la
ONU) celebró: “La FAO aplaude una resolución histórica de la ONU
que consagra los derechos de los campesinos y los trabajadores
rurales. La resolución también reconoce la contribución de las
poblaciones rurales y los pueblos indígenas al desarrollo sostenible
y la biodiversidad”, destacó el comunicado y recordó que los
agricultores familiares “producen más del 70 por ciento de los
alimentos del planeta”.
La declaración
avanza a una de las causas principales de la injusticia rural: la
concentración de tierras en pocas manos. Y hace propias palabras que
el poder político no utiliza hace décadas pero sí los movimientos
campesinos e indígenas: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas
para llevar a cabo reformas agrarias a fin de facilitar un acceso
amplio y equitativo a la tierra, y para limitar la concentración y
el control excesivos de la tierra, teniendo en cuenta su función
social”.
Diego Montón, de
la Coordinadora Latinoamericana del Campo (CLOC-Vía Campesina) y del
Movimiento Nacional Campesino Indígena, afirmó que la Declaración
“es un horizonte, un compendio de políticas públicas agrarias
hacia donde debiera caminar cualquier Estado que se quiera
identificar como respetuoso de los derechos humanos”. Explicó que
no sólo reconoce derechos sino que también planeta obligaciones a
los estados y que reafirma “el rol estratégico de la agricultura
campesina en la lucha contra el hambre, la mitigación del cambio
climático y destaca la importancia de la soberanía alimentaria como
política y horizonte a seguir por los pueblos”.
Montón destacó
el papel positivo jugado por Bolivia (uno de los impulsores de los
derechos campesinos junto a la Vía Campesina) y lamentó el rol del
gobierno de Argentina, que se abstuvo en la votación y que en sus
políticas públicas muestra una clara inclinación hacia el
agronegocio y se encuentra en las antípodas de la Declaración de
Naciones Unidas. El dirigente rural recordó que desde 2014 está
vigente la llamada “ley de reparación histórica para la
agricultura familiar” (con muchos puntos en común con la flamante
declaración) y aún no fue reglamentada por el Presidente.
En el marco de
una avanzada empresaria (encabezada por Monsanto-Bayer,
Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y BASF) para leyes de privatización
de semillas, Naciones Unidas fijó posición en el artículo 17: “Los
campesinos tienen derecho a conservar, utilizar, intercambiar y
vender las semillas o el material de multiplicación que hayan
conservado después de la cosecha. Tienen derecho a mantener,
controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas y
conocimientos tradicionales. Los Estados adoptarán medidas para
respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a las semillas de los
campesinos”.
La ONU también
cuestionó el uso de agrotóxicos (clave del modelo transgénico) y
remarcó la necesidad de un cambio de modelo (artículo 16), basado
en al soberanía alimentaria: “Los Estados favorecerán la
producción sostenible, en particular la agroecológica y facilitarán
la venta directa del agricultor al consumidor”.
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