La primera
evaluación mundial en la historia sobre el estado de derecho
ambiental asegura que las numerosas normas aprobadas desde 1972 no se
cumplen.
Las numerosas
leyes para proteger a la naturaleza que se han promulgado en todo el
mundo en el último medio siglo han fracasado. Esto concluye la
primera evaluación mundial en la historia sobre el estado de derecho
ambiental, que acaba de presentar ONU Medio Ambiente. La cantidad de
normas ambientales establecidas desde 1972 se multiplicó por 38,
pero las dificultades para aplicarlas y hacerlas cumplir es uno de
los mayores problemas para la mitigación del cambio climático, la
reducción de la contaminación y la prevención de la pérdida
generalizada de especies y hábitats.
David Boyd,
relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y
el medioambiente cree que este nuevo y convincente informe resuelve
"el misterio" que entraña la persistencia de problemas
tales como la contaminación, la reducción de la diversidad
biológica y el cambio climático a pesar de la proliferación de
leyes ambientales en los últimos decenios. "A menos que se
fortalezca el estado de derecho ambiental, incluso las normas
aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se
alcanzará el derecho humano fundamental a un medioambiente
saludable”, asegura.
En el nuevo
informe de ONU Medio Ambiente se concluye que, si bien la ayuda
internacional contribuyó a que numerosos países concertaran más de
1.100 acuerdos ambientales desde 1972 y a que se elaboraran muchas
leyes marco ambientales, ni la ayuda ni la presupuestación interna
dieron lugar a la creación de organismos ambientales sólidos
capaces de hacer cumplir las leyes y los reglamentos con efectividad.
Los autores
señalan numerosos factores que contribuyen a la aplicación
deficiente del estado de derecho ambiental, como la escasa
coordinación entre organismos gubernamentales, una capacidad
institucional debilitada, la falta de acceso a la información, la
corrupción y la participación cívica reducida.
En el informe se
detallan los numerosos acontecimientos positivos en materia de
derecho ambiental registrados desde 1972, incluida la aprobación del
derecho constitucional a un medioambiente sano por 88 países y la
consagración de la protección del medioambiente en la constitución
de otros 65. Además, se han establecido más de 350 tribunales
ambientales en más de 50 países, y en más de 60 existen al menos
algunas disposiciones legales sobre el derecho de los ciudadanos a la
información sobre el medioambiente.
Pero la comunidad
internacional "puede hacer más", en palabras de Carl
Bruch, director de Programas Internacionales del Environmental Law Institute. "Con demasiada frecuencia, el apoyo de los donantes
se centra en esferas muy específicas del medioambiente, por lo que
en algunas esferas existen sólidos programas ambientales mientras
que no se asignan fondos ni se presta atención a otras. Esta
diversidad de enfoques puede socavar el estado de derecho ambiental
al no ofrecer uniformidad en la aplicación y el cumplimiento de la
ley y enviar mensajes confusos a la comunidad que se reglamenta y al
público en general. Como consecuencia, muchas de esas leyes no han
arraigado aún en toda la sociedad y, en la mayoría de los casos, la
cultura de cumplimiento de las normas ambientales es débil o
inexistente”, afirma.
En el informe se
dedica considerable atención a una tendencia que reviste particular
preocupación: la creciente resistencia a las leyes ambientales, que
ha resultado más evidente en los casos de hostigamiento, amenazas de
detenciones arbitrarias y asesinato de los defensores de la
naturaleza. Entre 2002 y 2013, 908 personas -entre ellas,
guardabosques, inspectores gubernamentales y activistas locales-
fueron asesinadas en 35 países. Solo en 2017 la cifra ascendió a
197.
En el informe
también se destacan cuatro oportunidades para fortalecer el estado
de derecho ambiental:
Integración con
los ODS
Los autores creen
evidente que solo podrán cumplirse muchos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), incluso aquellos que no mencionan
explícitamente el medioambiente, si se logran avances sustanciales
en el estado de derecho ambiental. Esto significa que, mientras
procuran cumplir la Agenda 2030, los países y los asociados deben
tener en cuenta el estado de derecho ambiental en sus programas.
Fomento de la
participación de diversos actores
Según el
informe, la experiencia ha demostrado que la voluntad política tal
vez sea el aspecto más importante para determinar si se aplicarán y
harán cumplir las leyes ambientales. Las distintas organizaciones y
personas, indica el documento, deben entender que, para alcanzar sus
objetivos, debe existir un estado de derecho ambiental efectivo.
Evaluación
periódica del estado de derecho ambiental
El estado de
derecho ambiental sigue siendo un espacio "dinámico, con
innovaciones, enseñanzas y desarrollo constantes". Los
investigadores creen que una oportunidad clave para reforzar el
estado de derecho ambiental consiste en llevar a cabo una evaluación
mundial periódica del estado de derecho ambiental. Sería una
herramienta para comprender las tendencias, determinar las
innovaciones e intercambiar enseñanzas sobre los enfoques que
resultan más eficaces.
Enfoques de
pruebas piloto
Los funcionarios
públicos suelen ser cautelosos cuando se trata de ser los primeros
en aprobar un nuevo tipo de permiso ambiental, dar su visto bueno al
registro comunitario de tierras o adoptar otras medidas que pueda
establecer la ley. Suele ser más fácil convencer tanto a los
encargados de adoptar decisiones como al personal de que un enfoque
determinado puede funcionar si ya fue sometido a pruebas.
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Fuente:
Las leyes para proteger la naturaleza se han multiplicado por 38, pero han fracasado, 24/01/19, El País. Consultado 30/01/19.
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