El reventón de
una tubería instalada por Odebrecht provoca el desborde de un
colector, deja casi 2.000 afectados y muestra las fallas de las
Administraciones peruanas.
por Jacqueline Fowks
A media hora de
la plaza de Armas de Lima, el corazón de la capital peruana, la
calle de Los Hinojos se ha convertido esta semana en lo más parecido
a una zona de desastre. Los dueños de negocios y los residentes
limpiaban sus fachadas, manchadas por las aguas residuales que
treparon hasta metro y medio tras el desborde de un colector.
Mientras tratan de sobreponerse a los olores, otros tratan de
adecentar en plena acera los muebles que han podido rescatar de la
nauseabunda crecida de aguas fecales: sillas, sofás, lavaderos y
estantes de salones de belleza. Se lavan las manos con botellas de
agua y caminan cargando cubetas que han llenado en uno de los 44
puntos de abastecimiento de emergencia en el distrito.
Desde la
madrugada del domingo, cuando se produjo el fallo en el colector -derivado de la rotura de una tubería-, algo más de 1.900
vecinos se han visto afectados en el distrito de San Juan de
Lurigancho, al este de Lima. Y a pesar de que los damnificados se
concentran en menos de un kilómetro cuadrado, la respuesta de las
entidades públicas y privadas ha sido deficiente, según denuncian
prácticamente al unísono, en conversación a El País. El conducto
fue colocado por la constructora brasileña Odebrecht -protagonista
de uno de los mayores casos de corrupción de las últimas décadas
en América Latina- durante la construcción de la línea 1 de
Metro de la capital peruana.
El miedo a un
problema sanitario de calado es hoy la principal preocupación en la
zona. Pero las consecuencias económicas de la crecida también se
empiezan a sentir. "El martes nos dijeron que sacáramos todo
[lo que estuvo en contacto con las aguas] para evitar un foco
infeccioso. Botamos todo, pasó un Caterpillar [una pala] y se lo
llevó. No sabíamos que la aseguradora iría horas después: cuando
llegó el ajustador [perito] nos dijo que solo podía reconocer lo
que estaba a la vista. ¿No es esa una mala jugada? Estamos muy
afectados y nos hacen eso", describe Rocío García, maestra de
escuela, a la puerta de su casa, en una de las calles más afectadas.
La profesora y su
marido, también maestro, ambos en la cincuentena, invirtieron todos
sus ahorros en un pequeño restaurante que iban a abrir. El
equipamiento -muebles, menaje, etcétera- lo han perdido, pero el
perito no lo incluyó en el acta. "Con ese micronegocio
queríamos pagar la universidad, pero la aseguradora no nos quiere
reconocer. ¿Quién nos puede ayudar?", se pregunta. Uno de sus
hijos, André, estudiante de medicina, aguarda fuera de la casa
información sobre la entrega de agua o alimentos, la fumigación, o
la posibilidad -que nadie descarta- de un nuevo desborde. En la
misma situación están el resto de damnificados, que hacen fila para
recibir los víveres más básicos.
"Nos dijeron
que limpiáramos porque vendrían a fumigar. Lo hicimos, pero
nuevamente esta mañana se inundó [de aguas residuales]. Las aguas
salían dentro de la casa", muestra García en la cocina y el
baño. El líquido llegó el domingo hasta por encima de la rodilla y
a mitad de semana volvió a alcanzar una altura aproximada de 30
centímetros. Las marcas de las paredes han quedado como prueba de la
crecida.
André ha tenido
que faltar a una entrevista de trabajo: no podía dejar solos a su
madre, diabética, y a su padre, enfermo y conectado a una bolsa de
suero, pero que tuvo que estar toda la mañana del domingo limpiando
en medio de las aguas usadas. "Es un claro ejemplo de que un
acto de corrupción influye en la sociedad", denuncia. "Los
que no tenemos nada que ver hemos resultado perjudicados".
La instalación
de la tubería que se obstruyó y, posteriormente, rompió, fue
responsabilidad de Odebrecht, la firma constructora de la línea 1
del Metro, y no sigue las exigencias de Sedapal, la compañía
estatal de agua y saneamiento. El ministro peruano de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, anunció que se han
encontrado curvaturas y roturas en el ducto y en las uniones de los
tubos, deformaciones que causaron el atoramiento y posterior desborde
de las aguas residuales.
Declaración de
emergencia
Tanto la empresa
brasileña como su socia en el consorcio, la peruana Graña y
Montero, son investigadas por corrupción y por, supuestamente,
inflar el coste de esa obra y de la carretera Interoceánica Sur. La
infraestructura se llevó a cabo durante el segundo Gobierno de Alan
García, también investigado por colusión, lavado de activos y tráfico de influencias vinculados a esta concesión.
Este viernes, las
autoridades han decretado 60 días de emergencia en la zona afectada
dado el "gran aniego y colapso del sistema de saneamiento".
La medida habilita a los ministerios implicados y a la Municipalidad
de San Juan de Lurigancho a tomar medidas excepcionales de respuesta
y rehabilitación.
Joel Bustíos,
residente en una de las calles anegadas, lamenta sobre todo la falta
de información. "Que sean sinceros: nos dijeron que hoy iban a
venir a fumigar, pero hubo otra vez un desborde, y volvimos a
limpiar. Y también en otras zonas reaparecen las aguas servidas.
Todos trabajamos pero estamos aquí cuidando nuestras casas y nadie
nos reconoce esos daños y el tiempo perdido". La aseguradora,
denuncia, solo quiere reconocer una parte pequeña de los daños
sufridos en la farmacia que regenta: 90 dólares sobre un total de
1.400 perdidos en medicamentos.
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