El sufrimiento
del pueblo andaluz por la actividad de empresas y gobiernos se ha
expresado a lo largo de las décadas. Lo encontramos en tragedias
pasadas como las bombas de Palomares y construcciones presentes como
el cementerio nuclear de El Cabril, que amenaza con ampliarse.
También en los vertidos de materiales radiactivos con radio, uranio
o cesio sin control alguno por parte de las autoridades. Recordamos
que las asociaciones ecologistas han quedado solas en la defensa del
medioambiente y la salud de las personas, y que van a tener que
seguir adelante con las luchas presentes y futuras.
por Pepe Larios
Afortunadamente,
Andalucía no sufre en su territorio la instalación de ninguna
central nuclear. Sin embargo, padecemos casi todas las fases del
ciclo de la energía nuclear. Con todo estuvimos a punto, por el
deseo de Sevillana de Electricidad de soportar 4 reactores nucleares.
La Compañía
Sevillana de Electricidad solicitó la instalación de 4 reactores
nucleares en Andalucía. El 14 diciembre de 1973 solicita la
construcción de dos reactores de 1000 MW, Tarifa I y II en la
ensenada de Bolonia en Cádiz, donde se encuentran los restos de la
antigua ciudad romana de Baelo Claudia. Mes y medio más tarde, 30 de
enero de 1974, solicita otros dos reactores de 1000 MW, Almonte I y
II en Doñana, Huelva. Concretamente en el Asperillo, entre Mazagón
y Torre de la Higuera, teniendo previsto el comienzo de su
construcción en 1981. Este emplazamiento posteriormente fue
amenazado por la especulación urbanística y provocó la mayor
movilización ecologista de Andalucía.
El desprecio de
Sevillana de Electricidad a los valores históricos y ambientales de
Andalucía quedó patente con la elección de estos dos lugares para
sus proyectos nucleares en Andalucía.
Afortunadamente,
en el Plan Energético Nacional de 1979 no se incluyeron estas
centrales al tener nuestro país sobrepotencia de generación
eléctrica instalada, igual que en la actualidad.
El descubrimiento
de yacimientos de uranio en Sierra Morena, El Cabril y Cardeña,
Córdoba y en el entorno de la sierra de la Virgen de la Cabeza,
Jaén, va a tener consecuencias para Andalucía, además de la
minería de uranio, que sin lugar a dudas ha dejado víctimas en
Andalucía.
En una acampada
que realizamos en el entorno de El Cabril, un paisano me contaba que
su hermano, que había trabajado en la mina Beta, había muerto de
una extraña enfermedad que creo identificar como radiosilicosis. No
existe ningún estudio sobre la seguridad radiológica en las
actividades mineras de materiales radiactivos, y a juzgar por lo que
conozco de las prácticas en otras instalaciones andaluzas, la
protección era inexistente o casi.
La primera es la
instalación en Andújar, Jaén, de la fábrica de uranio General
Hernández Vidal, FUA, a orillas del Guadalquivir y que comienza su
andadura en 1959 y se cierra en 1981.
Durante el
funcionamiento de la FUA, esta fue denunciada la filtración de
material radiactivo a los pozos de los terrenos del entorno por el
hidrogeólogo Ramón Llamas Madurga. Esta denuncia nunca tuvo
respuesta ni actuación alguna por parte de ENRESA, que recibe
autorización para su desmantelamiento en 1991.
Durante el
funcionamiento de la FUA, las medidas de seguridad radiológica para
proteger a los trabajadores fueron del todo insuficientes, y por ello
no es de extrañar que el 72 % de ellos ya han muerto, muchos de
ellos por cáncer. Y es que, a modo de ejemplo y según su
testimonio, comían los bocadillos apoyados en los bidones de “torta
amarilla” óxido de uranio producido en la fábrica.
Los trabajadores
eran obligados a firmar documentos de confidencialidad y las
prácticas de control de contaminación radiactiva al Guadalquivir o
la gestión de residuos generados en la FUA o fuera de la misma
dejaban mucho que desear.
La segunda
consecuencia de la presencia de minería de uranio en Andalucía es
la presencia en los terrenos de uno de los yacimientos del único
almacenamiento de residuos radiactivos de nuestro país, el
cementerio nuclear de El Cabril.
Los orígenes de
El Cabril habría que buscarlos a las doce y cuarto del día 25 de
junio del año 1935, año en el que el ingeniero de minas cordobés
Antonio Carbonell y Trillo Figueroa descubre y registra 20
pertenencias (20 Has.) de un yacimiento de mineral de Radio,
consiguiendo 30 Kg. de pecblenda, mineral de uranio, interrumpiéndose
sus actividades durante la guerra del 36. Después de esta, D.
Antonio Carbonell dirige la sociedad Berilo y Radio español S.A. y
poco más tarde se constituye la EPALE, Empresa de Productos y
Aleaciones Ligeras Especiales. Esta era una empresa tapadera del
ejército español para las explotaciones e investigaciones sobre
armamento nuclear dirigida por el general Juan Vigón, quien reanuda
las extracciones a partir de 1949.
Después de ser
rentable, se deja de operar la mina Beta en El Cabril y la Junta de
Energía Nuclear, JEN, aprovecha esta mina para almacenar en 1961 la
basura radiactiva que se produce en sus instalaciones en Madrid
originadas por las experiencias realizadas con el reactor denominado
Juan Vigón que los Estados Unidos le regalan al Estado español para que haga
sus pinitos en el campo de uso militar.
El Cabril, como ya expresé en un artículo anterior en El Salto, estuvo operando
ilegalmente durante 30 años, hasta el año 1992, como certifica el
Tribunal Supremo.
Además del ciclo
nuclear, Andalucía también tiene suelos contaminados en Vilaricos,
Almería, como consecuencia del conocido accidente de las bombas de
Palomares. La población conoce los aspectos más propagandísticos,
como el baño de Manuel Fraga en las costas de Almería y la caída
de las bombas por fallo en el repostaje en vuelo de un bombardero B52
norteamericano el 17 de enero de 1966.
Lo que es menos
conocido es que después de la operación del ejército
norteamericano, conocida como Broken Arrow y que recogió parte del
material radiactivo dispersado por las bombas, aún quedó material
disperso e incluso se enterraron bidones con parte de ellos.
Habitantes de la zona han sido periódicamente sometidos a
reconocimiento para ver los niveles de plutonio en su organismo y los
posibles efectos.
Hace ya unos años
la administración de Obama se comprometió a la limpieza total de la
zona en 2015, llevándose hasta 50.000 m3 de tierra contaminada, pero
aún no se ha llevado a cabo y la administración de Trump no
reconoce el acuerdo.
Por último,
sufrimos la balsa de fosfoyesos de Huelva que tiene su origen en la
fábrica Fosfórico Español, hoy Fertiberia, que comenzó a operar
en 1965 y que se dedicaba a la producción de ácido fosfórico y
sulfúrico usando como materia prima los fosfatos de Bucraa. La
fabricación de este ácido creaba residuos llamados fosfoyesos y
estos compuestos se almacenan en una balsa.
Los fosfatos
tienen restos de uranio, U238, con una actividad radiactiva media de
1500 Bq/Kg y su descendiente radio Ra226, que se quedan en los
fosfoyesos y que emiten gas radón, también radiactivo. En 1968
empezó a verter a la marisma del Tinto y a los cauces estos
residuos.
En los 70, y sin
licencia, Fertiberia se planteó extraer el uranio para venderlo como
combustible. No hay demasiada información, pero el proyecto se
abandonó por falta de rentabilidad.
La Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dio la licencia de vertido
y, en noviembre de 2003, una orden ministerial declaró caducada la
concesión. Entre unas de las razones se encuentran los
incumplimientos por parte de Fertiberia pero esta empresa, de la que
fue alta directiva García Tejerina, ex ministra del gobierno del
Partido Popular, ha seguido vertiendo fosfoyesos radiactivos a la ría
de Huelva.
En las balsa se
encuentran más de 120 millones de toneladas de fosfoyesos,
producidos principalmente por Fertiberia, ocupando una superficie de
1.200 hectáreas en las marismas de Huelva, entre los ríos Tinto y
Odiel.
Después de
muchos años de protestas y sentencias judiciales, aún no se ha
puesto en marcha ninguna medida tendente a solucionar esta amenaza a
escasos 300 metros de la capital onubense.
Por último
quiero recordar el episodio de Acerinox, también en Huelva, en cuyas
instalaciones se incineró accidentalmente una fuente radiactiva de
cesio, Cs137, contaminando las escorias y cenizas. Parte de ellas
están en El Cabril clasificadas como residuos de muy baja actividad
y parte siguen en la zona.
La actuación
frente a estos problemas tanto del Gobierno de España como de la
Junta de Andalucía no han destacado por el celo en defensa de la
población, máxime cuando varias de estas instalaciones y lugares
han incumplido la legislación y han tenido que ser las
organizaciones ecologistas las que han tenido que asumir la defensa
de la población con su activismo que incluye movilizaciones,
demandas judiciales o acciones de rechazo que han sido contestadas
incluso con demandas penales contra activistas.
Muchos de estos
problemas siguen vigentes y no se atisban vías de solución. Al
contrario, algunas se agravan como es el caso del cementerio nuclear
de El Cabril, que cuadriplicará sus instalaciones para albergar los
residuos de media y baja actividad generados por la actividad de las
centrales nucleares y los resultantes de desmantelamiento de las
mismas.
De nuevo, solo la
movilización social podrá alejar el riesgo que aún sufrimos en
Andalucía.
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