El Gobierno
aprobó papa y trigo transgénicos para consumo masivo. En base a
estudios confidenciales, y luego del visto bueno de una comisión que
tiene íntimos vínculos con las empresas que venden las semillas
genéticamente modificadas para producirlos, el Estado dio vía libre
a la comercialización de productos cuestionados.
por Darío Aranda
Los argentinos
serán los primeros en comer papa y trigo transgénicos. Dos
alimentos de consumo masivo que fueron aprobados por el Gobierno en
base a estudios confidenciales y luego del visto bueno de una
comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que
venden las semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los
transgénicos, el mayor uso de agrotóxicos y la profundización de
un modelo a medida de las empresas.
El 4 de noviembre
la empresa Bioceres (que cuenta entre sus accionistas a Gustavo
Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios argentinos)
presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa
señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico
glufosinato de amonio, más cuestionado por su toxicidad que el
famoso glifosato.
“No se metan
con nuestro pan” había sido la consigna de una decena de
organizaciones sociales que denuncia la nueva avanzada del
agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los
transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente
y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles
son, en la Argentina, muy poco serios”, advirtieron la Cátedra de
Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por
la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación,
Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que
exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca
en el país 5,6 millones de hectáreas y es el principal componente
del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar
qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países
de la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia,
entre otros.
Los estudios de
“inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen
los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Comisión
Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está
controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las
empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16
transgénicos (51 desde 1996).
Carla Poth es
investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y en su tesis
doctoral investigó la Conabia. “Los integrantes de la Conabia son
juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los
tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el
sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas
tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank,
de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, explicó que otro
agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo
convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de
semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de
Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas
convencionales podrán contener transgénicos, por simple
contaminación, y los productores podrán ser obligados a pagar a las
empresas.
El Gobierno
también presentó la primera papa transgénica, ya liberada para su
comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar. En
el acto, el 10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia,
Lino Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La
compañía beneficiada es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo
conjunto con el Conicet a través del Instituto de Ingeniería
Genética y Biología Experimental (Ingebi). La publicidad empresaria
afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato
virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro
Mentaberry, quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al
momento de aprobarse la papa modificada genéticamente. Desde su
cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El
investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma
parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte
de la Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus
también formó parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la
clonación de animales. Así, la aprobación de la papa favorece a
los ex empleadores del secretario de Ciencia.
El Parlamento
Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Chile) prohibió la papa transgénica en 2006. Resaltó la
“inestabilidad” del cultivo y alertó que “una vez que se
libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación
genética”. Elizabeth Bravo, doctora en ecología de
microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre
de Transgénicos (Rallt) afirmó que la papa transgénica no
resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el virus PVY
puede desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que
es un “gran problema adicional” que esta papa se utilice para
consumo humano directo.
Fernando Frank
apuntó al fondo: “No pueden afirmar que el transgénico no va a
tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso
a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico
no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el
avance de la agricultura industrial y la consolidación del control
corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de
decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y
consumir”.
Piden el
principio precautorio
El Parlamento
Andino solicitó la elaboración de leyes nacionales que, ante los
transgénicos, establezcan el principio de precaución, es decir, que
cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas preventivas para proteger el
ambiente y la salud. En Argentina está vigente el principio
precautorio en la Ley General del Ambiente (25.675). Sin embargo,
aunque no está probada la inocuidad de los transgénicos, es el mimo
Estado el que autoriza su siembra y su consumo por parte de seres
humanos.
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Fuente:
Darío Aranda, Peligro en las mesas argentinas, 24/12/18, Página/12. Consultado 24/12/18.
Piden el principio precautorio, 24/12/18, Página/12. Consultado 24/12/18.
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