Las organizaciones ecologistas han sido unánimes al valorar la sentencia emitida por el Supremo sobre la catástrofe del Prestige, y han estimado que la resolución "no refleja, en absoluto," el daño real ocasionado.
El Tribunal
Supremo dictó este jueves la sentencia definitiva sobre la
responsabilidad civil derivada de la catástrofe del Prestige, que
fija indemnizaciones por más de 1.500 millones de euros, que deben
repartirse entre el Estado español y el francés, la Xunta de
Galicia y 269 afectados.
Mario Rodríguez,
director de Greenpeace, ha subrayado que la sentencia se ha
fundamentado sobre temas menores ya que, a su juicio, una catástrofe
de este calibre, la mayor de España en cuanto a mareas negras y
daños medioambientales, es difícil valorarla porque no tiene
precio.
Además -ha
incidido Rodríguez- la sentencia tampoco tiene un carácter
disuasorio que evite que un desastre de tal envergadura se repita en
tiempos futuros: este problema no se puede zanjar con 1.500 millones
de euros, es una cantidad menor para la dimensión del problema.
Juan Carlos del
Olmo, secretario general de WWF, ha manifestado que se trata de una
“sentencia ejemplar“, y ha subrayado la importancia de que se
pague ya y que las indemnizaciones lleguen a todos los damnificados,
algo que a su juicio será lo más complicado.
Es muy importante
“aprender de los errores”, ha insistido Del Olmo para destacar,
que esta sentencia también es “un aviso” para los miles y miles
de barcos que navegan cercanos a nuestras costas en condiciones aún
peligrosas.
Del Olmo no ha
querido pasar por alto el papel desarrollado por la sociedad civil en
el desastre Prestige, y ha valorado y felicitado la movilización de
todos estos años y que ha desempeñado un papel tan importante para
llegar hoy hasta la resolución de esta sentencia.
Para Eneko
Aiarbe, responsable de pesca de Ecologistas en Acción, las
sentencias emitidas a lo largo del proceso penal de este caso nunca
han llegado a cubrir todas las responsabilidades del accidente por lo
que es muy difícil depurar todas las responsabilidades.
El daño es
imposible de cuantificar -ha señalado Aiabe- para incidir en que el
Prestige fue un caso ejemplar de “mala gestión” que se ha
quedado sin cubrir adecuadamente en la sentencia inicial y por
supuesto en esta definitiva.
Asimismo se ha
felicitado por que el dictamen “penalice al que contamina”, algo
que, a su juicio, no sucede todos los días.
El Tribunal
Supremo fija en más de 1.500 millones de euros las indemnizaciones
del Prestige
Madrid (EFE).-
El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia definitiva sobre la
responsabilidad civil derivada de la catástrofe del Prestige, que
fija indemnizaciones por más de 1.500 millones de euros que deben
repartirse entre el Estado español y el francés, la Xunta de
Galicia y otros 269 afectados.
El alto tribunal
ha estimado los recursos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y
el Estado francés, entre otros, contra el auto de responsabilidad
civil dictado en noviembre de 2017 por la Audiencia de A Coruña, en
ejecución de la sentencia penal definitiva sobre el caso dictada por
el Supremo en 2016, que condenó a 2 años de cárcel al capitán del
petrolero, que se hundió en 2002 frente a las costas de Galicia.
La cantidad
deberán abonar el capitán del barco, Apostolos Ioannis Mangouras
-que fue condenado a 2 años de cárcel-, la compañía aseguradora,
The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, el Fondo
Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación
por Hidrocarburos (FIDAC) y subsidiariamente la propietaria del
buque, Mare Shipping INC.
16 años de
litigios
Ahora, 16 años
después, el Supremo fija las indemnizaciones definitivas en más de
1.500 millones de euros, incluyendo el IVA y los intereses, siendo el
Estado español el principal perjudicado y, por tanto, al que le
corresponde el grueso de dicha cantidad.
La Audiencia de A
Coruña ya decretó una responsabilidad civil de 1.573 millones de
euros para el Estado, si bien ahora el Supremo eleva algo más esa
cantidad al estimar los recursos de la Fiscalía, la Abogacía del
Estado, el Estado francés y parcialmente el FIDAC recurrieron el
auto ante el Supremo, que ahora les da la razón.
A diferencia de
lo que decretó el auto de la Audiencia, el Supremo establece que en
las indemnizaciones debe incluirse el IVA abonado en las tareas de
reparación del daño sufrido, un concepto que asciende a 43,6
millones de euros en el caso de España.
De lo reconocido
a España, dice el Supremo, tampoco pueden descontarse lo recibido en
concepto de ayudas de fondos comunitarios, cuantificado por la
aseguradora londinense en más de 275 millones de euros.
La sentencia, de
la que ha sido ponente el juez Andrés Martínez Arrieta, añade
también los intereses al entender que las indemnizaciones deben
comprender los intereses moratorios por los daños y perjuicios
ocurridos desde el escrito de conclusiones provisionales (en el que
se pidió el pago de la indemnización) y los procesales devengados
desde el pronunciamiento sobre responsabilidad civil.
El Supremo rebaja
a 1,1 millones la indemnización reconocida a la Xunta de Galicia por
la tarea de la Sociedad Gallega de Residuos Industriales (SOGARISA),
751.555 euros menos que lo que fijó la Audiencia de A Coruña al
entender que esta cantidad -correspondiente al coste estimado de la
puesta a punto de dicha instalación- no se solicitó en el juicio.
En cualquier
caso, el grueso de la indemnización a la Xunta ya fue formalizada en
2005 mediante un acuerdo con el Estado por más de 500 millones de
euros.
En contra de lo
que dijo la Audiencia, el Supremo establece que es el juez y no las
partes quien debe instar a Reino Unido -donde tiene sede la
aseguradora- para ejecutar la resolución. Dicha aseguradora depositó
en la causa 22,7 millones de euros, que debe distribuirse entre los
perjudicados. Por otra parte, el Supremo da la razón al FIDAC al
determinar que el ámbito de su responsabilidad se limita únicamente
a los daños materiales y no a los medioambientales y morales, que
deben ser cubiertos por el resto de responsables civiles.
Noviembre de 2002
Fue el 19 de
noviembre de 2002 cuando ocurrió esta catástrofe ambiental; tras
seis días a las deriva frente a Fisterra (A Coruña). El ‘Prestige’,
que operaba bajo bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió
provocando una marea negra de más 67.000 toneladas de fuel. La
marea negra frente a la Costa de la Muerte (Galicia), afectó a unos
2.000 kilómetros de las costas española, francesa y portuguesa.
La fauna marina y
las aves sufrieron las fatales consecuencias y el sector pesquero se
vio forzado a paralizar sus actividades, mientras una “marea de
solidaridad”, integrada por miles de voluntarios, apoyados por
militares, procedían a la recogida de “chapapote” en las playas
contaminadas.
El hundimiento
del petrolero generó también en Galicia un movimiento social que
arrastró a miles de personas, convocados por la plataforma “Nunca
Máis”, a numerosas manifestaciones.
Este suceso
desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad civil en
España frente a una catástrofe medioambiental, con miles de
voluntarios de todo el país que se trasladaron a Galicia para ayudar
a limpiar a mano el crudo esparcido por las playas y rocas de la
costa afectada.
El barco
transportaba 77.000 toneladas y el derrame de la carga causó una de
las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la
navegación.
Fuentes:
Ecologistas unánimes: sentencia del Prestige no plasma daño real ocasionado, 20/12/18, EFEverde. Consultado 20/12/18.
El Tribunal Supremo fija en más de 1.500 millones de euros las indemnizaciones del Prestige, 20/12/18, EFEverde. Consultado 20/12/18.
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