Una relatora de
Naciones Unidas criticó el modelo argentino de agronegocios. Tras su paso por
el país, la relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación
presentó un preinforme en el que cuestiona el uso masivo de
agrotóxicos, la deforestación, la situación de pueblos indígenas
y la falta de apoyo de la agricultura familiar.
por Darío Aranda
La Organización
de Naciones Unidas (ONU) cuestionó el uso masivo de agrotóxicos en
Argentina, alertó por el desmonte masivo, advirtió por la crítica
situación de los pueblos indígenas y afirmó que el Gobierno
eliminó políticas y acciones que beneficiaban a la agricultura
familiar para apoyar a los grandes empresarios del agro. Luego de
recorrer diez días el país, y entrevistar medio centenar de
personas, la ONU aseguró que la única solución sostenible es la
agroecología: producir alimentos sanos, sin químicos ni
transgénicos.
La Relatoría
Especial sobre el Derecho a la Alimentación es el máximo espacio de
Naciones Unidas dedicado al tema. Al frente está la especialista
Hilal Elver, de origen turco. Visitó la Argentina entre el 12 y el
21 de septiembre. E hizo público el informe preliminar que presentará en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“En el marco de
la agricultura industrial (agronegocios, de transgénicos y
agrotóxicos) a gran escala, es esencial que se tome en cuenta el
verdadero costo de los métodos de producción en relación con el
suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación
ambiental sobre generaciones futuras, en lugar de concentrarse
únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a corto
plazo”, alerta el informe de la relatora especial de Naciones
Unidas.
Reivindicó el
papel de la agricultura campesina. En la conclusión resalta:
“Reitero la importancia de la agricultura familiar para lograr el
objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los
argentinos. Debería ponerse empeño en promover la agricultura
familiar como prioridad. Es la única manera de lograr un equilibrio,
única manera de lograr una solución sostenible y justa para el
pueblo argentino”.
En 2014 Argentina
sancionó la Ley 27.118, de “reparación histórica” para la
agricultura familiar. “Fue sancionada pero sin un financiamiento
adecuado y, hasta la fecha, no ha sido reglamentada por el
Ejecutivo”, cuestiona la relatora.
Sobre los pueblos
originarios, la especialista de Naciones Unidas afirma: “Como
consecuencia de la expansión de las actividades agrícolas, incluida
la soja, y como resultado de otras políticas discriminatorias, las
familias de los pueblos indígenas se vieron forzadas a dejar las
zonas en las que vivían y, en algunos casos, tuvieron que migrar
hacia las ciudades cercanas en busca de trabajo, sufriendo en muchas
ocasiones una discriminación sistemática”.
Hilal Elver
cuestiona que la agricultura industrial está controlada por pocas y
grandes empresas y alerta que el Gobierno ya decidió su rol:
“Durante las entrevistas con funcionarios de la Secretaría de
Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo
agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal
y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar, incluido el
despido de casi 500 trabajadores y experto”.
En el informe de
Naciones Unidas hubo un apartado referido a la agroecología, que se
trata de la producción de alimentos sanos, sin agrotóxicos, y
comercializados a precio justo, para mercados locales. Elver visitó
campos de la Unión de Trabajadores Rurales (UTT). “Las prácticas
agroecológicas han demostrado ser exitosas en varias partes del
mundo, logrando no solo rendimientos impresionantes sino también la
promoción de los productores locales y de las prácticas que
respetan el medio ambiente”, afirma la experta de Naciones Unidas.
Sostiene que “la agroecología es una alternativa importante que
debería ser seriamente considerada por el gobierno para logar la
diversificación y sostenibilidad, además de importantes insumos
para el programa de comedores escolares, la protección de los
recursos naturales y el manejo del cambio climático”.
Recordó que la
Organización Mundial de la Salud declaró en 2015 al herbicida
glifosato como sustancia probablemente cancerígena. “Se aplica
indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la
existencia de escuelas o pueblos en las cercanías. Como resultado de
ello, se me ha informado acerca de un aumento en la cantidad de
personas que han perdido la vida o padecen enfermedades que ponen en
riesgo su vida”, alerta.
Citó la
investigación científica del Espacio Multidisciplinario de
Interacción Socioambiental (Emisa), de la Universidad Nacional de La
Plata, que determinó que “la mayoría de la población consume
frutas y hortalizas que han sido fumigadas con agrotóxicos”. Ante
un Gobierno que adopta el discurso de las empresas de agroquímicos y
niega el impacto en la salud, la ONU contrapuso: “La exposición a
plaguicidas puede tener efectos muy peligrosos para la salud de los
seres humanos, en especial para niños y mujeres embarazadas que son
más vulnerables”.
Entre las
consecuencias del modelo agropecuario también apuntó a la
degradación de las tierras y el desmonte. “En la última década
se destruyeron más de tres millones de hectáreas de bosques para
dar lugar a la producción de granos y ganado. La Argentina se ubica
entre los países que perdieron más bosques entre 2010 y 2015. Y el
gobierno nacional ha mostrado una falta de interés considerable en
aplicar la ley de protección de bosques”, denuncia la especialista
de Naciones Unidas.
Fuente:
Darío Aranda, La ONU, por la agroecología, 01/11/18, Página/12.
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