Más de 4.000
personas se movilizaron este miércoles en Gral Alvear en defensa de
la ley 7722, ley provincial que prohíbe el uso de sustancias tóxicas
en la minería metalífera. La movilización se realizó en
simultáneo con otra en el centro de Mendoza.
por Daniela Álvarez
Alrededor de
4.000 personas se movilizaron este miércoles en Gral Alvear en
defensa de la ley 7722, ley provincial que prohíbe el uso de
sustancias tóxicas en la minería metalífera y que se encuentra
amenazada por el intento de modificación impulsado por dos senadores
peronistas, con el aval del gobierno provincial.
Por la tarde,
miles de personas marcharon desde el KM0 de Gral Alvear y terminaron
con un acto en la plaza Carlos María. "En una provincia donde
el régimen de lluvia es escaso y la disponibilidad de agua dulce es
crítica, no se puede promover una actividad en detrimento de la
otra. Además hay que decir dos verdades, primero que la ley 7.722,
no prohíbe la actividad minera, no es una Ley antiminera, y en
segundo lugar la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas
no es sustentable", decía el documento leído tras la
movilización.
La movilización
se realizó en simultáneo con otras en San Rafael y la Ciudad de
Mendoza, donde decenas de personas se concentraron para rechazar las
modificaciones a la ley que protege el agua de la provincia.
La ley 7.722, en
peligro
La ley 7722 se
encuentra en peligro por dos motivos que han alertado a las asambleas
socioambientales de la provincia. Por un lado, está el proyecto de
creación de parques mineros que presentó el ex intendente de
Malargüe y actual senador (PJ), Juan Agulles, y por el otro, el
proyecto de modificación de la ley 7722 presentado por el senador de
Unidad Ciudadana Alejandro Abraham.
Agulles presentó
el proyecto de parques mineros “controlados” por el estado. La
idea es que por cada proyecto minero exista un parque, y dentro del
mismo, la ley 7722 no se aplicaría. En su lugar, se aplicarían los
artículos 33 y 36 del código de minería. Según Agulles, en estos
parques se cuidaría el medioambiente porque estarían alejados más
de 10 km de zonas urbanas, de acuíferos, de ambientes glaciares y
periglaciares, etc.
El ex intendente
menciona en un diario de mendoza que “Malargue podría ser
declarado 97 % como parque minero” y argumenta su intención de
desarrollar la minería en Mendoza por la crisis económica y la
necesidad de empleo. La generación de empleo para este tipo de
actividades ya quedó desmentida desde hace tiempo por miembros de
las asambleas. "En el empleo privado total del país, sobre 6,6
millones de trabajadores registrados como promedio en 2017, hubo
81.295 empleados en minería, de los cuales 58.322 en extracción de
petróleo y gas, 10.267 de minerales metalíferos, y 12.706 de otras
minas y canteras. En San Juan, sobre 85.802 empleos privados
registrados, 3.409 son en la minería, de los cuales 2.727 metalífera
y 682 no metalífera. En Mendoza, sobre un total de 260.627 empleos
privados registrados, hay 4.975 empleos en minería: 4.426 en
extracción de petróleo y gas, 53 en minería metalífera y 497 no
metalífera", precisó Marcelo Giraud.
“El proyecto de
Abraham es más preocupante, sobre todo alrededor de dos artículos”
comenta Arturo de la Asamblea Popular por el Agua. Agrega que “se
busca modificar el artículo 3 de la ley y quitar poder policial a la
legislatura sobre la DIA (Declaración de impacto ambiental). La DIA
no pasaría por allí ni seria ratificada por esta para hacer cateo,
prospección, exploración y explotación minera. Se crearía una
bicameral u otro espacio dentro del ejecutivo ya que él considera
que los proyectos que no se desarrollaron en la provincia se debe a
que el poder ejecutivo estuvo muy presionado por las movilizaciones y
la presión popular y además los legisladores no tendrían los
conocimientos técnicos para tomar tales decisiones”.
El otro artículo
que se quiere modificar es la parte que se refiere al uso de
sustancias tóxicas. El artículo 1 de la ley dice: A los efectos de
garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis
en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la
Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro,
mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en
los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección,
exploración, explotación y/o industrialización de minerales
metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo. La
parte en la que se menciona “otras sustancias tóxicas” es la que
se busca eliminar, para así poder usar justamente otras sustancias
que no están mencionadas en el artículo.
Aquí entraría,
por ejemplo el caso de Sierra Pintada, en San Rafael, en la que se
usaría ácido sulfúrico para la remediación de diques de cola de
agua con uranio, y luego de esto habría intenciones de parte de la
CNEA de reactivar el yacimiento.
Ambos proyectos
se encuentran actualmente en comisiones. Abraham consiguió que se
traten juntos en el mismo proceso legislativo.
Desde las
asambleas están convencidos y convencidas de tener el apoyo del
movimiento estudiantil y de los sindicatos y partidos políticos para
defender la ley que protege los bienes naturales de la provicia. El
plan de lucha que comenzó con una vigilia anteayer, continuó con
una movilización el día de ayer y va a seguir logrando masividad,
no va a permitir la entrada de la megaminería en Mendoza y también
va a lograr ponerle freno al método de fracking en nuestra
provincia.
Fuente:
Daniela Álvarez, Mendoza: movilizaciones en defensa de la ley 7.722, 11/10/18, La Izquierda Diario. Consultado 12/10/18.
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