Mendoza, 26 de
octubre de 2018.- Las organizaciones ambientalistas Greenpeace,
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y la Asociación
Argentina de Abogados Ambientalistas manifestaron su rechazo a la
presentación del proyecto que busca modificar la Ley 7722, que
prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido
sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos
mineros.
Según argumentan
las ONG, la Ley 7722 coloca en el centro la defensa del agua, con una
gran base social y científica, sustentada por movimientos sociales,
asambleístas, profesionales, investigadores, docentes
universitarios, entre otros referentes.
Greenpeace
calificó al proyecto de ley como una medida lamentable. Gonzalo
Strano, vocero de la organización, sostuvo: “En pleno siglo XXI,
es inaudito que continúe existiendo la idea de que las actividades
mineras traerán progreso, cuando está sumamente comprobado en todo
el mundo, y con ejemplos claros en Argentina, su poder destructor. En
una provincia como Mendoza, que tiene emergencia hídrica, pensar en
modificar esta ley para favorecer a las trasnacionales mineras es ir
en contra del bienestar de los ciudadanos y de su derecho a un
ambiente sano”.
Enrique Viale,
representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
manifestó: “Lamentamos que en la tierra de los domadores del agua,
de los mejores juristas sobre este vital recurso, el lobby minero
haya desplegado sus tentáculos sobre el poder político con el
proyecto de modificación de la Ley 7722 hecho a medida de las
grandes transnacionales mineras. Ni siquiera se trata de un debate
que confronte ambiente y trabajo: no existe un solo lugar en el mundo
que tenga desarrollo social y económico con la gran minería. Por el
contrario, las zonas más pobres del país y del mundo están
relacionadas con el avance de esta actividad”.
Desde FARN
argumentaron que el proyecto para la modificación de la ley plantea
la remoción de dos aspectos claves de la norma, el requerimiento de
ratificación del poder legislativo de los proyectos aprobados por el
Ejecutivo, y la prohibición de “otras sustancias tóxicas
similares”.
“De darse esta
modificación, estaremos frente a una flexibilización de los
estándares ambientales provinciales. La Ley General del Ambiente
(LGA) Nº 25.675 establece el principio de derecho ambiental de
progresividad, el cual implica el avance gradual de la protección
ambiental y la no regresividad. En otras palabras, el proyecto del
legislador Abraham se encontraría en clara violación a la LGA.”,
sostuvo Leandro Gómez, Asistente de Política Ambiental de la
organización.
Fuente:
Ambientalistas se oponen a la modificación de la ley que prohíbe sustancias tóxicas en la minería, 26/10/18, Greenpeace Argentina. Consultado 29/10/18.
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