Enrique Viale: Megaminería significa comerse las últimas migajas, raspar el fondo de la olla

Enrique Viale es el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y asesor de derecho ambiental en el Congreso Nacional. Como abogado, lleva adelante causas por daño y recomposición socioambiental contra numerosas multinacionales.

por Rodrigo Fedele y Mauro Miguez

Las problemáticas socioambientales están estructuradas sobre una matriz económica basada en la especulación y el despojo. La explotación voraz de recursos no renovables genera puestos de trabajo por un período de tiempo corto. Una vez finalizados esos proyectos, sólo quedan despidos y desastres en el ambiente.

El capitalismo considera los recursos naturales como simples mercancías. Sin embargo, en los últimos tiempos, fue revalorizada una concepción originaria en la que la naturaleza es sujeto de Derecho. Ecuador y Bolivia plasmaron esta posición en sus respectivas constituciones, aunque su desarrollo (o maldesarrollo, como indican el propio Enrique Viale y Maristella Svampa) fue contradictorio.

En el caso de Argentina, el gobierno actual ha favorecido con creces, de forma arbitraria, injusta y despótica, la rentabilidad de los sectores concentrados de la economía con decretos de necesidad y urgencia o a través de leyes que contaron con un gran apoyo por parte de la oposición. Además, nuestro país está impedido para ejercer real soberanía debido a una serie de mecanismos legales y jurídicos, algunos provenientes de las dictadura, como la ley de Administración Financiera o la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación que prorroga la jurisdicción en tribunales extranjeros.

En ese contexto, el saqueo de recursos naturales, económicos y financieros aumenta. En los '90, el Plan Brady, el ingreso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, y la firma de acuerdos bilaterales de inversión consolidaron nuestra posición de neocolonia. Ante cualquier conflicto socioambiental con multinacionales, el Estado Argentino debe iniciar acciones judiciales en el exterior, comúnmente bajo legislación de Estados Unidos, Gran Bretaña o París, y en tribunales compuestos por recomendaciones de las empresas.

En dirección contraria, Enrique Viale fue impulsor de la ley de Glaciares y forma parte del Grupo Permanente de Alternativas al Desarrollo, coordinado por la organización Rosa de Luxemburgo, junto a otros referentes latinoamericanos. Además, es miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra. En época de gobiernos neoliberales, le preguntamos sobre las luchas socioambientales de la región.

En septiembre de 2015 ocurrió un desastre en la cuenca del Río Jachal. La empresa Barrick Gold derramó cianuro desde la mina Veladero en al menos cinco ríos. ¿Cuál es la situación actual del juicio que iniciaron?

Aquel derrame generó distintas acciones judiciales; entre ellas, una en la que estamos como querellantes y llevamos adelante en representación de la Asamblea del Jachal. A raíz de esa acción, se dio inicio a la instrucción en el Juzgado Federal y se imputó y procesó a los más altos cargos jerárquicos de la gestión ambiental anterior. La investigación del juez Casanello fue objetiva e imparcial y enfrentó diversas presiones.

En algunos meses se dará inicio al primer juicio oral por una causa de estas características contra las máximas autoridades federales en materia ambiental. En esa zona se hallan distintos tipos de glaciares, motivo por el cual la actividad megaminera está prohibida, según la ley de 2010. Esa ley fue incumplida al no realizarse el inventario de glaciares ordenado. Sin embargo, el derrame de cianuro en el Jachal fue determinante para entender la participación activa del pueblo, que se movilizó en bicicleta hasta Buenos Aires en febrero de este año.

En medio de la conversación, suena el teléfono de Enrique. Es su pareja. Dice que en el banco donde trabaja, aparentemente, suspenderán la venta de dólares. Enrique viaja mañana a Bolivia y piensa comprar divisa extranjera para llevar. Le preguntamos por el motivo del viaje.

En Bolivia pretenden construir una autopista que atraviese el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Ese territorio tenía categoría legal de intocable, pero fue modificada recientemente para avanzar en la ejecución del proyecto.

El año pasado estuvimos en Bohn, Alemania, participando del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en el marco de la Cumbre sobre el Cambio Climático. Allí fueron representantes del TIPNIS a manifestar su preocupación, denunciar los hechos y solicitarnos que nos acerquemos al lugar. Por eso vamos al territorio: para articular con su gente, para apoyar y fortalecer su lucha.

Ya que hablamos de países vecinos y de la actualidad en los conflictos socioambientales, ¿qué opinión te merece el vínculo entre los últimos gobiernos progresistas de Latinoamérica y el extractivismo?

En el libro que escribimos junto a la investigadora Maristella Svampa, Maldesarrollo, desarrollamos el concepto «consenso de commodities». Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha están orientados a ser exportadores de naturaleza como destino y a generar grandes proyectos extractivos. Aunque haya notorios cambios en la distribución, no somos ingenuos.

En Argentina, salvo excepciones como la izquierda o sectores que luchan por la defensa del medio ambiente, como Proyecto Sur, la clase política considera el fracking como la salvación del país, con Vaca Muerta como ejemplo emblemático. Cuestión aparte es cómo se reparte esa riqueza. Otro caso es el del monocultivo. La superficie sembrada con cultivos transgénicos y agroquímicos, principalmente soja, pasó de 8 a 23 millones de hectáreas entre 2003 y 2012.

Cuándo decís que el fracking es visto como la salvación de la Argentina, ¿pensás que hay un proyecto de país o se trata solamente de un asunto de negocios privados?

Creo que es una mezcla. Por ejemplo, Estados Unidos apuesta al fracking como una forma de no depender de Medio Oriente. Eligen sacrificar parte de su territorio, a pesar del impacto y el desastre ambiental, en busca de una ambigua independencia energética. En nuestro caso es distinto: grandes multinacionales que gozan de un crecimiento enorme. Shell, Total y Chevron son algunas de las que operan en el país con proyectos de fracking. Creemos que no es un modelo sostenible a largo plazo, de desarrollo sustentable en el tiempo. Romper esos consensos es muy difícil porque la sociedad y los medios están detrás de eso. Cualquiera que diga algo distinto “está loco”, “¿quién se cree?” o “no entiende nada”. Es complejo quebrar el consenso de commodities.

En medio de la locura de la que se los acusa, ¿qué proponen ustedes como alternativa a este modelo de desarrollo?

Hay que replantear un modelo productivo amigable con la naturaleza y sus habitantes, sustentable en el tiempo. Los pozos de fracking tienen una duración de 10 a 15 años. Lo mismo con los proyectos megamineros. Creemos en un modelo energético basado en las energías renovables. Con metas establecidas, se puede modificar la matriz eléctrica al 100% para 2050. Eso generaría una transformación del trabajo y la inversión en energías fósiles hacia las limpias y renovables.

Planteamos la reconversión de YPF en energías alternativas. Así retomaría el rol estratégico que cumplió el siglo pasado. En la zona del desierto de Atacama, compartido con Chile y Bolivia, tenemos una de las mayores concentraciones de energía solar por metro cuadrado del planeta. La Patagonia cuenta con una de las mejores capacidades de generación de energía eólica en el mundo. YPF podría tomar ese rumbo junto a un Estado activo, que funde ciudades y pueblos en el marco de un desarrollo sostenible. Pero es muy complejo enfrentar los lobbies petroleros, mineros y sojeros que no permiten pensar otro modelo.

¿Cómo sería el planteo estratégico respecto a los socios económicos? ¿De dónde provendrían las inversiones?

Pino siempre cuenta la anécdota del gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, el más extenso de Latinoamérica en su momento. Construido en tiempo récord, 18 meses, sin financiamiento externo. Una obra monumental hecha sin la ayuda de nadie. En la actualidad, seguro nos endeudaríamos.

Más allá de esos ejemplos, creemos que la salida del extractivismo debe ser latinoamericana, no una Argentina cerrada. No se puede salir de un día para el otro, pero habría que debatir sobre estos ejes fundamentales y comenzar un período de transición. Por ejemplo, plantear qué minerales necesitamos, observar las necesidades comunes, avanzar colectivamente. También necesitamos soberanía alimentaria, repoblar el campo y salir del monocultivo, que la agricultura produzca alimentos sanos, baratos, accesibles y variados. Nosotros creemos en una agricultura con agricultores y sin venenos.

¿Dónde están las trabas legislativas para materializar estos proyectos?

Es muy difícil debatir sobre estos temas. Por ejemplo, la Comisión de Agricultura, presidida por el senador Alfredo de Angeli, impide el tratamiento de los temas vinculados a la tierra. En energía, el presidente del Sindicato Petrolero, Guillermo Pereyra, traba los proyectos que buscan fomentar la transformación de la matriz energética de fósiles a limpias, renovables y alternativas.

¿Qué lectura hacés sobre los procedimientos de las multinacionales? ¿Pensás que elaboran algún modelo de planeta o sólo buscan la propia reproducción económica?

El capitalismo necesita acumulación por disposición: voracidad sobre los recursos para mantener una ilusión de crecimiento ilimitado. El problema es que no es sustentable por los límites que tiene el planeta. Aunque esos límites se rompen cada vez más. Siempre encuentran nuevos mecanismos.

El fracking es una vuelta de tuerca en la especulación petrolera, es chuparse los últimos jugos del planeta. Megaminería significa comerse las ultimas migajas, raspar el fondo de la olla. El agronegocio busca expandirse constantemente sobre bosques nativos o territorios de pueblos originarios. Por eso demonizan o invisibilizan a los pueblos originarios. Un ejemplo claro son los casos de la Patagonia, donde se criminaliza a los mapuches (Rafael Nahuel, asesinado por la espalda; o la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado). Esas medidas, articuladas en complicidad con los medios, no enfrentan grandes cuestionamientos sociales.

¿La idea de federalismo en nuestro país suele obstruir normativas ambientales cuando se apela a la participación o a la autonomía de las provincias?

Es así, aunque también es ambiguo. Siete provincias prohibieron la megaminería gracias a la lucha y la participación ciudadana. Incluso las leyes provinciales devienen de consultas populares o plebiscitos a nivel municipal. Todas.

Ahora, el gobierno nacional presiona para que se deroguen las leyes que prohíben la megaminería. El capital es federalista o unitario según la conveniencia. Cuando están en contra, dicen que sólo la provincia puede legislar; pero cuando una provincia prohíbe, suelen afirmar que la Nación es la única que decide sobre cuestiones de megaminería. Y así se distorsionan los principios de la legislación ambiental nacional.

Una problemática que nos interesa abordar es la de las grandes urbes. Vos desarrollás el concepto de extractivismo urbano…

Sí. Acompañando las luchas de las ciudades por la urbanización de villas, en contra de la instalación de shoppings, en defensa de los espacios verdes y los lugares públicos, identificamos algunas características comunes, una misma lógica. Con la especulación inmobiliaria, grandes multinacionales se apropian de lo público, desplazan poblaciones y generan un impacto socio ambiental inmenso.

También encuentran acumulación por disposición: no hay petróleo, no hay soja, no hay minerales… pero hay tierras. Los poderes públicos legalizan, promueven e incentivan estos emprendimientos. Por ejemplo, en los últimos 20 años, en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados de inmuebles, con la misma cantidad de población. Sin embargo, en ese mismo período, la población de las villas aumentó exponencialmente, un 50% mas. Más de la mitad de Puerto Madero se encuentra vacío. Costa Salguero es un gran espacio público destinado a eventos privados y sin habilitación para funcionar como tal. En otras palabras: el inmueble pasó de ser un bien de uso a ser un bien de cambio, como si fuera un commodity. Entonces, ¿para qué y para quién se construye?

¿Qué opinás acerca de la Conferencia sobre las Buenas Prácticas para la aplicación de Fitosanitarios, realizada en julio por los ministros de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria?

Quieren legitimar la cuestión, pero es un maquillaje más, nunca fueron al fondo de la cuestión. La utilización de agrotóxicos es el mayor desastre socioambiental del país. Hay 12 millones de personas potencialmente afectadas, y 350 millones de litros de glifosato arrojados anualmente, 400 millones de litros de agrotóxicos en total. Llueve glifosato. Hay glifosato en la comida, en los ríos. Eso es lo que queremos debatir: 10 mil años de agricultura y con este modelo, que tiene 20 años, han naturalizado el veneno en los alimentos. Las alternativas son acusadas de antiguas y atrasadas. Con mucha investigación al respecto, trabajadores de CONICET, médicos de pueblos fumigados, profesionales de la Universidad de Rosario y de La Plata han brindado evidencia de lo que generan los agrotóxicos: cáncer, malformaciones, abortos espontáneos.

Pareciera que no se puede producir de otra forma, pero hay sobrados ejemplos de producción agroecológica y sustentable. Hay que debatir que agricultura queremos. Es una lucha de sentidos para descolonizar el pensamiento. ¿Qué es la agricultura? ¿Qué es un alimento?

Para finalizar, ¿cómo se logra la síntesis de todos estos reclamos a la hora construir un movimiento mayor?

Esa es nuestra obsesión. Nos preocupa que, a pesar de los conflictos, hay una apatía generalizada. Cuesta mucho llegar a la gente con estos temas. A los habitantes de la ciudad pareciera no afectarles el tema del agua, como si fuera que simplemente sale de la canilla. El extractivismo urbano provoca la emergencia habitacional y aleja de la naturaleza a las personas. Los parques y las plazas enrejados, el césped prohibido y muchos chicos que no asocian los alimentos con la tierra de la que provienen. Además, hay un blindaje mediático que no permite abrir el debate sobre estos temas.

Hemos sido muy críticos del kirchnerismo, pero el macrismo no sólo empeoro todos los índices sociales, sino que también profundizó el extractivismo. Presionan a las provincias que prohibieron la megaminería y quitan retenciones a las mineras y al agronegocio. En esta coyuntura, todo es más complicado.

Fuente:

Rodrigo Fedele, Mauro Miguez, Enrique Viale: Megaminería significa comerse las últimas migajas, raspar el fondode la olla, septiembre 2018, Espartaco Revista. Consultado 13/09/18.