El autor de esta columna analiza dos hechos aparentemente desconectados, pero con un actor en común: Aldo Roggio.
por Medardo Ávila
Vázquez
En la pasada
semana, los cordobeses recibimos dos noticias muy fuertes aunque
aparentemente inconexas. Por un lado, uno de los empresarios más
poderosos del país y sostén de la Fundación Mediterránea, Aldo
Roggio, fue obligado a declarar en la causa de los cuadernos de
Bonadio y allí reconoció que pagaba “coimas” mensuales para
mantener su redituable negocio de explotación del subte porteño y
la línea Urquiza de ferrocarriles. Por otro, se conoció que
pericias judiciales confirmaron que después del aluvión tormentoso
de marzo de 2017, que arrasó el depósito de Residuos Peligrosos de
la empresa TAYM (del grupo Roggio) en Alto El Durazno, en
Paravachasca, los tóxicos de este depósito contaminaron el canal
Los Molinos, que trae agua a la planta potabilizadora que abastece el
sur de la ciudad de Córdoba, llegando al agua corriente que se
distribuía. Esto, a pesar que Aguas Cordobesas (del mismo dadivoso
empresario) y el gobierno informaron que el agua se podía tomar con
seguridad.
Hasta ahora, es
inexplicable para los cordobeses entender él porqué de la presencia
de ese depósito de basura tóxica “arriba” del canal Los
Molinos-Córdoba. Claramente cualquier lluvia intensa generaría
drenajes hacia el canal, con enormes posibilidades de contaminar el
agua que se utiliza para proveer los domicilios del 33 % de los
habitantes de nuestra ciudad. Ahora podemos presumir que su presencia
no se debería a negligencia o impericia de los ingenieros y técnicos
de las agencias de control, principalmente de la Secretaria de
Ambiente y su nefasta Comisión Técnica. Tampoco tendríamos que
sospechar que estos ingenieros y técnicos fueron formados
insuficientemente por nuestras universidades (y esto sí es un gran
alivio). En ese sentido, una explicación probable, es que el
empresario haya conseguido emplazar la planta de residuos venenosos
en ese lugar, “arreglando” con los funcionarios de turno (aun de
turno) de similar modo al que lo hacía con el subte porteño.
En el año 2000,
cuando se trababa la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de
TAYM por la inundabilidad de la zona, el Director de la DIPAS, Fabián
López, a través de un informe señala que “a pesar de que es una
zona susceptible de erosión hídrica, es posible la instalación de
la planta”, y allí tenemos la planta instalada y al Sr. López
instalado como ministro de Agua, Energía y Ambiente de la Provincia.
También se
conoció que en noviembre de 2016 y marzo de 2017, poco antes de la
inundación de TAYM, dos inspecciones de entidades de control
ambiental (Policía Ambiental provincial y Dirección de Control
Ambiental de Nación) informaron sobre mal funcionamiento de la
planta, lo que generaba riesgos de contaminación, pero ninguna
medida se tomó desde el Ministerio de López ni desde la Secretaria
de Ambiente, cuyo titular es Javier Britch; tal vez porque habría
acuerdos que incluían “cero control”. En este caso los controles
estatales funcionaron, ya que los informes de las dos entidades
reclamaban un sumario ambiental urgente, sin embargo lo que no
funcionó fue la decisión política de funcionarios políticos
demasiado amigos de los empresarios.
En este caso los
controles estatales funcionaron, ya que los informes de las dos
entidades reclamaban un sumario ambiental urgente, sin embargo lo que
no funcionó fue la decisión política de funcionarios políticos
demasiado amigos de los empresarios.
La Dirección de
Policía Ambiental en su inspección informa la existencia de
residuos depositados en el piso de un galpón abierto, en vez de los
racks de guarda; residuos en un playón con piso hormigonado,
solamente tapados en un lugar no declarado por la empresa para este
fin. En cuanto a residuos líquidos, los inspectores informaron que
se detectaron lagunas para lixiviados en un nivel alto, más elevado
del permitido. “La situación es seria”, advirtieron. Para la
entidad que depende de la Nación, la capacidad de almacenamiento
estaba excedida y en un playón para acopio a la intemperie había
monitores, computadoras y otros equipos rotos. No hubo reacción ni
de Lopez ni de Britch, por eso habría que preguntarle a Roggio cómo
hace en Córdoba para que este desastre siga en pie con tanta
impunidad.
Pero en este
problema de los residuos peligrosos hay otra cuestión que no cierra:
en TAYM se almacenan residuos altamente peligrosos que llegan de todo
el país, como desechos de la industria minera, petrolera, química,
metalúrgica, farmacéutica y plástica, desechos industriales en
general, , arsénico, mercurio, colorantes, solventes y gran cantidad
de agrotóxicos, entre otros. Industrias que para deshacerse de sus
desechos tóxicos pagan enormes cantidades de dinero a Roggio, quien
los junta aquí, muy cerca del canal del agua que tomará la gente.
Esto es un gran negocio que mueve millones de dólares por año, que
da grandes beneficios al Grupo. También es preciso conocer que
muchas provincias argentinas tienen legislación que impide el
ingreso de Residuos Peligrosos generados en otras jurisdicciones,
porque no quieren basura tóxica en su territorio, cerca de sus
familias, de sus niños y de su ambiente. Algunas hasta prohíben la
circulación por su territorio de estas sustancias.
En Córdoba, no
sólo recibimos miles y miles de toneladas tóxicas de todos el país,
sino que las guardamos mal porque le permitimos que el negocio lo
maneje uno de los empresarios “coimeros” de Argentina. En el agua
del canal de Los Molinos se pudo conocer que había, entre otros
tóxicos, 2,4,6 triclorofenol, un compuesto orgánico largamente
persistente (es decir que se degrada después de muchos años) y
sumamente venenoso, es un herbicida, desfoliante e insecticida que se
puede absorber por inhalación, a través de la piel y por ingestión;
es similar al aún muy utilizado 2.4 D. La utilización de este
agrotóxico se prohibió por el Convenio de Rotterdam en el años
2005 y no se puede emplear más. Fue así como los cientos de miles
de kilos que no se habían vendido en Argentina fueron a parar a
TAYM, por una muy buena cantidad de dinero; y de allí pasaron al
agua de los cordobeses y al ambiente de nuestra provincia.
En Córdoba, no
sólo recibimos miles y miles de toneladas tóxicas de todos el país,
sino que las guardamos mal porque le permitimos que el negocio lo
maneje uno de los empresarios “coimeros” de Argentina.
No sólo está
mal gestionada y mal controlada esta planta de residuos peligrosos,
sino que no tenemos ninguna necesidad de acumular estos tóxicos en
nuestro patio, esta planta debe cerrarse y sólo permitirse depósitos
de residuos peligrosos generados en nuestro propio territorio. Lo que
para algunos es un gran negocio, para el interés de toda la
comunidad es una amenaza a la salud y al ambiente, pero parece que la
salud y el ambiente no tienen ningún valor cuando la ética de la
corrupción es la práctica de la acumulación empresarial.
Fuente:
Medardo Ávila Vázquez, Roggio, Taym y las “coimas” de los trenes, 21/08/18, Enredacción. Consultado 30/08/18.
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