SENASA no
considera relevantes las pruebas que vinculan al herbicida con esa
enfermedad, pese a los u$s289 millones que deberá pagar la
multinacional.
por Patricio
Eleisegui
El primer
pronunciamiento oficial llegó desde el Ministerio de Agroindustria.
El segundo, proveniente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), organismo dependiente de la misma cartera y
con competencia en las aprobaciones y los criterios de uso que rigen
sobre los plaguicidas se utilizan en el país para producir
alimentos.
El discurso
resultó idéntico: ante la consulta de iProfesional, desde ambas
dependencias oficiales afirmaron que, más allá de comprobarse que
el jardinero estadounidense Dewayne Johnson contrajo cáncer tras
efectuar durante años pulverizaciones con el glifosato RoundUp
desarrollado por Monsanto, la condena legal que acaba de sufrir la
multinacional en Estados Unidos no cambia en absoluto la etiqueta de "inocuo"
que el Gobierno le asigna al herbicida.
Cabe destacar que
la semana pasada, la compañía fue condenada a pagar una
indemnización de u$s289 millones en el marco de este histórico
juicio.
Al ser
consultados por iProfesional, desde el SENASA desestimaron la
gravedad de la conclusión que arrojó el litigio y que se resolvió
en contra de la compañía.
“Se trata de un
juicio entre particulares. El usuario de un producto va contra la
empresa. Y lo que ocurrió es un fallo de primera instancia. Hasta
acá, con los documentos y estudios que tienen todas las agencias de
gobierno, incluso el SENASA, no hay motivos para cambiar la situación
del glifosato”, informaron fuentes del organismo.
En paralelo, la
fuente consultada desestimó el soporte científico al que apeló el
tribunal estadounidense para condenar a la compañía: “Se basaron
en un informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer que incluso la Organización Mundial de la Salud no terminó
de reconocer completamente. Las agencias de gobierno tampoco lo toman
como relevante como para decidir qué hacer con el glifosato”,
expusieron ante este medio.
320 millones de
litros
El glifosato es
una pata clave del modelo de producción de soja transgénica en la
Argentina, aunque también es determinante para el cultivo de
variedades de maíz, algodón y alfalfa manipuladas genéticamente
para resistir al agrotóxico.
Hoy, de los casi
400 millones de litros de plaguicidas que se aplican anualmente en la
actividad agrícola local en todas sus escalas -a excepción de la
alternativa agroecológica-, se estima que 320 millones
corresponden a variedades de glifosato.
La sentencia en
San Francisco coincide con el dictamen de marzo de 2015 de la Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a
la OMS, el cual expuso que existe evidencia suficiente para
relacionar de este agroquímico con la proliferación del cáncer.
Monsanto deberá
desembolsar u$s289 millones para indemnizar a Johnson, quien contrajo
la enfermedad tras realizar pulverizaciones con las formulaciones
RoundUp y RangerPro del herbicida en predios escolares de California
entre los años 2012 y 2014.
El dictamen en
los Estados Unidos reabre la discusión en torno a la validez de los
controles que en su momento derivaron en la habilitación comercial
del producto en los Estados Unidos. Sobre esa misma documentación,
ahora cuestionada por el fallo, surgió el permiso para el uso y la
venta del glifosato en la Argentina.
“SENASA seguirá
de cerca los resultados del juicio. Monsanto apelará. El organismo
elaborará un documento completo sobre la condición del glifosato”,
remarcaron desde esa dependencia.
¿Qué es el
glifosato?
El herbicida,
autorizado por primera vez en Estados Unidos en 1974, combina
elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a
las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Si bien Monsanto
es la responsable de su creación, lo cierto que la patente del
plaguicida se liberó en el año 2000 por lo que su fabricación ya
se realiza en distintos lugares en el mundo. Una de las
particularidades de este químico es que no actúa de manera
selectiva: elimina toda la vegetación.
Por eso es que
hubo que manipular genéticamente a la soja, para que fuera
resistente.
Sólo la
incorporación del gen que resiste la potencia del glifosato permite
a la oleaginosa continuar desarrollándose en un campo luego de las
habituales fumigaciones.
El glifosato es
el principio componente del RoundUp, el herbicida desarrollado por
Monsanto de mayor difusión en el agro local aunque, vale aclararlo,
en la Argentina también se ofrece bajo marcas como Zamba
(comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta), o Sitrin (Bayer).
En julio de 2016,
un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco
-fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino,
investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más
importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y
con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada
con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
Un estudio
contundente para demostrar la toxicidad del compuesto fue realizado
por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo de 2014-
llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia produce desde
muerte celular hasta malformaciones.
En Francia,
investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron
nuevos argumentos al trabajo realizado por Carrasco en la Argentina.
“Trabajamos en
células de recién nacidos con dosis del producto cien mil veces
inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El
RoundUp programa la muerte de esas células en pocas horas”, indicó
el profesional, especialista en biología molecular.
En julio pasado,
y tal como publicó iProfesional a modo de primicia, un estudio
realizado por científicos del Centro de Investigaciones del
Medioambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata,
develó que las lluvias presentaron recurrentes concentraciones de
herbicidas como el glifosato.
Y que la carga
máxima cuantificada de agrotóxicos en las precipitaciones locales
es hasta 20 veces superior a la registrada en países como Estados
Unidos, el territorio con más trayectoria en lo que hace al uso de
plaguicidas y el principal promotor mundial del uso de estas
sustancias y su aplicación a través de las muy cuestionadas
fumigaciones.
En la actualidad,
los efectos nocivos sobre la salud humana y el medioambiente en
general derivados de la aplicación de glifosato llenan las páginas
de más de 800 trabajos científicos independientes desarrollados
alrededor del mundo.
El clorpirifos,
en revaluación
En paralelo al
fuerte cuestionamiento que crece alrededor del uso del glifosato,
ahora con condena legal incluida en Estados Unidos, la Agencia de
Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) también decidió
retirar del mercado todas las formulaciones a base de clorpirifos.
Junto con la
cipermetrina, este último es el insecticida más utilizado en el
agro de la Argentina. Creación de Dow, se trata de un
organofosforado que irrumpió en la escena agrícola durante los años
60, y hoy es pulverizado en casi 100 países sobre medio centenar de
cultivos diferentes.
La semana pasada,
un tribunal de apelaciones también en San Francisco impuso a la EPA
un plazo de 60 días para sacar de circulación al producto.
El fallo que
originó esta medida certifica entre sus argumentos que el
clorpirifos provoca daño neurológico -sobre todo en niños-,
pérdida de inteligencia y cambios en la conducta. Añade que,
incluso en dosis bajas, el contacto con el pesticida puede generar
trastornos como el autismo.
Dado que, como en
el caso del glifosato, la habilitación para el uso de clorpirifos en
la Argentina también se sustenta en el permiso otorgado por la EPA
en Estados Unidos hace décadas, los cambios hacían suponer que la
decisión legal en ese país también iba a traer repercusiones en el
escenario local.
Sin embargo,
desde SENASA se ocuparon en aclarar que la utilización del producto
se encuentra en “proceso de revisión” desde tiempos previos a lo
fijado ahora en San Francisco.
“Actualmente,
el organismo está en instancia de evaluación de usos y
consideración de alternativas posibles. Este proceso en torno al
clorpirifos puede derivar en la reducción de los límites máximos
de residuos en productos agrícolas, la cancelación de determinados
usos o la prohibición”, indicaron las fuentes contactadas.
Para luego
remarcar: “SENASA se encuentra observando el proceso y la decisión
que se tome en Estados Unidos, así como también las determinaciones
que adopte la Agencia de Protección Ambiental. Pero nuestro país
tiene su propio proceso de revisión para determinar medidas a
adoptar en el uso de clorpirifos”.
En el plano
local, residuos de clorpirifos han sido constatados en análisis
realizados por especialistas del Centro de Investigaciones del Medio
Ambiente (CIM), dependiente de la Universidad de La Plata, y el
CONICET.
Desde muestras de
agua recabadas en cuencas como la del río Paraná, hasta
producciones de frutas y verduras monitoreadas por el SENASA, el
agrotóxico está muy difundido en el país y esto preocupa a los
científicos.
En la Argentina,
su comercialización se encuentra liberada, a punto tal que resulta
muy sencillo adquirir formulaciones de clorpirifos a través de
portales de comercio electrónico.
Fuente:
Patricio Eleisegui, Glifosato, cáncer y polémica: pese a la millonaria multa contra Monsanto en EE.UU., para el gobierno de Macri no es riesgoso
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