En los últimos
años, la extensa selva peruana ha sido talada para plantaciones de
palma aceitera y cacao. Según los conservacionistas, la tierra está
en manos de empresas privadas, que actúan de forma corrupta.
por Katja
Döhne
La selva tropical
de Perú ya no es lo que era. Donde hace unos años había una selva
amazónica densa y salvaje, ahora hay filas de palma aceitera, hasta
donde alcanza la vista. Desde arriba, estos lucrativos árboles
pueden dar la impresión de grandes superficies de verde saludable.
Pero de cerca, entre sus troncos no crece prácticamente nada. Las
plantas autóctonas han desaparecido, así como los animales a los
que proporcionaban alimento y hábitat.
Estamos aquí por
la palma aceitera, cuyo fruto proporciona el aceite de palma tan
utilizado en una amplia gama de productos: desde cosméticos hasta
biocombustible, patatas fritas o todo tipo de cremas para untar en
pan. Nos encontramos en la región de Ucayali, donde la situación es
particularmente dramática, para informar sobre cómo surgió esta
situación. En los últimos años se han talado unas 13.000 hectáreas
para monocultivos, en su mayoría de palma aceitera y cacao, más que
en cualquier otro lugar del país. Los lugareños, que viven en el
corazón de la selva amazónica, hablan de una liquidación masiva,
que ha perturbado violentamente lo que ellos recuerdan como una
existencia una vez pacífica.
Más plantaciones
que en otros lugares
Al investigar las
circunstancias que llevaron a este cambio masivo en el uso de la
tierra, Proética, la rama peruana de Transparency International (una
ONG que lucha contra la corrupción), se encontró repetidamente con
el nombre de Dennis Melka.
El inversor
checo-estadounidense está detrás de un gran número de empresas,
que gestionan las plantaciones con nombres diferentes. Melka ya ha
hecho una fortuna en Malasia con el aceite de palma. En Perú, ha
construido un conglomerado de 25 empresas en las que está
involucrado de diversas maneras. El llamado "Grupo Melka"
es complejo. Según Proética, las empresas que lo integran cambian
de nombre, se cierran y se dividen como parte de una estrategia para
conseguir la mayor cantidad de tierras posible.
¿Tráfico ilegal
de tierras por políticos corruptos?
"Hay una
conexión entre la deforestación, el comercio ilegal de tierras y la
corrupción de funcionarios”, afirma a DW Magaly Ávila, directora
del programa de Política Climática de Proética. Con su
organización ha investigado cómo se otorgan los derechos sobre la
tierra en Perú, llegando a la conclusión de que muchas de las
tierras para producir aceite de palma y cacao habrían sido
adquiridas mediante el soborno.
En el informe
correspondiente, Proética señala que entre 2011 y 2014 se ha
producido un aumento significativo en la emisión de documentos de
propiedad de la tierra a particulares en la administración
autonómica competente. Un total de 3.500 certificados fueron
emitidos en Ucayali. Según Proética, se aprecia una estrategia
utilizada por grandes empresas. La organización sospecha de
corrupción. Los políticos, supuestamente sobornados por las
empresas, a menudo prometían derechos sobre la tierra a particulares
que, actuando como intermediarios, revendían la tierra que terminaba
en manos de las empresas. En otros lugares, los derechos válidos
sobre la tierra fueron revocados de la noche a la mañana. O se
persuadió a los campesinos para que vendieran sus tierras bajo
falsos pretextos.
"Me dijeron
que si no vendía mi tierra, me la quitaría el Estado”, lamenta el
agricultor Walter Muñoz Quiroz. "Lo justificaron diciendo que
no estaba cultivando como es debido toda la tierra que me habían
dado. No supe qué hacer y estaba asustado”, recuerda.
Finalmente,
Quiroz vendió su tierra muy por debajo de su valor. Le pagaron 100
soles por hectárea, lo que equivale a tan solo 25 euros (30 dólares
estadounidenses). Más tarde se enteró de que no se había impuesto
ninguna condición para el cultivo de la tierra, y que le habían
mentido. Pero ya era demasiado tarde y su tierra ya no le pertenecía.
Las plantaciones
de palma aceitera como "interés nacional”
En el año 2000,
el gobierno peruano declaró de "interés nacional” las
plantaciones de palma aceitera. Por un lado, debido a que el cultivo
de palma aceitera debía convertirse en una alternativa al cultivo de
plantas de coca. Perú es uno de los países, junto con Bolivia y
Colombia, con mayor número de plantas de coca del mundo. Otra razón
fue una ley que, como en muchos otros países, estableció una cuota
de mezcla del cinco por ciento de aceite vegetal en combustibles
diésel a partir de 2005.
Los responsables
políticos planificaron 50.000 hectáreas de plantaciones. Pero ahora
hay 80.000, yla organización de ayuda Oxfamteme que para 2021, los
monocultivos de palma aceitera podrían triplicarse. Según sus
estudios, 1,4 millones de hectáreas podrían ser adecuadas para el
cultivo de palmas.
Los indígenas se
defienden
Proética realiza
talleres sobre el terreno para que las comunidades indígenas no se
vean arrolladas por estos acontecimientos. La organización también
involucra a la justicia y al gobierno en la discusión. "Queremos
educar a las personas afectadas sobre lo que está sucediendo y así
ayudarles a defenderse en el futuro”, explica Magaly Ávila. El
objetivo de Proética es garantizar una mayor transparencia y una
mejor cooperación entre las distintas autoridades.
Estamos
participando en uno de estos talleres en Santa Clara de Uchunya, un
asentamiento indígena de unos 200 habitantes. El viaje hasta allí
es complejo: desde Pucallpa, la capital de la región de Ucayali,
tenemos que conducir dos horas hasta la orilla del río Ucayali.
Desde allí continuamos en barca durante aproximadamente una hora.
Santa Clara de
Uchunya se encuentra en el límite del conflicto. Las plantaciones de
palma aceitera del Imperio Melka están al otro lado del río. Esta
misma tierra fue previamente utilizada por los indígenas para la
caza. Hoy, no se les permite entrar.
En total, se
trata de 20.000 hectáreas de bosque, que los habitantes de Santa
Clara quieren que el gobierno regional les conceda. Para ellos, el
bosque es una "tierra ancestral”, como la llaman. No sólo
Proética apoya el proyecto, sino también Robert Guimaraes,
presidente de la Federación de Comunidades Indígenas FECONAU, una
de las federaciones más antiguas de la región, que representa a más
de 30 comunidades indígenas diferentes.
"He recibido
muchas amenazas de muerte”, dice Guimaraes. Cree que está en grave
peligro debido a su lucha contra las compañías de palma aceitera y
plantas de cacao. Y no parece improbable que pueda haber violencia,
según oímos de los habitantes de Santa Clara. Hablan de amenazas,
ataques e incluso asesinatos atribuidos al conflicto por la tierra.
En diciembre de 2017, seis agricultores fueron encontrados muertos a
tiros en un campo. El móvil del crimen no se ha aclarado.
"Los
perpetradores son locales pagados por las respectivas compañías”,
cree un residente. "Siempre encontrarás a alguien dispuesto si
ofreces suficiente dinero”, explica.
La solución aún
no está a la vista
No obstante, la
población de Santa Clara de Uchunya no quiere ser intimidada. Quiere
luchar hasta que el gobierno le conceda los derechos de la tierra y
la selva se salve de la tala completa. Esto, sin embargo, podría
llevar mucho tiempo.
A pesar de que se
han descubierto algunas actividades ilegales en el pasado, en la
actualidad no es previsible una mejora de la situación en Perú. La
demanda de aceite de palma sigue siendo elevada en todo el mundo. Hoy
en día, se consumen alrededor de 62,6 millones de toneladas de
aceite de palma a nivel mundial, tres veces más que en 2002. En
otras palabras, el aceite de palma es un negocio lucrativo.
Mientras tanto,
la comunidad indígena tiene que vivir con el temor de perder aún
más terreno de su selva tropical, lo que representa un peligro real
para su forma de vida. Y, como lo resume el jefe de la aldea, Carlos
Hoyos: "una comunidad indígena no es nada sin su tierra”.
Fuente:
Katja Döhne, ¿Está la corrupción detrás de las plantaciones de palma aceitera en Perú?, 29/05/18, Deutsche Welle. Consultado 01/06/18.
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