Greenpeace denuncia que “Urtubey prepara un indulto para los desmontadores”

Activistas de Greenpeace detienen el accionar de una topadora, en la finca Cuchuy, Salta, 10 de enero de 2018 . Foto: Hernán Vitemberg/ Greenpeace

La ONG ambientalista denunció que el gobierno de Salta está elaborando, con la colaboración de las asociaciones de grandes productores agropecuarios, una legalización de los desmontes que infringen la Ley de Bosques.

El gobierno salteño firmó el lunes pasado un acuerdo con la Sociedad Rural Salteña, PROGRANO, y la Federación de Entidades Rurales Salteñas para, en el plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica estará a cargo de la provincia con la colaboración de los ministerios de Ambiente y Agroindustria de la Nación.

“Es insólito que los mismos responsables del delito son quienes van a juzgar si lo cometieron. En lugar de cumplir con la Ley de Bosques, el gobernador Urtubey prepara un indulto para los desmontadores. Destruir bosques es un crimen que no debe quedar impune”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.

Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.

La organización ambientalista detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que tras dichas resoluciones las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo).

“El gobernador de Salta no puede ser cómplice de estos criminales. Debe multar a quienes siguieron deforestando y cancelar los 32 permisos que se otorgaron violando la Ley de Bosques. Las fincas desmontadas deben reforestarse”, señaló Giardini.

Entre las 32 fincas que recibieron permisos de desmonte en bosques protegidos se encuentra La Moraleja S.A., que deforestó 3.000 hectáreas y es uno de los principales proveedores de jugo concentrado de limón de The Coca-Cola Company. Greenpeace reclama a ambas empresas que reforesten toda el área desmontada, pero hasta ahora las compañías se comprometieron a restaurar 1.400 hectáreas.

Fuente:

Greenpeace denuncia que “Urtubey prepara un indulto para los desmontadores”, 18/05/18, Chaco Día por Día. Consultado 18/05/18.