Salta, 18 de mayo
de 2018.- Greenpeace denuncia que el gobierno de Salta está
elaborando, con la colaboración de las asociaciones de grandes
productores agropecuarios, una legalización de los desmontes que
infringen la Ley de Bosques.
El gobierno
salteño firmó el lunes pasado un acuerdo con la Sociedad Rural
Salteña, PROGRANO, y la Federación de Entidades Rurales Salteñas
para, en el plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución
de los 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de
Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el
marco normativo. Esta evaluación técnica estará a cargo de la
provincia con la colaboración de los ministerios de Ambiente y
Agroindustria de la Nación.
“Es insólito
que los mismos responsables del delito son quienes van a juzgar si lo
cometieron. En lugar de cumplir con la Ley de Bosques, el gobernador
Urtubey prepara un indulto para los desmontadores. Destruir bosques
es un crimen que no debe quedar impune”, afirmó Hernán Giardini,
coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución
56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de
enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión
ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró
ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas
protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y
reforestar los desmontes ya realizados. (1)
Ese mismo día,
el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la
Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender
la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso
Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de
la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de
las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de
la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación”. (2)
La organización
ambientalista detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales,
que tras dichas resoluciones las topadoras siguieron arrasando
bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas
deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200
hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de
Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la
familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela
Marín (empresario uruguayo). (3)
“El gobernador
de Salta no puede ser cómplice de estos criminales. Debe multar a
quienes siguieron deforestando y cancelar los 32 permisos que se
otorgaron violando la Ley de Bosques. Las fincas desmontadas deben
reforestarse”, señaló Giardini.
Entre las 32
fincas que recibieron permisos de desmonte en bosques protegidos se
encuentra La Moraleja S.A., que deforestó 3.000 hectáreas y es uno
de los principales proveedores de jugo concentrado de limón de The
Coca-Cola Company. Greenpeace reclama a ambas empresas que reforesten
toda el área desmontada, pero hasta ahora las compañías se
comprometieron a restaurar 1.400 hectáreas.
Notas:
1) Resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
2) Boletín Oficial de la provincia de Salta (Resolución 019 del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta en la página 22)
3) Carta a Urtubey y Bergman por desmontes ilegales en Salta
Fuente:
El gobierno de Salta legalizará los desmontes que infrigen la Ley de Bosques, 18/05/18, Greenpeace Argentina.
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