El
máximo tribunal exigió un plan concreto para el saneamiento. Los
gobiernos nacional, bonaerense y porteño fueron emplazados a
presentar en 30 días un detalle de los trabajos previstos para la
reparación ambiental. La Corte advirtió también sobre la debilidad
institucional de la Acumar y la escasa relocalización de los
asentamientos que hay en la cuenca.
La
Corte Suprema de Justicia advirtió que los gobiernos nacional,
bonaerense y porteño no están cumpliendo con el saneamiento
ambiental del Riachuelo y los emplazó a que en 30 días establezcan
un plan concreto para hacerlo. En un fallo dado a conocer hoy, el
máximo tribunal advirtió acerca de la debilidad institucional de la
Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), alertó sobre el
déficit en la medición de los niveles de contaminación y remarcó
que la relocalización de los asentamientos precarios es
extremadamente baja y que viene muy atrasado el plan de viviendas ya
que de las casi 18 mil viviendas proyectadas se construyeron menos de
4 mil.
La
Corte busca que se dé cumplimiento a su fallo de julio de 2008, en
el que ordenó el saneamiento del Riachuelo y la adecuación del
entorno para las cinco millones de personas que habitan sus márgenes.
En ese marco, el pasado 14 de marzo se realizó una audiencia pública
con el propósito de supervisar la marcha del saneamiento. En esa
instancia, el máximo tribunal planteó la realización de una serie
de acciones.
Entre
otros pedidos, los jueces del máximo tribunal buscan precisar si se
finalizará el emisario subfluvial de la planta Berazategui en el
2022; si se concluirá el Parque Industrial Acuba en 2020 o si se
liberará el camino orillero de la Ciudad de Buenos Aires en el 2019,
entre otros objetivos planteados por los administradores de la
cuenca.
La
Corte concluyó que "los informes presentados en la causa y las
exposiciones realizadas en la (reciente) audiencia pública por
Acumar, el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Cuerpo Colegiado permiten observar un
estado de avance en la ejecución del PISA (programa de saneamiento)
muy lejano al de su pleno cumplimiento".
"En
la cuenca hídrica se registran 16.701 establecimientos industriales
empadronados, de los cuales 1.385 fueron declarados agentes
contaminantes históricos, 505 fueron reconvertidos, pero aún restan
880 agentes contaminantes pendientes de reconversión", apuntó
el supremo tribunal. También señaló que en la medición de
contaminación se "constata que dichos indicadores a veces
remiten a datos desactualizados o carecen de la posibilidad de
ajustarse a la dinámica de su evolución".
Acumar
tiene la facultad de clausurar empresas por contaminar pero también
puede prorrogar los plazos en casos de dificultad económica para
pagar los siempre altos costos del saneamiento.
La
judicialización del saneamiento del Riachuelo comenzó en 2003,
cuando un centenar de vecinos demandó a los Estados nacional,
bonaerense y porteño, y a medio centenar de empresas por los daños
físicos que sufrieron y el deterioro del ambiente como consecuencia
de la contaminación de las aguas.
Luego
de convocar a numerosas audiencias públicas con organismos de la
sociedad civil, las empresas, defensores del Pueblo y funcionarios y
abogados del Estado, la Corte ordenó en 2008 que se cumpliera con el
saneamiento de la cuenca. Diez años después, la Corte constató
serias demoras en los trabajos y emplazó a los gobiernos de las tres
jurisdicciones a que a través de la Acumar presente "los plazos
ciertos" para el cumplimiento de su sentencia.
Fuentes:
Última advertencia de la Corte sobre el Riachuelo, 13/04/18, Página/12. Consultado 14/04/18.
La obra de arte que ilustra esta entrada es "Riachuelo" del artista Oscar Vaz.
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