El borrador que
se envió a la comisión revisora incluye penas que van entre los
seis meses y los tres años de prisión; el año pasado la casi la
mitad de la deforestación se produjo en lugares prohibidos.
por Laura Rocha
El Ministerio de
Ambiente de la Nación envió esta semana la propuesta para incluir
dentro de los delitos ambientales a la deforestación ilegal. Las
penas irán entre los seis meses y los tres años de prisión, e
incluye agravantes que podría elevar el castigo a cinco años y que
no sea excarcelable.
Así lo confirmó
a Infobae Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable. "En 2016 el 50 % de los
desmontes se produjo en terrenos donde las zonas eran rojas y
amarillas. Y se combinaron dos situaciones: el desmonte ilegal y las
autorizaciones para establecer sistemas silvopastoriles intensivos".
El funcionario se
refiere al ordenamiento territorial que establece la Ley de Bosques y
que realizó cada provincia realizó en donde se establecen las zonas
rojas, que contienen los bosques que no deben sufrir ninguna
transformación; amarillas, a los que presentaban alguna degradación,
pero pueden ser restaurados, y verdes, a los sectores en los que, con
permiso previo, se pueden realizar desmontes.
"Estamos
trabajando en un proyecto de acción penal específicamente para
bosques junto a la Comisión de Reforma del Código Penal. Bajo el
título ambiental una de las figuras penales que se incorporan es la
deforestación ilegal o la degradación de bosques nativos. Ese
trabajo ya se envió a la comisión", agregó Moreno.
Entre las
funciones de los bosques, además del aporte de oxígeno, está la
amortiguación de las inundaciones, el albergue y sustento de las
comunidades y la protección de la biodiversidad. La Argentina es uno
de los países que más bosque nativo ha perdido en las últimas dos
décadas. A causa de esa situación, en 2007 se sancionó una ley de
protección de los mismos que logró disminuir el desmonte, aunque
continúa con índices altos.
Cifras alarmantes
Mientras tanto,
se conocieron cifras preliminares del desmonte el año pasado,
elaboradas por la ONG ambientalista Greenpeace, y se constató que la
tendencia continúa. El desmonte de bosque nativo se mantiene en unas
130.000 hectáreas y la mitad de la superficie por donde pasaron las
topadoras corresponde a zonas en donde está prohibida la actividad,
según el ordenamiento territorial que cada provincia realizó.
El avance de las
topadoras se produce por el avance la siembra de soja y de la
ganadería. La mayor pérdida de bosques nativos se produjo entre
1998 y 2007 a ua velocidad de 300.000 ha por año.
"La
superficie desmontada durante 2017 en las provincias de Salta,
Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 128.217 hectáreas. Casi
la mitad la deforestación se produjo en bosques protegidos por la
normativa (clasificados en las Categorías I - Rojo y II -
Amarillo), alcanzando las 59.541 hectáreas", sostiene el
trabajo realizado por la organización ambientalista.
"La Ley de
Bosques no prohíbe el desmonte en forma total. Cada provincia
definió su ordenamiento y el 80% de la superficie quedó en
categorías amarilla y roja. Pero si se desmonta donde no se puede,
se está rompiendo el acuerdo de conciliar la conservación y las
explotaciones que se les permiten al sector del agro para avanzar en
algunas zonas. El punto preocupante es que se avanza sobre lo que se
está protegiendo", explicó Hernán Giardini, coordinador de la
Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Santiago del
Estero y Chaco son las provincias con más cantidad de desmontes en
superficies señaladas como protegidas.
Según las cifras
que se conocieron esta semana, de las 42.827 hectáreas que se
perdieron en Santiago, 28.987 ha eran bosques protegidos; mientras
que en Chaco, 26.020 de las 41.734 ha que se arrasaron estaban en
zonas catalogadas como rojas o amarillas.
"Su
destrucción tendría un impacto ambiental significativo y afectaría
seriamente a muchas comunidades. Permitir el desmonte en esas zonas
vulnera en forma flagrante la ley nacional vigente e ignora las
demandas de la sociedad. Resulta evidente que las multas no son
suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y
que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques
desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la
complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa.",
indica el informe de Greenpeace.
"Es bueno
que se avance en materia penal porque hay un cuello de botella ante
el incumplimiento No hay una pena que amedrente a quien actúa de
manera ilegal. Incluso un castigo para los funcionarios que lo
permiten. Sucede que muchas veces los propios funcionarios en
connivencia con las empresas entregan permisos para que se desmonte
en un lugar que está prohibido", apuntó Giardini.
La Ley de
Protección de Bosques incluye un fondo, compuesto por un porcentaje
de las retenciones e impuestos que se cobran a las exportaciones
agropecuarias. Aunque desde que se creó nunca se consiguió el
financiamiento establecido, este año se destinarán 556 millones de
pesos. Según explicó Moreno, se estableció un fondo fiduciario
como herramienta para poder agilizar el trámite para poder entregar
fondos para la protección. Durante los últimos años el mecanismo
anterior mostró serias dificultades para que las provincias
rindieran los fondos del dinero que se enviaba desde la
administración central.
Campaña
Entre las
acciones de ONGs para que se tome conciencia sobre el desmonte en el
Norte de la Argentina, el club de fútbol Chaco For Ever se unió a
Fundación Vida Silvestre Argentina para preservar el bosque
chaqueño. En una edición limitada la camiseta del club no cuenta
con las palabras For Ever en su escudo. "El cambio responde a
una consigna tan básica como real: si el bosque no está para
siempre, nada lo estará, ni siquiera la emblemática institución de
la provincia", explicaron en Vida Silvestre.
El bosque
chaqueño, segundo en importancia mundial después del Amazonas y con
la mayor biodiversidad de América del Sur, es víctima de la tala
indiscriminada. "La falta de regulaciones y la ausencia de
políticas de control, han colocado a la región chaqueña dentro del
top 11 de lugares con mayor deforestación del mundo. La desidia es
tal, que en los últimos 35 años ya se perdieron 12 millones de
hectáreas de zonas boscosas, aproximadamente un 20 % del total de su
superficie", indicó la ONG mediante un comunicado.
Fuente:
Laura Rocha, Los desmontes ilegales serán un delito penal tras la reforma del Código, 11/02/18, Infobae. Consultado 12/02/18.
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