El primo del jefe
de Gabinete continúa violando la Ley de Bosques. Greenpeace
denunció que en Salta las topadoras todavía avanzan sobre el monte
nativo. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total para
arrasar con los bosques”, dijo el coordinador de la Campaña de
Bosques de esa ONG.
por Juan
Funes
Activistas de
Greenpeace denunciaron ayer que Alejandro Braun Peña -primo
segundo del jefe de Gabinete, Marcos Peña- continúa con el
desmonte en la finca salteña Cuchuy, a pesar de que el gobierno de
Salta ordenó frenar la deforestación en esa zona el 25 de enero,
luego de recibir una intimación por parte del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación. En los 22 días que
transcurrieron desde entonces, Braun Peña arrasó con unas 300
hectáreas de bosque protegido, según las estimaciones de
Greenpeace, que se suman a las más de 5 mil que ya había
deforestado en la zona, en la que,además, viven 17 familias wichi
que están en riesgo.
Miembros de la
organización ambientalista detectaron luego de sobrevolar la región
que las topadoras todavía avanzan sobre el monte protegido por la
Ley de Bosques. “Pareciera que Braun Peña tiene impunidad total
para arrasar con los bosques. Primero consiguió un permiso
completamente ilegal del gobierno de Juan Manuel Urtubey y ahora, a
pesar de las dos resoluciones, tanto de la provincia como de la
nación, sigue desmontando de manera ilegal”, aseguró en diálogo
con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de
Greenpeace, Hernán Giardini. “Quien debe hacer cumplir este tipo
de medidas es el gobierno provincial. Urtubey es responsable de no
controlar, y, además, debería ahora de manera urgente multar a
Braun Peña de manera ejemplificadora para el resto de los
terratenientes que están arrasando también con los bosques, como
para que ninguno se anime a violar esta resolución que frenó a 32
fincas que pretendían desmontar a los bosques protegidos”, agregó
el activista.
La Resolución
56/2018, firmada por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, fue
publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero. La medida estableció
que los decretos provinciales 2211/10 y 3136/10, mediante los cuales
el gobierno salteño había permitido rezonificar las regiones
protegidas por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos
(OTBN),eran incompatibles con la Ley Nacional de Bosques. A partir de
esos dos decretos, el gobierno de Urtubey había habilitado el
desmonte en 32 fincas por pedido de los empresarios sojeros, que
sumaban un total de 144.984 hectáres de bosque protegido por la ley.
En la resolución,
el Ministerio de Ambiente resolvió “instar a la autoridad local de
aplicación de la Provincia de Salta a suspender los efectos de las
autorizaciones respecto de los predios alcanzados pendientes de
desmonte”. Como respuesta a la medida, el Ministerio de Producción,
Trabajo y Desarrollo Sustentable salteño anunció al día siguiente
en un comunicado que “suspendió la ejecución de los cambios de
uso de suelos autorizados y pendientes de ejecución que fueran
observados”, y explicitó que “en este marco, la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia notifica a Braun
Peña que debe suspender el desmonte de la finca Cuchuy”.
“Esperemos que
el gobierno de Urtubey caiga con todo el rigor sobre estos
terratenientes que no cumplen la ley de bosques. Lo de Braun Peña es
insólito porque la propia provincia le había ordenado frenar”,
afirmó Giardini. El activista señaló que “es hora de que Urtubey
cancele los permisos que originalmente otorgó, porque la provincia
de Salta lo que ha hecho hasta ahora es suspender la ejecución”.
Sumado a esto, apuntó que “para frenar efectivamente los desmontes
necesitamos que la deforestación sea un delito penal; no alcanzan
las multas ni las resoluciones, ningún tipo de medida de los
gobiernos es suficiente para que estos terratenientes voraces frenen
la destrucción de los bosques”.
Fuente:
Juan Funes, Braun Peña sigue desmontando, 17/02/18, Página/12. Consultado 17/02/18.
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