Salta,
10 de enero 2018.- Activistas de Greenpeace localizaron y detuvieron
las topadoras en el momento justo en que se encontraban deforestando
en la finca Cuchuy, en el norte de Salta, a 70 kilómetros de la
ciudad de Tartagal. Se trata de un desmonte de bosques protegidos por
la Ley Nacional de Bosques que fue autorizado en forma ilegal por el
gobierno de Juan Manuel Urtubey, a pedido del dueño de la finca,
Alejandro Jaime Braun Peña. El empresario es primo del Jefe de
Gabinete de la Nación Marcos Peña, e integrante del directorio de
varias empresas de la familia Macri.
La
organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014
y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos. El
mes pasado las topadoras volvieron a arrasar 400 hectáreas más de
bosques nativos. La deforestación afecta en forma directa a cuatro
comunidades wichi, cuyas familias quedaron encerradas entre varias
fincas que fueron desmontadas en los últimos años. (1)
“Estos
bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa,
el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas.
Destruirlos es un crimen. Hay que parar las topadoras en forma
urgente”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de
Bosques de Greenpeace.
La
estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, donde
se prohíben desmontes. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno
provincial el cambio de zonificación de gran parte de la finca a la
Categoría III - verde para poder deforestar 8.962 hectáreas, la
superficie de media ciudad de Buenos Aires. Ya lleva desmontadas más
de 5.000 hectáreas.
La
destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de
las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral,
cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que
recibieron presiones por parte de empresarios de la zona para seguir
desmontando a cambio de cederles algunas porciones de tierra. La
dramática situación de las comunidades fue advertida ese mismo año
por autoridades de la Universidad Nacional de Salta, que solicitaron
la intervención de los funcionarios.
“Quienes
destruyen bosques no son empresarios, son delincuentes. Necesitamos
que se penalice a los responsables de desmontes ilegales e incendios
intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó
Giardini.
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