El Gobierno
quiere modificar la ley de protección de glaciares para promover el
desarrollo de las actividades económicas. ¿Desde cuándo el medio
ambiente se convirtió en un obstáculo para la explotación de los
recursos naturales?
por Sergio
Federovisky
El kircherismo
vetó dos leyes en doce años. Una fue la ley de glaciares. En los
fundamentos de ese veto se ufanó de ser un gobierno comprometido con
la protección ambiental. Párrafos después describió que "la
prohibición de la explotación minera sobre ámbitos periglaciares
de hielos saturados daría preeminencia a los aspectos ambientales
por sobre las actividades extractivas". El medio ambiente se
había convertido en una especie de escollo para la explotación de
los recursos naturales.
El objetivo de la
ley es preservar los glaciares como reservas estratégicas de
recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como
proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
Una reciente
información reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente señala
que el actual gobierno de Mauricio Macri, asimismo autoproclamado
paladín de la ecología, promoverá una corrección de la ley de
protección de glaciares, una ley que gracias a los avatares de
presiones y lobbys jamás logró ser aplicada, puesto que el Estado
nunca concluyó el inventario requerido de los cuerpos de hielo
permanentes.
El argumento es
idéntico al de la gestión anterior: la norma ambiental obstruye las
inversiones. Según los empresarios, la actual norma tiene
prácticamente vedado el normal desarrollo de las actividades
económicas en las zonas de los hielos periglaciares, donde está
prohibida el ejercicio industrial. El gremio de los mineros coincide:
dirigentes de la UOCRA y la AOMA creen que la ley es confusa y no
facilita ni promueve el despliegue de inversiones. Por eso el
Gobierno busca moldear la protección legislativa a los glaciares
para que regule el desarrollo económico sin menoscabar su compromiso
por el medio ambiente.
Pero decaer en el
estándar de protección de los cuerpos productores de agua dulce
amenazados por el cambio climático no parece ser lo más adecuado en
esta época. En la reunión en la que se discutió tal iniciativa
comparecieron empresarios y demás interesados en las divisas que
proporcionan una actividad ambientalmente cuestionada en todo el
planeta.
Una ex ministra
de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, solía decir que el
modo en que se toman las decisiones y quiénes las adoptan determina
cuáles intereses se benefician y cuáles se perjudican. Siendo el
agua claramente un bien común, ¿no corresponde consultar a la
sociedad en su conjunto si para las generaciones venideras quiere
dejar glaciares o minería a cielo abierto?
Fuente:
Sergio Federovisky, La minería o el medio ambiente: la discusión de fondo en las reformas a la ley de glaciares, 01/12/17, Infobae. Consultado 05/12/17.
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