Salta, 4 de
diciembre 2017. En medio de rumores de modificación de la Ley
Nacional de Bosques, sancionada en 2007, llegaron nuevamente las
topadoras a la finca Cuchuy en Salta. Esta vez, para concluir un
desmonte de casi 9 mil hectáreas de bosques protegidos que fue
autorizado en forma ilegal por el gobierno de Juan Manuel Urtubey, a
pedido del dueño de la finca.
Greenpeace
documentó el desmonte que cuatro topadoras están realizando a tan
sólo 10 kilómetros de la comunidad wichi Corralito, cuyas familias
quedaron encerradas entre varias fincas que fueron deforestadas en
los últimos años.
La finca Cuchuy
es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de
Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del directorio de
varias empresas de la familia Macri. La organización ecologista
recorrió nuevamente la zona, luego de haber denunciado el caso en
2014 y frenar el desmonte hasta que sus activistas fueron presos. (1)
“Somos
nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes terratenientes
violan la Ley de Bosques y deforestan donde no está permitido con la
complicidad de los gobiernos. Estos bosques, además de concentrar
muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de
varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen”, advirtió
Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de
Greenpeace.
La estancia fue
clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de
Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, que no permiten
desmonte. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el
cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III
- verde para poder deforestar 8.962 hectáreas (la superficie de
media ciudad de Buenos Aires).
La destrucción
de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las
comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral,
cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que
empresarios de la zona los presionan para que les permitan seguir
desmontando a cambio de cederles algo de tierra. La dramática
situación de las comunidades fue advertida ese mismo año por el
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Salta, que solicitó la intervención de las
autoridades.
“Necesitamos
que el Congreso de la Nación sancione en forma urgente una Ley de
Delitos Forestales que penalice los desmontes ilegales e incendios
intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, finalizó
Giardini.
Greenpeace
denunció que dicho proyecto de ley se encuentra demorado por la
diputada jujeña María Gabriela Burgos, quien preside la comisión
de Legislación Penal.
Nota:
Informe Desmontes S.A. Parte 2. La responsabilidad empresaria y gubernamental en la violación de la Ley de Bosques en SaltaFuente:
Empresarios y funcionarios se asocian para violar la Ley de Bosques, 05/12/17, Greenpeace Argentina. Consultado 05/12/17.
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