Por el derecho a
intoxicar. Productores de Dique Chico, una localidad vecina de Alta
Gracia, protagonizaron una insólita protesta contra el proyecto
municipal que busca impedir las fumigaciones con agroquímicos a
menos de 2000 metros del tejido urbano. Las quejas de los vecinos
afectados.
por Leonardo
Rossi
Desde Córdoba.
La calma de la pequeña comunidad de Dique Chico, vecina de Alta
Gracia, crujió en los últimos días. Un acampe con personas
encadenadas frente a la jefatura comunal alteró la cotidianeidad
bucólica de este pueblo de unos 200 habitantes. Los originales
manifestantes se salieron de agenda: no reclamaban contra algún
tarifazo ni por falta de empleo. La protesta fue encarnada por
empresarios rurales que se niegan a aceptar una regulación que busca
limitar las fumigaciones con agroquímicos a 2000 metros del ejido
urbano para resguardar la salud colectiva de los vecinos.
La imagen de los
productores se difundió a través de un video compartido por el
periodista de Mitre y El Campo-Córdoba y prosecretario de
Comunicación Institucional de la UNC, Gustavo Mathieu, quien
acompañó a los manifestantes. Allí puede contemplarse la protesta,
donde uno de los encadenados señala: “Es una locura lo que está
queriendo hacer este jefe comunal. Nos están avasallando”. A su
lado, otro agrega: “Nos dicen envenenadores, nos están tocando la
dignidad. Hay ciertos jefes comunales que se creen con el derecho de
avasallar la propiedad privada”. El decorado de la protesta emuló
una granja diversificada y ordenó prolijamente algunas ovejas,
jaulas con pollos y bolsones con diversos granos.
No obstante, el
reclamo vecinal que derivó en este intento de regulación no apunta
contra la producción agropecuaria, y mucho menos si fuera este tipo
de modelo el que dominara la zona. La realidad que viven los vecinos
es bien distinta y lo corriente es padecer en sus viviendas las
fumigaciones descontroladas producto del modelo agrícola de
monocultivo y siembra directa. Incluso, los vecinos que reclaman un
freno a las fumigaciones acercaron agrónomos y productores con
experiencia en agroecología para ponerlos a disposición de ‘los
encadenados’, que hasta ahora se niegan a transitar a otro tipo de
agricultura.
El colectivo de
Vecinos Autoconvocados lleva más de un año con reclamos y diversas
estrategias para revertir este cuadro. Esteban Jose explicó que
“cuando fumigan eso llega a los patios de las casas, a la escuela”,
por lo que “se hicieron denuncias públicas, reuniones con
autoridades e intentos de diálogo con los productores”. Hasta
ahora nada había prosperado. Luego de algunas charlas brindadas por
Médicos y Abogados de Pueblos Fumigados, y la junta de más de cien
firmas en apoyo al reclamo, el jefe comunal Nilo Pérez decidió
avanzar en una regulación. La reacción del agro no se hizo esperar.
En una semana, recibió como respuesta una movilización dominada por
camionetas y finalmente el acampe con ‘los encadenados’. El jefe
comunal Nilo Pérez sostuvo ante PáginaI12 que se buscará en los
próximos días “alcanzar una mesa de diálogo para poder explicar
los motivos que tenemos para regular las fumigaciones”. “A mí no
me lo contaron, a mí la deriva de agroquímicos me ha llegado a mi
casa. Cuando hay viento eso vuela kilómetros, y cada vez hay más
casos de afectados en la salud. Más allá de que los productores
digan que hacen buenas prácticas eso es difícil de controlar”.
Por otra parte, remarcó que “se van a buscar todos los recursos
técnicos para que se reconviertan a la agroecología, nadie quiere
que se vayan ni que dejen de producir”.
La propuesta, que
aún debe ser ajustada previa a su publicación, propone crear una
“zona de resguardo ambiental” de 2000 metros en torno a la planta
urbana, como así también de la escuela. En ese espacio se prohíbe
“la utilización en toda forma, de cualquier tipo de producto
químico o biológico de uso agropecuario destinado a la
pulverización” agrícola, excepto productos destinados a prácticas
orgánicas. Asimismo, crea a partir de la zona de resguardo, un área
de 1000 metros donde sólo se podrá realizar la aplicación
terrestre de productos químicos de las clases toxicológicas III y
IV, las menos riesgosas según clasifica el Senasa.
Este proyecto
supera ampliamente la actual legislación provincial. Desde 2004,
Córdoba cuenta con la Ley 9.164 que pone un límite de 1.500 metros
a las aplicaciones aéreas y 500 metros para las terrestres respecto
de las zonas urbanas sobre los productos considerados más tóxicos
(clase I y II). La norma hace una excepción a los productos clase
toxicológica III y IV, menos tóxicos según el Senasa. En esos
casos las aplicaciones aéreas pueden realizarse a 500 metros del
radio urbano y de forma terrestre incluso dentro de esa zona, lo que
lleva a situaciones como las que padecen en Dique Chico. La
legislación ambiental plantea el principio de progresividad, por lo
que de concretarse esta resolución comunal estaría a tono con el
espíritu normativo que rige en Argentina.
Esteban Jose
recordó que “hay ordenanzas en todo el país, y juicios sobre este
tipo de casos, en particular en Córdoba”. Sobre este punto, la
provincia marca una referencia con el juicio de Barrio Ituzaingó
Anexo cuyo fallo fue el primero en condenar a un productor
agropecuario y un aeroaplicador en el marco de la Ley de Residuos
Peligrosos. Esta sentencia de 2012 fue ratificada días atrás por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además en la provincia
existen diversos estudios en torno al impacto de las fumigaciones con
agroquímicos en la salud colectiva, refrendados en publicaciones
científicas internacionales, como las realizadas por el Grupo de
Genética y Mutagénesis Ambiental de la Universidad Nacional de Río
Cuarto y las correspondientes al grupo Red Universitaria de Ambiente
y Salud de la UNC. “¿Qué más hay que demostrar? Somos vecinos
que entendemos que el derecho a la salud está por encima del derecho
de ellos a fumigar”, enfatiza el representante del colectivo
vecinal.
Fuente:
Leonardo Rossi, Empresarios cordobeses se encadenaron contra la limitación a las fumigaciones, 11/10/17, Página/12. Consultado 11/10/17.
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