Intereses
encontrados en la comuna del departamento Santa María, que discute
el cese de las aplicaciones. Las posturas en tensión confrontan en
las calles y las redes sociales.
por Adrián
Camerano
especial para La
Nueva Mañana
A Dique Chico le
llegó el turno. Esta apacible comuna de menos de 500 habitantes,
ubicada a 14 kilómetros de Alta Gracia y unos 40 de Córdoba
Capital, discute prohibir las fumigaciones en la zona, tras años de
aplicaciones a metros del casco urbano. Como ya ocurrió en la ciudad
del Tajamar, el debate enfrenta dos posturas irreconciliables: la de
los vecinos que defienden el derecho a la vida y la salud, y las de
los productores –en su mayoría sojeros- que se escudan en el
“derecho a trabajar”. La clara colisión de derechos configura
una disputa política, que se da en las calles y las redes virtuales
y promete seguir ir crescendo.
Por estos días
los vecinos están a punto de lograr el cese de las fumigaciones en
la zona. El jefe comunal Nilo Pérez (UPC) estudia el texto de una
resolución comunal en ese sentido, con asesoramiento de
organizaciones ambientalistas que ya han avanzado en normativas
similares en otros puntos de la provincia. Pero mientras el jefe
comunal afina la lapicera, los productores no se quedaron quietos, y
este lunes 2 salieron a las calles del pueblo con camiones, tractores
y camionetas todo terreno, exigiendo la continuidad de la utilización
de agrotóxicos en las prácticas agrícolas.
Este lunes 2, los
productores salieron a las calles del pueblo con camiones, tractores
y camionetas todo terreno, exigiendo la continuidad de la utilización
de agrotóxicos en las prácticas agrícolas.
Pueblo fumigado
La polémica por
las aplicaciones en la zona tomó fuerza un año atrás, cuando los
habitantes denunciaron fumigaciones en campos aledaños al acotado
casco urbano. En aquel momento señalaron que las aplicaciones se
realizaron “a metros de la escuela” de la zona, mostraron
preocupación por la salud de la población y amenazaron con
denuncias penales. Aquella vez Pérez navegó entre dos aguas, y el
tema salió de agenda hasta estos días, cuando -a la vuelta del
calendario de siembra- le llegaron al jefe comunal varias recetas de
aplicaciones, listas para ser visadas. Cuando los vecinos se
enteraron, reactivaron el reclamo y le exigieron a su representante
que legisle sobre el tema. En eso están.
“Hemos decidido
darle todo el apoyo al jefe comunal, para que tome la decisión que
queremos todos los vecinos. Él tiene un rol fundamental”, señaló
Esteban José, uno de los vecinos de la zona que se oponen a las
aplicaciones y proponen la reconversión agroecológica de los campos
cercanos. Los terrenos están ubicados en una “zona gris”, fuera
del radio de acción comunal; pero como ya está solicitada la
ampliación del ejido urbano, sería vinculante toda resolución que
la comuna tomase sobre esos predios.
Ley de
Agroquímicos
Desde 2004 rige
en Córdoba la Ley Provincial de Agroquímicos Nº 9164, el eje
normativo al que deben acogerse las zonas grises o todos aquellos
pueblos y ciudades que no tengan ordenanzas propias. La ley restringe
parcialmente las fumigaciones terrestres, estipulando que en los 500
metros vecinos a viviendas no pueden aplicarse algunos productos,
aunque sí permite otros, considerados como de menor riesgo tóxico.
De todas maneras, en esos casos exige que se cumplan varios
requisitos (climáticos, técnicos y de aplicación mediante un
profesional autorizado y con maquinarias habilitadas), más un
control de la comuna o municipio.
Con el reinicio
del calendario de siembra y ante la aparición de las nuevas recetas
fitosanitarias, los vecinos juntaron firmas, hicieron asambleas y se
reunieron con Pérez para que le dé un corte al tema. A su vez, los
productores marcharon el lunes 2 exigiendo el visado de los pedidos y
entregaron un petitorio a la comuna. Los recibió la tesorera, y hubo
algunos cruces verbales con vecinos que impulsan la ordenanza; la
polémica se traslada también a las redes sociales, en páginas de
Facebook y los comentarios de cada artículo que realizan sobre el
tema los medios de la región.
Tras la
movilización, el jefe comunal salió a aclarar en un periódico
zonal: “No estamos en contra del trabajo de la gente del campo”,
pero bregó por avanzar con el principio precautorio, legislando para
que “curemos en salud y evitemos posibles inconvenientes, antes que
lamentar enfermedades después”.
En Dique Chico
creen que Pérez firmará la resolución en las próximas horas, y
así el pueblo se sumará a otras localidades cercanas que ya han
legislado sobre las aplicaciones, como la cercana Anisacate, que las
prohibió hace una década.
El caso de Alta
Gracia
En 2012 la ciudad
de Alta Gracia sancionó una ordenanza que prohibía las fumigaciones
a menos de 1500 metros del casco urbano. Fue tras meses de reuniones
en el Concejo Deliberante, donde expusieron sus posturas vecinos
autoconvocados, centros vecinales y organizaciones como los Médicos
de Pueblos Fumigados, por un lado; y el INTA, los productores y el
colegio agrotécnico padre Domingo Viera, por el otro. Si bien los
vecinos proponían una “Alta Gracia libre de fumigaciones”, el
deliberativo local terminó aprobando la restricción parcial, que a
la vuelta de los años planteó otros dilemas: el acotado poder de
contralor de la Municipalidad y la continua ampliación del casco
urbano, que va “corriendo” los 1500 metros hasta toparse con
comunas linderas que sí aplican.
Por esos días se
difundía un estudio sanitario realizado por la cátedra de Alergia e
Inmunología del Hospital de Clínicas, según el cual el 51 por
ciento de un grupo de vecinos relevados en barrio Parque San Juan
poseía alguna afección que podría vincularse con la exposición a
las fumigaciones en campos pegados a esa zona urbana.
Cinco años más
tarde, la ordenanza sigue judicializada por los productores, que en
muchos casos reconvirtieron sus campos en loteos a precio de mercado -cada vez más caros- y sin servicios básicos, montados sobre
tierra fumigada.
Fuente:
Adrián Camerano, Dique Chico debate el fin de las fumigaciones, 09/10/17, La Nueva Mañana. Consultado 09/10/17.
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