Roca. Un peón rural
que tiene enfermedades atribuidas a la explosión en un pozo gasífero
en Allen, pidió celeridad a la Justicia y que dicte una resolución
favorable sobre la causa.
Rubén Ibáñez,
un peón rural que padeció en carne propia las consecuencias de la
explosión de un pozo de gas en Allen a 40 metros de su casa, llegó
esta mañana a Roca a reclamar a la Justicia rionegrina por el avance
de la investigación por presunta “violación a la Ley de Residuos
Peligrosos”, abierta hace más de tres años.
El hombre, de 65
años, vive en un vivero donde se desempeñaba como cuidador sobre
calle 11, un kilómetro al sur de la Ruta Nacional 22. Padece EPOC y
otras deficiencias atribuidas a emanaciones de gases generadas por el
“accidente” en el Pozo 141 “Estación Fernández Oro”
(administrado por la ex Apache - YPF), el 19 de marzo de 2014.
Ahora, tiene
comprometidos ambos pulmones y su diagnóstico sigue empeorando, a
metros del yacimiento en plena producción. Está desocupado y sin
obra social, ya que fue despedido. Sus ánimos cayeron esta mañana
al enterarse que su expediente está “extraviado” entre los
papeles de la Fiscalía Temática N° 3, según comentó a “Río
Negro” luego de la visita a tribunales.
Acompañado por
dos integrantes de la “Asamblea Permanente del Comahue por el
Agua”, sostuvo que se trata de una “irregularidad” más dentro
de todas las que ocurrieron en el caso.
Juan Carlos
Ponce, referente de la asamblea, dijo con sus propias palabras: “una
secretaria nos dijo que el cuerpo del expediente está extraviado,
que no lo pueden encontrar”.
Además, aseguró
que en la fiscalía le informaron que “está trabado” porque en
2015 se le había pedido un informe a la intendenta de Allen y aún
no contesta. “Ahora, no saben en qué situación está el
expediente. Son muchas cosas que se nos están escondiendo”, opinó.
“Primero
tuvieron que allanar el hospital para recuperar la historia clínica
de Don Ibáñez y cuando lo fueron a buscar estaba sólo la tapa, no
tenía hojas. Ahora lo que se pierde es el cuerpo del expediente”,
fustigó la asambleísta Lidia Campos.
“¿Cómo puede
ser si en Río Negro hay una Ley de acceso a la información pública
donde el funcionario tiene un plazo para responder y si no lo hace es
pasible de una denuncia penal por incumplimiento de deberes de
funcionario público?”, se preguntó la mujer.
“Todos los
estudios que me fui haciendo los fui llevando a Fiscalía, tengo todo
demostrado”, señaló el propio damnificado. “Me duele que ahora
me pierdan el expediente, me hace sospechar muchas cosas. Siempre
estuvo en el medio la política y la intendenta”, polemizó Ibáñez.
Desde la
Asamblea, Lidia Campos y Juan Carlos Ponce, denunciaron la situación
ante este medio y pidieron que aparezca urgente el expediente y que
la causa avance y tenga resolución inmediata. “No tengo donde ir y
no voy a perder mi dignidad”, concluyó el hombre con dificultades
para respirar.
Fuente:
Denuncian “extravío” de un expediente judicial por contaminación petrolera, 25/09/17, Río Negro. Consultado 29/09/17.
No hay comentarios:
Publicar un comentario