por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, 9
ago 2017 (IPS) - Lo primero que lee quien tome cualquier documento
oficial de este año en Argentina es: “2017, año de las energías
renovables”. El dato revela la importancia que el gobierno le da a
la cuestión, aunque plasmar la consigna en la realidad no parece tan
fácil como colocarla en el encabezado de los papeles de la
administración pública.
Las renovables
tienen hoy un peso insignificante en la matriz energética argentina
y existe una obligación, dispuesta por una ley sancionada en 2015,
con consenso de todos los sectores políticos, de revertir ese
escenario en los próximos años.
El objetivo no
solo está fundamentado por las obligaciones de recurrir a fuentes
limpias de energía asumidas por Argentina en el marco de los
acuerdos globales de lucha contra el cambio climático, sino también
por la necesidad de ampliar y diversificar la matriz que impone la
economía.
Desde hace años,
Argentina destina una fortuna cada año a la importación de
hidrocarburos, aunque la cifra viene descendiendo y pasó de 7.000
millones de dólares en 2014 a cerca de 3.000 el año pasado.
Pero eso no
sucedió por una mayor productividad ni por la diversificación de
las fuentes locales, sino por la caída del precio internacional del
petróleo,
“La
participación de los combustibles fósiles es absurdamente alta en
nuestra matriz. Hay que cambiar esto”, reconoció en julio el
secretario de Planeamiento Energético Estratégico, Daniel Redondo,
ante un auditorio especializado.
“Vamos a
cumplir con la ley de energías renovables, que prevé alcanzar el 20
por ciento de energía de fuente limpia antes de 2025”, agregó.
De acuerdo a
datos oficiales, la matriz de energía primaria de este país del
Cono Sur americano está compuesta en 51 por ciento por gas natural y
en 33 por ciento por petróleo.
En cuanto a
generación eléctrica, los hidrocarburos son el combustible de las
centrales térmicas que cubren 64 por ciento de la oferta, mientras
que 30 por ciento lo proporcionan las centrales hidroeléctricas. Las
tres centrales nucleares nacionales aportan cuatro por ciento del
total.
Desde 2016, el gobierno firmó con inversores privados 59 contratos para que
desarrollen proyectos de energías renovables en todo el país. Los
emprendimientos, que deberían comenzar a funcionar el año próximo,
totalizan una inversión de unos 4.000 millones de dólares, según
el Ministerio de Energía.
En conjunto esos
proyectos sumarán 2.423 megavatios (MW) a la oferta, que el Estado
asumió el compromiso de comprar e incorporar a la red nacional, que
actualmente cuenta con unos 30.000 MW de potencia instalada.
China, actor
energético determinante
Además de esos
proyectos, parte del gubernamental Programa RenovAr, Gerardo Morales,
el gobernador de la provincia norteña de Jujuy, anunció que firmó
con la compañía Power China un contrato para la construcción y
financiación de un parque solar de 300 MW en el Salar de Cauchari, a
4.000 metros sobre el nivel del mar.
El acuerdo se
suscribió durante el viaje a China del presidente Mauricio Macri, en
mayo, en el que Morales fue parte de la comitiva oficial. Según el
gobernador, será “el parque solar más grande de Latinoamérica”.
El presidente
Mauricio Macri durante la firma de contratos para proyectos de
energías renovables, junto a miembros de su gobierno y del de la
ciudad de Buenos Aires. Crédito: Presidencia de Argentina
China se
consolidó durante ese viaje como actor central en la renovación del
sector en Argentina. En Beijing se acordó que la potencia asiática financiará 85 por ciento de la construcción de dos centrales nucleares, que requerirá una inversión de 14.000 millones de
dólares.
Antes, se había
convenido el financiamiento chino para la construcción de dos
centrales hidroeléctricas en la Patagonia, con un costo de casi
5.000 millones de dólares. Pero los dos megaproyectos están en
suspenso por orden de la Corte Suprema de Justicia, ante un recurso
de organizaciones ambientalistas.
Una situación
que el gobierno intenta solventar con prontitud porque los
financistas chinos amenazan con aplicar una cláusula de “default
(suspensión) cruzado” y bloquear sus inversiones en otros
proyectos.
Los funcionarios
del Ministerio de Energía sostienen en cada foro público en el que
participan, que el objetivo es que para 2025 el sistema eléctrico
incorpore 20.000 MW, y que la mitad de ellos provengan de fuentes
renovables.
Para su
financiación, el Estado creó el Fondo para el Desarrollo de
Energías Renovables (Foder), que fue dotado por el Estado con 800
millones de dólares, a los que se suman otros 480 millones aprobados
por el Banco Mundial para financiar los proyectos.
Los que ya están
en marcha son, fundamentalmente, emprendimientos de energía eólica
y solar, ya que Argentina tiene condiciones favorables para los
primeros en la Patagonia, por los fuertes vientos, y para los
segundos en las mesetas de altura de la región del Noroeste, donde
la radiación es intensa.
También hay
algunos proyectos hidroeléctricos de escala reducida y de biogás.
“Es la primera
vez que Argentina está avanzando en serio en desarrollar energías
renovables. Hoy existe lo que antes no existía, que es
financiamiento”, dijo Javier Cao, especialista en energías
renovables de la consultora económica Abeceb.
“El principal
impulso de estas iniciativas es que Argentina tiene un gran déficit
energético y necesita sumar de todas las fuentes: tanto las represas
hidroeléctricas como las dos nuevas centrales nucleares proyectadas,
aumentar su producción de gas natural y también las renovables”,
agregó en diálogo con IPS.
¿A la tercera,
será la vencida?
El sueño
argentino de desarrollar las energías renovables no es nuevo, pero
hasta ahora todos los esfuerzos han fracasado.
La primera ley
que declaró “de interés nacional” a las renovables fue
sancionada por el legislativo Congreso Nacional en 1998. Los
incentivos económicos creados por esa norma fueron aplastados por la
crisis económica de 2001, que provocó la renuncia del presidente
Fernando de la Rúa.
En 2006 se
sancionó una segunda ley, que fijó el objetivo de que ocho por
ciento del consumo de energía eléctrica proviniera de fuentes
renovables en 2016. Fue otro fracaso por problemas de financiamiento.
La tercera, que
se espera sea la vencida, fue aprobada en septiembre de 2015, con
votos de los diputados que respondían a la entonces presidenta
Cristina Fernández (2007-diciembre 2015) y de los opositores, en un
consenso que resultaba muy poco habitual en otros temas.
Esta norma
estableció beneficios impositivos y aduaneros para los inversores e
incluyó entre las renovables a los proyectos hidroeléctricos de
hasta 50 MW de potencia, frente al tope de solo 30 MW de la ley
anterior.
Además,
estableció la obligatoriedad de que exista un ocho por ciento de
energías renovables en el sistema eléctrico para el 31 de diciembre
de 2017, fecha que no se va a cumplir, pero a la cual el gobierno
espera llegar en 2019.
La aspiración
oficial es la de llegar en fecha al segundo objetivo que pone la ley:
20 por ciento de participación de las renovables en 2025.
“Uno de los
desafíos en ese sentido es descentralizar la producción”, dijo
Marcelo Alvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías
Renovables, que agrupa a las empresas del sector.
En ese sentido,
se espera que este año el Congreso sancione la llamada ley de
energía distribuida, que permitirá a los usuarios que generen
energía renovable que incorporen a la red su excedente, lo que sería
una novedad absoluta en Argentina.
“Ya conseguimos
unificar un texto de la norma en la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados, con la participación de asesores técnicos de
todos los bloques y técnicos del Poder Ejecutivo”, dijo Juan
Carlos Villalonga, quien durante años fue un militante ambiental,
trabajó en la organización ecologista internacional Greenpeace y
hoy es diputado de la alianza gobernante Cambiemos.
“El despegue de
las energías renovables va a ser uno de los legadores de este
gobierno”, aseguró Villalonga.
Dentro del
Acuerdo de París sobre cambio climático, rubricado por 196 Estados
parte en diciembre de 2015, Argentina se comprometió a reducir en 15
por ciento la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para
2030, un nivel criticado como bajo, pero al que el país sumaría
otro 15 por ciento si recibe fondos especiales para hacerlo. Los
combustibles fósiles son los mayores causantes de los GEI.
Editado por
Estrella Gutiérrez
Fuente:
Daniel Gutman, ¿Será, por fin, la hora de las energías renovables en Argentina?, 09/08/17, Inter Press Service.
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