En pocos días,
sus montes con árboles nativos, varias viviendas y su opy (casa de
oración) fueron arrasados por las máquinas y motosierras de la
Municipalidad.
Itatí Brizuela,
auxiliar de enfermería, estudiante de la carrera de Historia, dio la
primera voz de alarma ante el desastre ambiental, ecológico, social,
familiar, anticonstitucional, que no respetó el marco de la
ejecución de la Ley 26.160 por la que fueron relevadas y reconocidas
como territorio de uso público, tradicional y actual las 181
hectáreas de la comunidad Chapa’í, según la resolución del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
"Estuvimos
de acuerdo que se utilizaran algunas hectáreas: pero lo que hizo el
personal de la Municipalidad es terrible, abrieron caminos, echaron
árboles nativos, nuestra medicina natural, los árboles frutales.
Nos dolió a todos porque los chicos lloraban viendo como tiraban las
plantas de naranjas, limones, paltas que nosotros cuidábamos para
consumir. Quedó en pie nuestra huerta comunitaria, con muchas
verduras sembradas; pero tenemos miedo porque nos dijeron que también
sacarán la iglesia y el salón comunitario. Necesitamos ayuda porque
en San Ignacio no tenemos respaldo institucional. También convocamos
a las comunidades hermanas que son 114 en la provincia, porque nos
sentimos solos".
Itatí, la hija
del ex cacique, Juan Brizuela, lamenta una y otra vez que los dejaron
sin montes nativos. "El intendente Esteban Romero ya no respeta
ni la Constitución Nacional, tampoco los pactos internacionales, la
Ley de Bosques Nativos, ni la Ley 26160 del Relevamiento Territorial
de los Pueblos Indígenas. Es muy triste ver esto porque los
empleados de la Municipalidad de San Ignacio después de haber
quemado cinco casas de la comunidad Kokuere'i siguen libres y
arrasando con todo. Si seguimos así sin ningún tipo de ayuda
institucional las comunidades indígenas seremos simplemente
historia", reflexionó.
El lunes,
integrantes del Frente Ciudadano Ambiental Capuera (Diego Ciarmiello,
María Rosa Foregel, Cristina Besold y Erik Barney, entre otros)
junto al diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), las
activistas feministas Mariana Pizarro y Valeria Silvestri (PC), se
reunieron en la Casa de Gobierno, con el subsecretario de
Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Daniel Behler y le
entregaron una nota en la que solicitan al gobernador Hugo
Passalacqua el cumplimiento de la Ley Nacional 26160, en la cual se
declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las
tierras ocupadas por las comunidades guaraníes. Esa norma prohíbe
la intervención o la expulsión de las comunidades hasta tanto no se
resuelva la situación de dominio del suelo donde habitan.
El grupo se
dirigió hasta el Ministerio de Ecología y Recursos Renovables, e
hizo el mismo reclamo al subsecretario de esa cartera, Juan Manuel
Díaz -ante la ausencia de la ministra Verónica Derna- junto a la
directora general de Bosques Nativos, María Elena Benítez, quienes
admitieron desconocer el caso planteado, y afirmaron que jamás hubo
pedido de autorización para ese desmonte.
"Necesitamos
que paren las máquinas hoy en la comunidad Chapa'i. Después
discutimos todas las cuestiones legales y el trabajo que Ecología
hizo mal, ya que no controló a tiempo ese desastre ilegal, y por eso
sucede lo que ahora reclamamos que se detenga. Si ustedes no frenan
ese salvaje desmonte que están haciendo empleados municipales por
orden del intendente Romero, nosotros vamos a parar las topadoras
poniéndonos frente a ellas. ¡Paren las máquinas!", enfatizó
Sereno.
Horas después,
el legislador se trasladó con su equipo de trabajo hasta la
comunidad y comprobó in situ, el grave desastre delictivo que hizo
la mano del hombre, en este caso, personificado por el jefe comunal,
Esteban Romero.
Minutos después
llegó una comitiva de inspectores forestales del Ministerio de
Ecología, que hizo un relevamiento del terreno, y una vez que
obtuvieron el acuerdo firmado entre Romero y el joven cacique,
labraron un acto dirigida al intendente por el cual ordenan que cese
el desmonte en esa comunidad y cualquier otro tipo de intrusión.
Uno de sus
empleados que estuvo en el lugar y que se identificó como
"Vigilancia del Parque Industrial", Carlos Flores, no tuvo
reparos en manifestar que el intendente Romero compró esas hectáreas
de acuerdo "al convenio que firmó con el cacique Damián, por
eso entraron las máquinas municipales a abrir los caminos. Ellos
(los guaraníes) no tienen de qué quejarse porque del tanque en
adelante estas tierras pertenecen al municipio. Así fue el acuerdo,
por eso estamos limpiando para abrir el camino. Nosotros estábamos
antes de que llegara la comunidad y ahora resulta que ellos reclaman
todo el lugar, si quieren más hectáreas que paguen, y que dejen de
pelear", señaló el empleado municipal.
Quemaron y
arrasaron colmenas
Las topadoras
también destruyeron el apiario (lugar donde se encuentra el conjunto
de colmenas) que forma parte de un Programa de Apicultura Sustentable
del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai). Se
desarrolla con pequeños productores y comunidades guaraníes
próximas a áreas protegidas (parques y reservas), y está a cargo
de la antropóloga, Graciela Hedman. "Desde noviembre del 2016
teníamos en desarrollo el apiario con colmenas instaladas que el
IFAI proveyó a la comunidad Chapa'í. La gravedad de lo que pasó
(desmonte, loteo y desalojo) también radica en que el monte
existente derribado era la provisión de alimentos para las abejas y
para las familias mbya. En el lugar había frutales y otras especies
de monte con mucha floración disponible, las abejas con la
polinización, potencian la producción de frutales y enriquecen aún
más el ambiente", explicó la profesional.
Destruyeron
restos arqueológicos
"Algunos de
las piezas arquelógicas las llevamos al Museo Andrés Guacurarí
para su clasificación. Algunas de esas piezas son previas al período
jesuítico", expresó la antropóloga Hedman.
Lamentó que en
un Municipio donde están las ruinas jesuíticas, con mayor visita de
turistas de la provincia, consideradas Patrimonio de la Humanidad, "a
pocos metros de ella, se intente descartar a una comunidad mbya
guaraní como es Chapa'í, solo porque un particular reclame como
suyas esas tierras. No se debe meter topadoras derribando casas,
proyectos productivos, árboles y restos arqueológicos".
Hedman agregó
que en el Municipio de San Ignacio, con el programa a su cargo,
también trabajan con la EFA de San Ignacio de Loyola, y están
próximos a construir una sala de extracción para 30 productores de
la localidad, varios de ellos van a producir en zonas próximas a la
Reserva Teyú Cuaré, y municipios cercanos como Loreto.
Fuente:
En la comunidad Chapa'í de San Ignacio "estamos devastados", 02/08/17, Primera Edición - El Diario de Misiones. Consultado 08/08/17.
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