por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, 2
ago 2017 (IPS) - En la Declaración final de la Cumbre de la Tierra,
realizada en Río de Janeiro de 1992, se estableció que la
participación ciudadana en la toma de decisiones es “el mejor modo
de tratar las cuestiones ambientales”. Sin embargo, en América
Latina y el Caribe este enunciado tiene aún escaso correlato con la
realidad.
Así lo han
reconocido la mayor parte de los países de la región, que 25 años
después redactan un instrumento jurídico supranacional con el
objetivo de hacer posible en la realidad el acceso a la información
y a la justicia ambiental para sus habitantes.
Delegados de 24
países participan entre el lunes 31 y el viernes 4 en Buenos Aires
de la séptima reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Principio 10 de los 27 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.
La de Buenos
Aires se espera que sea la penúltima discusión sobre el texto,
realizada a puertas cerradas. En noviembre o diciembre se acordaría
el documento final, en una ciudad que aún no se ha definido.
En la capital
argentina quedó claro que el debate sobre los alcances que debe
darse a la participación ciudadana no se ha cerrado, a pesar de que
la negociación, motorizada por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal), fue lanzada en noviembre de 2014.
El punto
sobresaliente es que no se ha definido todavía si el documento será
o no vinculante para los Estados firmantes.
Si se acuerda que
lo sea, resultará un piso mínimo que las naciones parte deberán
garantizar a sus habitantes en materia de participación en
cuestiones ambientales. Si la decisión es que no lo sea, podría ser
una nueva declaración de principios, que no cambie nada en la vida
real.
El relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones
Unidas, el estadounidense John Knox, sentó posición cuando advirtió
que “el instrumento tiene que ser vinculante, aunque de esa manera
sea más difícil alcanzar un consenso”.
“Si no lo es,
quedará la impresión de que, en lugar de un paso adelante, será un
paso atrás”, agregó.
Knox participó
como invitado especial en la apertura del encuentro, que se
desarrolló en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con
la presencia de tres ministros del gobierno anfitrión y la
viceministra de Ambiente de Costa Rica, Patricia Madrigal.
La funcionaria
costarricense participó en representación de la mesa directiva del
comité de negociación, que presiden su país y Chile e integran
además Argentina, México, Perú, Trinidad y Tobago y San Vicente y
las Granadinas.
En el mismo
sentido que Knox, el especialista argentino sobre derecho ambiental,
Daniel Sabsay, orador en una sesión especial sobre la implementación
del futuro acuerdo, se mostró “preocupado por la perspectiva de el
texto quede en el campo el campo de las grandes expresiones, sin
ningún resultado”.
“En los
borradores que se han conocido hasta ahora, no hay instrumentos
concretos que imperativamente deban ser ejercitados por los países y
empoderen a la sociedad civil. Si no es vinculante el acuerdo no será
útil”, dijo a IPS.
El debate se da
en el contexto de una escalada de las disputas por las tierras y los
recursos naturales, que dispara cada vez más conflictos en el mundo
y en particular en la región.
“Los conflictos
sociales por cuestiones ambientales han provocado 200 asesinatos el
año pasado en todo el mundo, de los cuales 60 por ciento se
registraron en América Latina. La región más violenta es el
Amazonas, donde 16 personas murieron por defender la tierra”, dijo
la jamaiquina Danielle Andrade, elegida como representante por la
sociedad civil en las negociaciones.
Esa realidad pone
en evidencia las deficiencias de los gobiernos para encauzar las
preocupaciones de las comunidades locales frente a proyectos
extractivos o de uso de la tierra que los afectan.
El Principio 10
de la Declaración de Río dice que los Estados deben facilitar y
fomentar la participación social en los debates ambientales,
poniendo la información a disposición de todos y garantizando el
acceso a los procedimientos judiciales y administrativos.
El consenso es
que, en general, en América Latina se ha desarrollado suficiente
normativa en ese sentido. De hecho, el canciller argentino, Jorge
Faurie, dijo que “desde 1992, 20 países de la región han
incorporado a sus Constitucionales el derecho a un ambiente sano y
sostenible”.
La cuestión,
entonces, parece ser, cómo llevar a la práctica esos derechos que
están sobre el papel.
“Casi todos los
países tienen normas ambientales, pero problemas para que se
cumplan. Por eso entendemos que es fundamental que se cree un comité
de implementación del tratado, al que los ciudadanos de la región
puedan elevar sus conflictos ambientales, y que tenga participación
del público y facultades para intervenir”, dijo a IPS el argentino
Andrés Napoli, otro representante de la sociedad organizada en las
negociaciones.
El acuerdo que se
negocia está inspirado en la llamada Convención de Aarhus, aprobada
en 1998 en esa ciudad de Dinamarca, en el ámbito de la Comisión Económica para Europa. Ese instrumento sirvió especialmente para
los países del este europeo, que habían abandonado el comunismo
pocos años antes y tenían escasa normativa ambiental.
“Los países de
América Latina han desarrollado legislación ambiental desde la
década de los 90 y recientemente lo han hecho algunos países del
Caribe anglófono”, explicó Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de
Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Cepal.
“Por eso, se
apunta a perfeccionar la capacidad de los Estados para garantizar los
derechos tutelados en esa legislación. Algunos países no logran la
implementación de la legislación ambiental no porque no quieran,
sino por falta de capacitación o de recursos financieros”, añadió
a IPS.
De Miguel aseguró
que “esperamos un acuerdo ambicioso, que incluya la creación de
institucionalidad que luego lo haga cumplir. Y deseamos que lo firmen
no solo los 24 países que están negociando, sino los 33 de la
región”, agregó.
Entre los países
que participan en las discusiones están todos los de América del
Sur menos Venezuela y todos los de América Central, excepto
Nicaragua, mientras dentro del Caribe insular y continental destacan
ausencias como las de Barbados, Cuba, Guyana y Suriname.
Los artículos
que se discuten en Buenos Aires incluyen el 6, que define el alcance
del derecho a la información; el 7 y el 8, acerca de la
participación de los ciudadanos en los procesos de decisiones; y el
9, que reglamenta el acceso a la justicia.
Para la última
reunión quedará el debate sobre los artículos que definen la
institucionalización del tratado y la creación o no de un comité
de cumplimiento que, según la mayoría, definirán su efectividad.
“Es
imprescindible establecer mecanismos para asegurar que la
participación sea real y las poblaciones más vulnerables accedan a
la información, porque solo los organismos oficiales y las oenegés
no pueden ‘traccionar (movilizar)’ la participación”, resumió
en la sesión especial sobre implementación Leila Devia, directora
del Centro Regional Sudamericano del Convenio de Basilea.
Ese convenio, en
que participan 170 Estados parte, se ocupa del control
transfronterizo de los desechos peligros y de su eliminación.
Editado por
Estrella Gutiérrez
Fuente:
Daniel Gutman, América Latina debate cómo hacer realidad los derechos ambientales, 02/08/17, Inter Press Service. Consultado 05/08/17.
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