La guerra
silenciosa entre ejecutivos, las corporaciones, la política y los
millones de dólares en el trasfondo del megabasurero ilegal en la
cordillera de los Andes. El adelanto de Tiempo sobre Glencore.
Las causas
federales, la penal y la civil, por los 26 millones de toneladas de
roca residual y cinco centenares de neumáticos gigantes que la
minera Los Pelambres tiró ilegalmente en el departamento Calingasta,
sobre la cordillera de los Andes, tienen un trasfondo no contado.
De fondo, nadie
discute que la corporación chilena contaminó la tierra argentina.
El argumento que
usan los deja ene videncia: que el Gobierno de Chile les informó mal
los límites entre ambos países, por lo que al parecer intentan
hacer deducir que ellos creían que estaban contaminando de su lado.
El problema de
fondo es uno solo: los más de 200 millones de dólares que cuesta
sacar esos escombros de Argentina.
Guerra de
ejecutivos
Uno de ellos
apunta a los altos mandos. En marzo último, mientras desfilaban por
el Juzgado Federal de San Juan ante el juez Leopoldo Rago Gallo los
gerentes chilenos, saltó un dato que ahora tomó fuerza desde el
Gobierno de San Juan: Glencore podría pasar de ser la denunciante a estar en la mira por la contaminación.
"¿Y al
quinto gerente, cuándo lo imputan y lo indagan?”, tiró a Tiempo
de San Juan uno de los ejecutivos de Los Pelambres en la vereda del
Juzgado Federal.
Hacía referencia
a que los cuatro ejecutivos imputados e indagados son todos chilenos
que trabajan o trabajaron en Los Pelambres y tuvieron responsabilidad
a lo largo de los años en la contaminación.
Ellos son: Robert
Andrew May-Nicholls (gerente general hasta abril); antes fue Alberto
Cerda Mery y anteriormente Ignacio Cruz Zabala. Los últimos dos son
ex gerentes generales. Y se les sumó en la investigación federal el
director de Los Pelambres, Francisco Veloso (vicepresidente de
Asuntos Corporativos y Sustentables de la compañía Antofagasta
Minerals).
El "quinto
gerente” al que hizo referencia la alta fuente ejecutiva chilena es
Jorge Gómez: fue gerente general de Los Pelambres, una de las minas
de Antofagasta Minerals, cuando se inició la escombrera ilegal. Pero
ahora es uno de los más altos ejecutivos de Glencore, la corporación
que tiene el proyecto El Pachón, quienes denunciaron en la justicia
federal a su competencia chilena.
¿Lo citarán a
indagatoria a Gómez? ¿Pasará de denunciante a sospechoso?
La compra
frustrada
Tras ser
denunciados por Glencore, el equipo de abogados de Los Pelambres
trató de minimizar la acusación diciendo en voz baja a los
periodistas que era un réplica porque se había caído una operación
comercial de miles de millones de dólares.
Sucede que
Antofagasta Minerals había empezado a mirar con buenos ojos la
posibilidad de comprar el proyecto El Pachón, la principal reserva
de cobre y molibdeno de San Juan y una de las mayores reservas de
cobre que se conoce.
Como la
corporación chilena tenía su explotación justo del otro lado del
límite, eso le simplificaba significativamente los costos de
operación de la mina.
Pero esa
operación multimillonaria se frustró. Y ahora, con la escombrera
ilegal en el tapete, hay un mundo de especulaciones: que Glencore
sabía que estaban tirando escombros pero que no dijo nada porque le
estaba por vender el proyecto a quien estaba tirando los escombros;
que Antofagsta Minerals empezó a tirar los escombros en el lado
argentino especulando con que iba a comprar El Pachón y que así
nadie los iba a descubrir; que una vez caída la operación, Glencore
sabía y dejó tirar escombros para luego perjudicarlos
económicamente con el costo de tener que sacar la basura; que
Glencore dejó tirar la basura minera porque vio detrás de eso un
negocio multimillonario: demandarlos y cobrarles a Antofagasta
Minerals por el uso del suelo durante años…
Ahora el Gobierno
de San Juan hizo oficial su interés, como querellantes en las
causas, de ir también contra Glencore porque la consideran
responsable de la contaminación, al igual que Los Pelambres.
La política
En el medio de
esa guerra entre los ejecutivos y las corporaciones, también hay una
batalla política.
Sucede que al
estar involucrados dos países, la justicia federal en San Juan tiene
sus límites y la solución definitiva pasa por las cancillerías de
Argentina y de Chile.
Por eso el
gobernador Sergio Uñac fue en la semana a Capital Federal a reunirse
con el nuevo canciller por la escombrera minera ilegal de los
chilenos.
Fue después de
que tomó estado público una conclusión básica de los peritos que
el juez federal Rago Gallo llevó a una inspección ocular que hizo
en la escombrera a fines de marzo último.
Esas primeras
conclusiones dicen que sí hay contaminación ambiental: en el suelo
y en el agua, como consecuencia de la escombrera ilegal.
Para dimensionar
el tamaño del basurero, los técnicos le dijeron al juez Rago Gallo
que el tamaño era el equivalente a una pila de escombros y
neumáticos que, de ser puestos en la Ciudad de San Juan, irían
desde la plaza 25 de Mayo hasta el Centro Cívico, con una altura
equivalente a un edificio de entre 3 y 4 pisos.
Como era de
esperar, desde Los Pelambres trataron de opacar esa primera
conclusión diciendo que "el agua contaminada no llegó al río”.
Así, tratan de demostrar que la contaminación es sólo en la zona y
que no se extendió ni afectó el curso de las aguas.
Todas esas son
herramientas de un equipo de expertos (abogados e ingenieros)
dirigidos por el prestigioso constitucionalista y político radical
Ricardo Gil Laavedra (quien defiende a la empresa chilena pero es
aliado político del actual Gobierno Nacional).
Mientras tanto,
el juez federal Rago Gallo sigue avanzando en la causa penal, la cual
determinará si los ejecutivos chilenos tienen o no responsabilidad
penal en la contaminación.
Y el otro juez
federal en San Juan, Miguel Gálvez, tramita la causa civil por la
demanda que Glencore le hizo a Antofagasta Minerals por la
contaminación y por el uso de su suelo.
Fuente:
Gustavo Martínez Puga, Los intereses no contados detrás de la basura minera de Los Pelambres, 15/07/17, Tiempo de San Juan. Consultado 18/07/17.
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