Buenos Aires -
Nueve años pasaron del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (CSJN) que condenó al Estado Nacional, la Provincia de
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recomponer el
daño ambiental producido en la cuenca. Ha transcurrido casi una
década y todavía persisten debilidades en el control, seguimiento y
la falta de una mirada verdaderamente integral de gestión.
Las
organizaciones denuncian que el control de vertidos y emisiones, la
normativa de vertidos y el uso elegido para la calidad de agua del
Riachuelo resultan totalmente inadecuados para el saneamiento del río
y la mejora de la calidad de vida de la población. Las regulaciones
adoptadas por ACUMAR deberían haber reducido la contaminación, pero
no lo han hecho y, por el contrario, la mantienen.
A su vez hoy han
emergido nuevos y complejos problemas, que indican que los objetivos
impuestos por el máximo tribunal se encuentran altamente
incumplidos. Las falencias que persisten afectan tanto al control
sobre las principales fuentes de contaminación (los establecimientos
industriales, basurales a cielo abierto y efluentes cloacales), como
al acceso a bienes y servicios indispensables tales como agua
potable, saneamiento cloacal, vivienda y salud, que inciden en la
vulnerabilidad de la población.
En materia de
hábitat para los sectores vulnerados, la situación es altamente
problemática. En el año 2010 se elaboró el Plan de Urbanización
de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca
Matanza Riachuelo (plan Marco) que prevé 17.771 soluciones
habitacionales. Sin embargo, su cumplimiento ha sido muy bajo (solo
el 35 % de los hogares han sido realojados) y reiteradamente se ha
incurrido en graves violaciones a los derechos de las personas que
han sido relocalizadas en los complejos habitacionales.
En lo que refiere
a la permanencia de basurales a cielo abierto constituyen uno de las
tres principales fuentes de contaminación de la cuenca. Según datos
de ACUMAR 1.8 millones de metros cúbicos de residuos sólidos son
los que se acumulan en este tipo de basurales.
A su vez, aúnno
se generaron capacidades para evaluar la situación de salud
ambiental y tampoco se articuló una intervención de las distintas
áreas de ACUMAR para reducir la exposición de poblaciones
especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación.
A 9 años del
dictado del fallo, las organizaciones que forman parte del cuerpo
colegiado siguen reclamando que el caso deje de ser una continuidad
de decisiones, controles y retos judiciales para transformarse en una
Política de Estado, que atienda las necesidades de quienes habitan
uno de los espacios territoriales más degradados del país.
Fuente:
El Riachuelo condenado a un triste futuro, 07/07/17, Greenpeace Argentina. Consultado 08/07/17.
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