Con los desechos
del otro lado. Un informe del Ministerio de Ambiente sostiene que la
minera que opera en Los Pelambres arrojó ya más de 55 millones de
toneladas de residuos del lado argentino. Piden que la Justicia
federal cite a los responsables.
Un estudio del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
difundido este fin de semana, concluyó que los más de 55 millones
de toneladas de residuos vertidos del lado argentino, en la provincia
de San Juan, por la mina de cobre Los Pelambres que opera del lado
chileno, son peligrosos y contaminantes: aportan metales pesados a
los cursos de agua de la zona. En vegas cercanas se encontraron
valores hasta 71 mil veces por encima de lo que marca la ley nacional
de Residuos Peligrosos. El peritaje forma parte de la causa judicial
iniciada por la minera suiza Glencore, que explota un yacimiento en
Calingasta, contra la empresa chilena porque los residuos fueron
arrojados en sus terrenos. Con el informe en la mano, el gobernador
sanjuanino, Sergio Uñac, instruyó al fiscal de Estado, Jorge Albo,
para que se haga parte en la causa penal que exige a la minera
Antofagasta Minerals, operadora de Pelambres, que desmantele el
basurero mineral. Sin embargo, el abogado Diego Seguí, quien junto
al senador Fernando “Pino” Solanas forma parte de la causa
ambiental contra la minera, sostuvo ante este diario que “está
bien que Uñac se sume, pero llega tarde. Él firmó el convenio con
la empresa que le permite aislar la escombrera sin removerla. Después
dijo que daba de baja el acuerdo, algo que jurídicamente no tienen
ningún valor. Por eso, nosotros pedimos la nulidad e
inconstitucionalidad del convenio y la remediación ambiental y
remoción de los residuos, algo que la vía penal no resuelve”. El
abogado señaló, además, que el camino para resolver el conflicto
binacional es la diplomacia, pero ésta incluye una trama que
involucra del lado chileno “a la ministra de Minería (Aurora
Williams), una ex gerenta de la empresa Antofagasta, y del lado
argentino al abogado de Pelambres, Ricardo Gil Lavedra”, el
coordinador general del programa Justicia 2020, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. “La cuestión judicial va a ser muy
prolongada, la vía es la diplomática, y nunca la metió en agenda
ni la ex canciller (Susana) Malcorra ni (Mauricio) Macri ni Uñac, y
han estado varias veces con la presidenta de Chile”, agregó.
Según el
diagnóstico encargado por el Juzgado Federal N°2 de San Juan -a
cargo de Leopoldo Rago Gallo-, los desechos de la Escombrera Cerro
Amarillo “siguen siendo una fuente de alteración de la naturaleza
y un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados con
potencial de producir daño ambiental”. Advierte que la escombrera
afectó directamente a 52 hectáreas y que los desperdicios redujeron
un 53 por ciento de los espejos de agua.
Los peritos
informaron que las zonas de agua más cercanas al basurero minero
tienen altas concentraciones de sulfatos y metales pesados,
fundamentalmente de cobre.
Además, el
informe señala que hay “una gran posibilidad” de que los metales
pesados lleguen a los suelos y a las napas, lo cual “podría
afectar con contaminación el río Carnicería”, uno de los
afluentes del río San Juan, que abastece de agua para consumo
humano.
Las tareas de
peritaje incluyeron pruebas químicas sobre suelo y aguas de la
escombrera; estudios planimétricos y registros fotográficos para
establecer la dimensión total del depósito de minerales; un estudio
de impacto ambiental y localización y estado de las reservas de agua
ubicadas en lagunas, vertientes o cualquier tipo de cuenca hídrica.
El basural de
rocas, que alcanzó las 105 hectáreas de extensión y unos 70 metros
de altura, comenzó a construirse en 2004, cuando el gobierno chileno
autorizó a Antofagasta la instalación de la escombrera Cerro
Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de
cobre más grande del mundo.
En el lugar se
arrojaron, entre 2007 y 2012, todos los desechos de la mina,
incluyendo más de 500 neumáticos y las rocas llamadas estériles
porque carecen de valor comercial por el nulo contenido de minerales,
pero que drenan líquidos ácidos producto del proceso de lixiviación
con cianuro al que son sometidas.
En 2014, la
minera Glencore, que desarrolla el proyecto de explotación de cobre
El Pachón, en Calingasta, adyacente a Pelambres pero del lado
argentino, inició una demanda civil contra la empresa chilena por
usurpación de terreno y reclamó la mudanza de los desechos.
La minera
Antofagasta, controlada por el Grupo Luksic (uno de los más
importantes de Chile) se defendió ante la justicia alegando que los
mapas chilenos con los que contaban indicaban que el territorio
ocupado por la escombrera eran de Chile, y que los límites cambiaron
en 2012.
Sin embargo, ese
año se reforzaron los límites pero no cambiaron. Además, la zona
ocupada nunca estuvo bajo litigio con el país vecino.
Un año después,
Glencore sumó una causa penal contra los ex gerentes de la firma:
Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls, así
como el actual titular de la empresa, Francisco Velos.
El abogado
ambientalista Seguí explicó que “hay por un lado un juicio penal
iniciado por Glencore, y otro de naturaleza ambiental. En la causa
penal se avanzó hasta el grado de tomarle declaración a tres
gerentes de Pelambre, que tuvieron que ir a San Juan a declarar. En
la causa ambiental, en la cual intervenimos, pedimos la nulidad y la
inconstitucionalidad de lo que firmó Uñac porque ningún gobernador
puede disponer del territorio nacional, es una cuestión federal que
tiene que ser tratada por el Congreso”.
“La
homologación del convenio la pudimos parar en la Cámara Federal de
Mendoza, que rechazó además el planteo de los abogados de la
empresa, entre ellos Gil Lavedra, de no querer someterse a la
justicia argentina porque según ellos no sabían que estaban
arrojando residuos en territorio argentino, algo insostenible”,
agregó.
Finalmente, Seguí
señaló que “el juez federal Miguel Ángel Gálvez está
sustanciando la nulidad e inconstitucionalidad que es el único
camino para dar de baja el convenio que firmó Uñac”, y adelantó
que si lo declara nulo “va a tener que remover la escombrera”.
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Fuente:
Denuncian que una minera chilena arroja basura del lado argentino, 11/07/17, Página/12.
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