Una causa
judicial federal en Estados Unidos investiga pagos de Monsanto. Monsanto es
investigado por el juez federal de California, Vince Chhabria,
acusado de haber pagado 250 mil dólares a científicos para enunciar
que el glifosato no es dañino a la salud. La revista Science publicó
una investigación al respecto.
Corrupción en el
mundo científico, agrotóxicos cuestionados y empresas que manipulan
estudios y funcionarios. Puede ser la trama de una película, pero es
lo que sucede en Estados Unidos con Monsanto y la relación con
académicos para que oculten las consecuencias del herbicida
glifosato. Así se desprende de la causa judicial que tramita en
juzgados federales y fue revelada por la prensa de ese país. La
revista Science, espacio de referencia del establishment científico,
precisó que se pagaban hasta 250.000 dólares para que científicos
defiendan al agrotóxico. El autor sospechado, Gary Williams, había
sido destacado por académicos argentinos para defender al glifosato.
“Surgen nuevas
dudas sobre la seguridad del herbicida Roundup (marca comercial del
glifosato) de Monsanto”, tituló el diario The New York Times en
marzo pasado. El juez federal de California Vince Chhabria, a cargo
de un juicio de personas con cáncer expuestas a glifosato, permitió
el acceso a documentos del expediente, entre ellos correos internos
de Monsanto.
Los documentos
revelan que la empresa desarrolla “estudios” que luego son
firmados por científicos externos (fuera de toda ética académica),
señala que contaba con vínculos con funcionarios que debían
controlar la toxicidad del glifosato (de la Agencia de Protección
Ambiental -EPA, por sus siglas en inglés-) y confirma que dentro
de la misma Agencia hubo opiniones divididas sobre las consecuencias
en la salud del agrotóxico.
The New York
Times, en base a documentos judiciales, confirmó que Jess Rowland
(subdirector de la EPA) alertó a Monsanto sobre un posible dictamen
desfavorable meses antes de su publicación. La empresa tuvo tiempo
para su campaña de lobby político-científica y frenar la negativa.
Los mismos documentos de Monsanto reconocen que Rowland les había
“prometido resistir el esfuerzo del Departamento de Salud que
buscaba realizar su propia revisión (del glifosato)”.
Dan Jenkins,
ejecutivo de Monsanto, explcitó en un correo electrónico que
Rowland le había dicho: “Si puedo darle un carpetazo a esto
(frenar dictamen negativo al glifosato), mereceré una medalla”. La
EPA finalmente no cuestionó la toxicidad del glifosato. Otras
agencias regulatorias del mundo (incluido Argentina) toman esa
evaluación como referencia para permitir el uso de agrotóxicos.
El herbicida
glifosato es el más utilizado del agronegocio actual, pilar del
modelo transgénico (soja, maíz y algodón). Se aplica en más de 28
millones de hectáreas de Argentina. Entre los productores del
herbicida figuran Syngenta, Monsanto, Basf, Bayer, Dupont, Dow
Agrosciences, Atanor, YPF y Nidera. Se utilizan más de 200 millones
de litros al año.
Sólo en
Argentina hay más de cien publicaciones científicas de
universidades públicas que dan cuenta de sus consecuencias en el
ambiente (de la UBA, La Plata, Río Cuarto, Córdoba, Rosario,
Litoral, Nordeste, entre otras). Sin embargo, en 2009, una comisión
especial del Ministerio de Ciencia y de Salud elaboró una
recopilación de investigaciones, llamada “Evaluación de la
información científica vinculada al glifosato en su incidencia
sobre la salud y el ambiente”. Concluyó que faltaban estudios para
confirmar el impacto en la salud. Fue muy cuestionado por
organizaciones sociales y científicos de universidades públicas.
El informe
oficial citaba de manera reiterada, como defensa del glifosato, al
académico Gary Williams, presentado como “independiente”.
Fernando Mañas,
investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), alertó
en 2009 a PáginaI12 que Gary Williams era un escriba de Monsanto.
Ocho años después, mediante los documentos judiciales de Estados
Unidos, se confirma que Williams estaba vinculado a la empresa.
En 2015, la
Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC),
ámbito especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
estableció directa vinculación entre el glifosato y el cáncer (en
una escala de 1 a 5, lo ubicó en segundo nivel de vinculación a la
enfermedad). Y confirmó que produce daño genético. Monsanto, que
utilizaba la postura de la OMS como escudo, pasó a llamarla “ciencia
basura”.
El portal de
internet Sciencemag es una suerte de boletín académico-técnico que
edita la revista Science. En un artículo de Warren Cornwall abordó
la trama de corrupción. Intentó comunicarse con Gary Williams, que
según la información del tribunal federal de California puso su
nombre en un documento de 2000 páginas que habrían sido escritas
por los empleados de Monsanto. El trabajo afirmaba que el glifosato
no afectaba la salud.
“Los
documentos, incluyendo correos electrónicos internos de 2015,
revelan las estrategias de Monsanto sobre maneras de trabajar con
académicos para instalar el mensaje de la compañía”, cuestiona
el artículo de Science.
Los ejecutivos de
Monsanto evalúan incluso precios de producción de hasta 250.000
dólares. Un correo electrónico de William Heydens, ejecutivo de
Monsanto, sugirió recortar costos mediante la contratación de
expertos y la ‘redacción fantasma’. Y precisó que eso hicieron
en el 2000 con “Williams, Kroes y Munro” (Gary Williams, Robert
Kroes, Ian Munro).
Pearl Robertson,
abogada de Nueva York que representa a demandantes contra Monsanto,
afirmó que lo revelado en la causa judicial confirma “un patrón
marcado por Monsanto que trata de moldear la ciencia alrededor del
glifosato”.
Un grupo de
trabajo
Documentos de la
causa judicial revelaron que otro investigador mencionado por
Monsanto es David Kirkland, un toxicólogo que en 2016 escribió
junto a Gary Williams un artículo crítico a la decisión de la IARC
sobre el glifosato y su vinculación al cáncer. Kirkland trabaja
como consultor privado y fue contratado por Monsanto en un grupo de
trabajo y lobby sobre glifosato en Europa. La nueva prueba de
complicidades entre empresas y científicos circuló durante semanas
en toda América y Europa entre científicos críticos y
organizaciones sociales que cuestionan al agronegocio. Pero fue
omitida por los grandes medios vinculados al agronegocio y al
establishment científico.
Un grupo de trabajo, 10/07/17, Página/12. Consultado 10/07/17.
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