La pelea entre
Santa Ana y Cormecor parecía, hasta ayer, seguir los pasos del caso
Monsanto.
por Virginia
Guevara
Lejos de
solucionarse, el largo conflicto en torno del complejo ambiental que
proyecta Cormecor para tratar por 30 años toda la basura del Gran
Córdoba llegó ayer a su punto de mayor tensión.
El Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) ratificó lo que ya había dicho la Cámara
Contencioso Administrativa: que hay que revisar si ese proyecto -al
que la Secretaría de Ambiente de la Provincia ya le otorgó la
licencia ambiental- cumple con todas las exigencias de la ley
provincial en la materia. Y que mientras eso no esté claro, ninguna
obra puede iniciarse en el predio cercano a Villa Parque Santa Ana.
El TSJ fue más
allá. Consideró que el episodio meteorológico que terminó con el
colapso de la planta de residuos peligrosos de Taym merece ser tenido
en cuenta, al igual que las opiniones técnicas y vecinales vertidas
en la audiencia pública.
Además, ordenó
a Cormecor que no tome decisiones administrativas que puedan dar
derechos a terceros hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Sin decirlo, los jueces parecen indicar que no debe ser contratada
para la construcción del complejo ambiental ninguna empresa -la
principal candidata es la UTE Urbaser-Cotreco-Petramas- que luego
vaya a reclamar indemnizaciones en caso de que la Justicia determine
que el proyecto no puede hacerse.
El TSJ parece ser
el primer poder del Estado en reconocer
la magnitud del conflicto
que rodea al proyecto de Cormecor. En especial, en percibir que el
frente judicial no es precisamente el principal problema.
El conflicto real
es que el
propio Estado vuelve a fallar a
la hora de despejar
con participación, transparencia y estudios técnicos
incuestionables los infinitos temores de los vecinos ante un
megaemprendimiento que nadie quiere tener cerca. Es la autorización
de la Secretaría de Ambiente a Cormecor lo que está en discusión.
Las similitudes
de este conflicto con el que rodeó a la fallida instalación de
Monsanto en Malvinas Argentinas son muchas. Lo resuelto ayer por el
TSJ marca una primera diferencia sustancial: en circunstancias
todavía más complicadas, años atrás el máximo organismo judicial
había autorizado que la multinacional realizara las obras civiles
para instalar su planta de maíz. Esa decisión dio lugar a un
bloqueo vecinal que sólo se levantó cuando Monsanto vendió el
predio de Malvinas.
Esta vez, el TSJ
le prohibió taxativamente a Cormecor cualquier intervención en el
predio. Tal vez sea este el punto de partida para una negociación
imprescindible.
Fuente:
Virginia Guevara, Primera gran diferencia con Monsanto y Malvinas, 20/05/17, La Voz del Interior. Consultado 23/05/17.
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