Denuncias por la
situación del agua que se consume en la ciudad de Córdoba. El desborde de
una planta que trata residuos peligrosos afectó el canal desde donde
se toma el agua para la red domiciliaria. La empresa, del Grupo
Roggio, y el gobierno provincial aseguran que todo está bien, pero
los ambientalistas desconfían y denuncian conflictos de intereses.
por Leonardo
Rossi
Desde Córdoba.Horas después
del desborde de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym
la semana pasada, que afectó al canal que desemboca en el centro que
potabiliza el agua que abastece a un tercio de la ciudad de Córdoba
se tomaron muestras en la zona que arrojaron contaminación con
“desechos industriales”. La fiscalía de Alta Gracia que
investiga el caso dispuso el secreto de sumario, pero en la mañana
del martes filtró esa información. Los estudios a cargo de los
organismos oficiales, y los de la propia empresa Aguas Cordobesas
(Roggio), de los mismos propietarios de Taym y también a cargo del
canal Los Molinos, genera desconfianza en las organizaciones
ambientales. Por ese motivo, investigadores independientes tomaron
sus propias muestras, que serán presentadas en la causa. “Se está
violando un derecho básico que es el de tener información confiable
sobre el estado del agua para consumo humano”, planteó a PáginaI12
Carlos Quintana, abogado que aportará esta información al Poder
Judicial.
Información
contaminada
La noche del 29
de marzo, Policía Ambiental de la provincia tomó muestras en zonas
previas al ingreso a la planta que reflejaron la presencia de
contaminantes industriales y de agroquímicos, consignó Radio
Universidad. Esta situación no impidió que antes de las 48 horas
posteriores al evento, y luego de que el Ente Regulador de Servicios
Públicos (Provincia) publicara parte de los informes realizados por
Aguas Cordobesas y por el Centro de Investigación y Transferencia en
Ingeniería Química Ambiental (CIQA-UTN), el servicio de agua
corriente volviera a ser puesto en funcionamiento. Según informó
públicamente el ministro de Agua y Ambiente, Fabián López, los
estudios correspondientes a la calidad del agua que salía para la
red de la ciudad capital habilitaron a tomar esa decisión. Por otro
lado, dijo, corre la investigación por la contaminación ambiental
que pueda haberse provocado en la zona de influencia, ubicada 15
kilómetros al sudoeste de la capital provincial. Desde el día de la
inundación, la empresa permanece clausurada por orden de la
Provincia.
Los
cuestionamientos a los estudios técnicos sobre la contaminación que
podría haber generado el desborde de Taym se fundan en la falta de
dependencia de Aguas Cordobesas, al estar Roggio a cargo de ambas
compañías, y en que el CIQA tiene, según figura en la web del
organismo, como codirector a Javier Britch, actual secretario de
Ambiente de la Provincia. Desde el gobierno minimizaron la situación:
informaron que el funcionario está en uso de licencia de ese cargo
universitario, y que se enviaron a realizar estudios a otras
dependencias como el ente autárquico Ceprocor.
A la mañana
siguiente de ocurrido el incidente en Taym, los abogados Quintana y
Darío Ávila acompañaron a vecinos de la planta de desechos
industriales con una presentación en la Unidad Fiscal para la
Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente a cargo de Ramiro
González, quien aceptó la denuncia. De esa forma, se buscó contar
con el aporte técnico de actores federales. Quintana indicó que
“las garantías no estaban dadas para confiar en la información de
la empresa y de la Provincia, por eso se apeló a la Ufima, y además
se realizaron muestras particulares que se incorporarán al
constituirnos como querellantes”. En las últimas horas, los
abogados convocaron técnicos independientes para realizar muestreos
de suelo en diversos puntos que pudieron ser afectados por el
escurrimiento derivado de Taym.
Acerca de los
datos ventilados desde la fiscalía, el abogado sostuvo: “La
presencia de agroquímicos era esperable, por ser una zona agrícola,
ahora los residuos industriales, y otros como aceite de avión y
hierro que se mencionan ya dan otro indicio”. De todas formas, “en
una semana tendremos nuestros propios informes, y nos darán un
panorama completo”.
Lo que ya está a
la vista
Quintana pone el
foco en un tema que quedó en segundo plano y es el impacto ambiental
en los vecinos más próximos a la planta, como los de Villa Parque
Santa Ana, ocho kilómetros al oeste de Taym. “Hay población que
se abastece de los pozos que están en esa zona, y hay gente que vive
en los alrededores, ahí no hay dudas que tenemos un gran problema”.
Por su parte, el
tutor de la licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad
Siglo XXI, Francisco César, planteó ante este diario que “en
materia ambiental siempre debe suponerse el peor de los casos, y en
éste en particular por los materiales que se tratan más aún”.
“Son la empresa y el Estado los que deben brindar toda la
información para demostrar lo contrario a la ciudadanía”.
Situación que a una semana del incidente no fue resuelta. Por otra
parte, este investigador plantea que “deberían muestrearse de
forma urgente unos 50 kilómetros cuadrados en los alrededores de la
planta, determinar con exactitud si hay y qué tipo de contaminación,
y generarse un plan serio de remediación”.
Francisco César
apuntó que “además habrá que ver el orden de responsabilidades
por el desborde de la planta, que tiene que tener un cálculo de
ingeniería para contener lluvias mucho más fuertes que las que
tuvimos la semana pasada”. Dado este escenario, Quintana espera que
“de confirmarse la contaminación y afectación del ambiente o la
salud de los vecinos, caiga sobre los responsables todo el peso de la
ley de Residuos Peligrosos (24.051), que tiene penas de tres a diez
años de prisión”. “Por lo pronto, y con lo que ya está a la
vista, pedimos que por lo menos la provincia pida la renuncia del
secretario de Ambiente Javier Britch”, remató el abogado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario