Larga vida a los grandes conflictos urbanos

El ordenamiento no es prioritario, mientras no haya una explosión.

por Virginia Guevara

La empresa que procesa uranio, en pleno barrio Alta Córdoba, para fabricar un compuesto que se usa para hacer el combustible de las centrales atómicas había sido clausurada hace dos años por la peligrosidad de los materiales que manipula, por incumplir sus promesas de traslado de 58 mil toneladas de residuos radiactivos y por violar durante décadas la normativa municipal sobre radicaciones industriales.

Nada cambió desde el momento de la clausura en Dioxitek. Pero todos esos riesgos e incumplimientos ahora parecen ser parte del pasado: podrá seguir funcionando.

La pelea entre la Comisión Nacional de Energía Atómica -propietaria de Dioxitek- y el municipio se remonta a los ’90, cuando el exintendente Rubén Martí llegó a impedir el ingreso a la ciudad de los camiones con uranio. Desde entonces, la cantidad de anuncios de relocalización de esa planta de uranio tendieron al infinito. Ninguno se concretó.

Hace dos años, luego de fracasar en numerosas negociaciones con el gobierno kirchnerista y de que explotó la Química Raponi en Alta Córdoba, el intendente Ramón Mestre clausuró Dioxitek “definitivamente”. Ahora, en buena relación con el gobierno macrista, aceptó la reapertura. La Justicia federal facilitó el escenario que permitirá reducir los costos políticos y dejó establecidas las condiciones para el cierre definitivo, dentro de 24 meses.

Años atrás, además de las entidades ambientalistas, eran los propios vecinos de Alta Córdoba los más preocupados por Dioxitek y sus riesgos potenciales. Ahora, muchos de esos vecinos agradecen la reapertura: temían que el predio fuera usurpado y que se extendiera a esa zona la villa Los Galpones, que les complica la vida. Sorprende el grado de avance de la ciudad y de la forma en que “evolucionan” las preocupaciones de los vecinos.

Dioxitek es un ejemplo. En igual situación irregular de funcionamiento hay centenares de industrias -al menos 200, según la estimación municipal- que siguen operando en zonas residenciales de la Capital, pese a que la norma que ordena su reubicación es de mediados de los ’80. Y está claro que ese ordenamiento no es prioritario para nadie, mientras no haya una explosión o un conflicto con los vecinos.

La dificultad de la ciudad para resolver los problemas que requieren decisiones políticas firmes y políticas públicas de largo plazo es cada vez mayor. Los problemas se agravan sin pausa a medida que se van sucediendo las gestiones.

Sobran los ejemplos. Además de las radicaciones industriales, el manejo integral de la basura, el saneamiento o la imparable extensión de la mancha urbana, pese a que todos los urbanistas -incluidos los que son funcionarios municipales- reiteran que la ciudad se hará más inviable a medida que se expanda en el territorio. Sin embargo, es el propio municipio el que alienta urbanizaciones en sitios remotos con beneficios para desarrollistas.

En muchos de estos frentes, la ciudad avanza retrocediendo. Gestión tras gestión.

La basura ofrece otro ejemplo. El complejo de Cormecor avanza en los planes de negocio, pero seguirá muy lejos del terreno si no aparecen los argumentos y los mediadores eficientes entre los municipios y los vecinos de Villa Parque Santa Ana, que siguen sin aceptar esa radicación.

Así como Dioxitek antes era malo para la ciudad y ahora puede funcionar, es posible que en breve alguien explique los beneficios de extender la vida útil del actual enterramiento de Piedra Blanca, precario desde el vamos y con pocos meses más de capacidad.

Fuente:

Virginia Guevara, Larga vida a los grandes conflictos urbanos, 14/01/17, La Voz del Interior. Consultado 14/01/17.