por Diego Cabrol
El Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN) que reglamenta la Ley Nacional de Protección Ambiental de los Bosques Nativos debe renovarse en cada provincia cada cinco años. Luego de una conflictiva reglamentación en 2010 en Córdoba, el gobierno provincial con plazos vencidos decidió este año abrir una “mesa de diálogo” con representantes de distintas entidades buscando transitar una actualización con mayor consenso y menor conflictividad.
En 2010 el
proceso tuvo muchas irregularidades y fue acompañado de marchas y
fuertes declaraciones de los distintos actores implicados que
reclamaban al oficialismo provincial una reglamentación acorde a sus
demandas. En esa oportunidad se presentaron en la Legislatura dos
proyectos de reglamentación de bosques. Uno elaborado por la
Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (COTBN) que,
en un proceso participativo (de casi dos años) tuvo fuerte apoyo de
sectores académicos, organizaciones ambientalistas y el Movimiento
Campesino de Córdoba (MCC). El otro, elaborado por Confederación de
Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), se presentó con el
aval de otras entidades rurales como Federación Agraria Argentina
(FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
El proyecto
finalmente aprobado en legislatura cordobesa (más cercano al de
CARTEZ), no cumplía con los requisitos mínimos que exigía la Ley
nacional y presentaba importantes falencias técnicas. Esto
inhabilitó a la Provincia a recibir las compensaciones que
contemplaba la ley hasta que, por decreto del gobernador, la
reglamentación tuvo que ser adecuada en agosto de 2013 a la ley
nacional. El proyecto aprobado originalmente fue fuertemente
criticado por los sectores del empresariado rural y por los sectores
enmarcados en la COTBN.
Buscando evadir
los costos políticos que significó la reglamentación de 2010, la
provincia convocó en agosto a una mesa de diálogo a representantes
de sectores del empresariado rural (CARTEZ y FAA), el Movimiento
Campesino de Córdoba, el Foro Ambiental Córdoba, el INTA, la
Universidad Nacional de Río Cuarto, el Instituto de Derecho
Ambiental de la UCC, la Policía Ambiental y funcionarios
provinciales (por agricultura y ambiente) para discutir la
actualización requerida por la ley nacional.
En una primera
etapa la mesa sirvió para el intercambio de distintos sectores con
amplitud de criterios. Pero a fines de septiembre representantes de
Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO CARTEZ y FAA, desconociendo el
espacio de diálogo que seguía en funcionamiento, presentaron en la
legislatura un proyecto de OTBN posicionándose sobre las bases de la
nueva reglamentación.
La argumentación
de esta propuesta se centra en la idea de que los ecosistemas con
algún nivel de deterioro no se recuperan sin la intervención humana
y proponen habilitar actividades productivas en todos ellos. Esta
idea fue rebatida holgadamente por técnicos y ecólogos en un
documento público. En este no solo se cuestiona la actividad
ganadera empresarial como factor de recuperación del bosque nativo
sino que deja plasmado que la enorme pérdida del mismo está
vinculada al avance de la frontera agropecuaria sobre estos.
Consultado por el
proceso el biólogo Aníbal Cuchietti, del Instituto
Multidisciplinario de Biología Vegetal (CONICET-UNC), miembro del
Foro Ambiental Córdoba y participante de la mesa de diálogo de la
provincia comentó: “Entendemos que la provincia quiere tener una
nueva reglamentación de OTBN este año. Nosotros decidimos
participar de la mesa que convocó la provincia como un espacio
participativo y constructivo para poder aportar la información
científica preexistente necesaria para desarrollar un OTBN lo más
correcto posible”. “De todas formas, en base a las instancias
anteriores de OTBN, podía pasar que algún actor decidiera jugar
por afuera de la mesa de diálogo mostrando sus intereses tanto en
los medios como directamente con los legisladores”, agregó.
La protección de
los bosques nativos además de los numerosos servicios ecosistémicos
que brindan a toda la sociedad (regulación hídrica, regulación
climática, reserva de biodiversidad, arraigo cultural, actividades
productivas de baja intensidad, entre otras) implica también la
posibilidad de que numerosas familias campesinas que utilizan estos
bosques puedan permanecer en el campo.
La provincia de
Córdoba, que contaba a comienzos del siglo XX con 12 millones de
hectáreas de bosque nativo, en la actualidad tiene menos del 5 % de
esa superficie. El avance de la empresa agropecuaria sobre el bosque
está vinculado a los procesos de desmonte, desalojo y éxodo
campesinos. La reglamentación aprobada en 2010 restringió este
proceso y sobre esta limitación es que hoy quieren avanzar los
sectores empresariales del agro.
Diego Cabrol,
desde Córdoba.
Fuente:
Diego Cabrol, Los bosques nativos de Córdoba en peligro, 02/11/16, Notas periodismo popular. Consultado 03/11/16.
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