Hoy
se cumple un año del mayor accidente ambiental de la minería
argentina. Infobae conversó con dos arrepentidos.
por
Juan Parrilla
Hubo
un plan. Quizás no fue sistemático y buena parte se fue tejiendo
sobre la marcha, pero desde el minuto cero Barrick Gold hizo todo lo
posible para ocultar lo que pasó y minimizar sus consecuencias,
muchas veces con la complicidad del gobierno provincial. Hoy se
cumple un año del mayor accidente ambiental de la historia de la
minería argentina, que en rigor de verdad comenzó en la noche del
12 de septiembre del año pasado, pero que se recuerda al día
siguiente, cuando se filtró el dato, porque los empleados del
yacimiento Veladero, en San Juan, les advirtieron a sus familias que
vivían río abajo, que no tomen agua, porque se había derramado la
solución con cianuro y otros metales pesados que se usa para separar
la roca del metal.
Primero
lo negó. Durante días rechazó las acusaciones, pese a que ya había
notificado del accidente al gobierno de San Juan, que ofició de
socio en esta trama. Luego dijo que fueron 15 mil litros de agua
cianurada, más tarde 224 mil y finalmente 1 millón, aunque la cifra
real es mucho (¡mucho!) mayor. Barrick Gold hizo todo lo posible
para que la verdad no salga a la luz. Y lo consiguió. Hoy ni
siquiera se sabe la composición exacta de la solución que se
derramó al río Potrerillos, aunque en la Justicia la minera
canadiense fue más sincera que en público y reconoció que contaminó los alrededores de su yacimiento.
El
último 6 de abril, Barrick Gold pidió perdón "por el
incidente" en un comunicado con olor a propaganda. Pero no
aclaró sobre qué tenía que disculparse, si por ocultar, por mentir
o por manipular los análisis de agua. Fue un arrepentimiento a
medias, que se anticipó a algo que dos fuentes consultadas por
Infobae coinciden que ya estaba pautado de antemano: esa misma
semana, el gobierno de San Juan le impuso a Barrick Gold la multa más alta que contempla la legislación argentina: 145.696.000 pesos. Sin
embargo, fue un vuelto: sobra una semana de explotación de Veladero
para juntar esa suma. "Perdón más multa" fue la fórmula
marketinera con la que se intentó poner fin a las acusaciones. Y el
tema casi que se esfumó de los medios sanjuaninos.
Mientras
tanto, el gobierno de San Juan contrató a la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para que analice el agua
en los alrededores de Veladero con el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Se las presentó como
dos instituciones sólidas e independientes, pese a que en el sector
ambientalista tienen pésima fama.
Algunas
aclaraciones:
- La
UNOPS participó de la creación del Código Internacional para el
Manejo del Cianuro que regía en Veladero, pero los que intervinieron
en esas discusiones aseguran que no objetó a la industria minera,
que terminó imponiendo su voluntad.
- El
gobierno provincial y la UNOPS habían firmado en 2014 un convenio
por 2.147.346 dólares para que el organismo fiscalice la actividad
minera, por lo que no sólo tenían una relación previa y comercial
con el Ejecutivo, sino que iban a analizar un accidente en un
yacimiento que debían controlar.
- La
UNOPS contrató al laboratorio ALS CORPLAB, que trabajó para Barrick
Gold en Veladero y que tenía empleados en común.
Pero
lo más grave es lo que vino después y que terminó de embarrar
hasta el cogote el prestigio de las Naciones Unidas. Por un lado,
como explicó a Infobae el prestigioso hidrogeólogo estadounidense
Robert Morán, se midieron "concentraciones promedio" de
los metales pesados, que es una clásica estrategia para ocultar
impactos ambientales.
Por
otra parte, la UNOPS se prestó para un verdadero "show"
que montó el gobierno de San Juan al brindar los resultados de sus
mediciones. Primero, porque minaron la zona de policías, como parte
de la estrategia de presentar a los vecinos de Jáchal como
"ecoterroristas", pese a que la violencia no ha sido parte
de sus métodos. Y segundo, porque en lugar de reconocer que hubo
contaminación en la zona, como sus propios análisis confirmaron,
hicieron hincapié en que "no afectó a las poblaciones
cercanas", algo que aún así está discutido por los resultados
de otras mediciones de la Universidad Nacional de Cuyo, que
detectaron la presencia de metales pesados por encima de los límites
permitidos en las localidades de Mogna y Tamberías.
Hay
otras dos observaciones de Moran, que logró subir a Veladero como
perito independiente, que son fundamentales a la hora de entender lo
que ocurrió en Veladero. La primera es que nunca se va a saber el
verdadero impacto ambiental por la responsabilidad compartida de
Barrick Gold y el Gobierno de San Juan. ¿Por qué? Porque los
estudios de línea de base que realizó la minera y aprobó el
Ejecutivo, que son lo que permitiría comparar la calidad del agua
antes y después de la instalación de la mina, "están mal
hechos", en palabras del experto.
Infobae
pidió esas mediciones a Barrick Gold, pero desde la minera le
mandaron un link con miles y miles de páginas y estudios para
buscarlos allí.
La
otra observación de Robert Moran tiene que ver con la sustancia
derramada y sus consecuencias. "El problema no es el cianuro, sino los metales pesados, que son mucho más peligrosos",
sentenció en una entrevista con este medio.
A
través del laboratorio privado SGS, Barrick Gold venía midiendo
sistemáticamente una treintena de metales pesados en 13 puntos de
los alrededores de Veladero. Sin embargo, luego del derrame de
cianuro, dejaron de hacerlo, tal como confirmó Infobae, que tuvo
acceso a esas mediciones. ¿El motivo? Posiblemente, porque el
cianuro se diluye echando cal y agua, algo que hizo Barrick Gold -que
literalmente "lavó" el río-, mientras que otros elementos
no se pueden ocultar, como el cobre, el aluminio, el níquel, el
arsénico, el plomo o el boro. Fue una maniobra deliberada. En SGS
hubo mucho hartazgo entre los empleados, varios de los cuales
abandonaron la empresa.
Infobae
conversó con dos arrepentidos que vivieron todo este proceso desde
adentro y que pidieron reservar su identidad por temor a las
represalias. "Vivimos con miedo. Acá molieron a palos a una
mujer y la dejaron inconsciente en el medio de la calle y con el
cráneo roto por denunciar que la membrana que separa la solución
cianurada del suelo está rota", se excusó uno de ellos. "Hay
algunos ex empleados de Barrick Gold que hicieron denuncias y la
pasaron muy mal", completó.
"Se
ocultó todo, el daño, los derrames que hubo después y los valores
altísimos de cianuro que hubo incluso este año, además de las
grandes concentraciones de mercurio", resumió una de las
fuentes consultadas.
Una
aclaración de rigor: en SGS no saben dónde se toman las muestras. A
lo sumo pueden constatar que son agua de río. La toma corresponde a
Barrick Gold, que las envía en una heladera sellada con una hoja que
incluye la cadena de custodia. "Eso puede estar manipulado",
sentenció una de las fuentes. "Sabemos que en septiembre hubo
un derrame, pero si hubo otros, no lo vamos a saber a ciencia cierta,
porque pueden tomar las muestras donde quieren y nadie los va a
controlar", abundó.
Lo
que sí se sabe, como reveló Infobae en su momento, es que hubo tres derrames anteriores que no se hicieron públicos. Esa investigación
fue noticia en los principales diarios del mundo.
"Acá
todo está manipulado. Barrick Gold contrataba distintos paquetes de
SGS sobre lo que había que medir en cada muestra. Entonces, por
ejemplo, se medían los metales pesados en las aguas cloacales, pero
no en el río. O se medía la presencia de escherichia coli, pero
sólo en el agua de los bidones que le dan a sus empelados",
comentó uno de los arrepentidos.
La
presencia de escherichia coli en los ríos es uno de los temas de los
que casi no se habló post-derrame y quedó en la nada, por la
presión que se ejerció desde el gobierno provincial. El primer
estudio realizado por la UNCuyo detectó esa bacteria en el agua.
Pero según reveló El País Diario, el secretario de Gobierno de la
localidad de Jáchal, Cristian Romero, lo presentó en la Justicia
sin las hojas relativas a los análisis bacteriológicos, que
confirmaron algo negado rotundamente por Barrick Gold: que al menos
una parte de la orina y la materia de sus empleados terminaba en el
río.
Ese
estudio de la UNCuyo, como todos los que vinieron después y como los
de la Universidad Nacional de San Juan, detectaron altas
concentraciones de metales pesados en la zona, lo que generó la
furia del entonces gobernador José Luis Gioja, que repartió
insultos a los ambientalistas y a los medios que publicaron la
información. También llamó personalmente al rector Daniel Ricardo
Pizzi, a quien amenazó con arruinarle la vida. E intentó asustarlo
a través de una carta documento.
Pese
a los análisis de las universidades, Barrick Gold siguió haciendo
lo suyo a través de SGS. "Lo que más nos llamó la atención
es que los valores de cianuro siguieron altos, como si un hilo de
agua con cianuro estuviera cayendo constantemente durante un mes.
Recién ahí creemos que se terminó de solucionar el problema",
advirtió una fuente que participó de esos estudios. Y reveló:
"También estamos seguros que hubo otros derrames, porque pasaba
el tiempo y los valores seguían siendo altos, no tanto como el 13 y
14 de septiembre, cuando el agua empezó a bajar de la montaña, pero
sí por encima de lo normal".
Según
coincidieron las fuentes, luego del derrame se modificaron los
acuerdos de confidencialidad entre Barrick Gold y SGS, ampliando las
restricciones, y se multiplicaron las muestras que habitualmente eran
240 al mes y pasaron a ser más de 1.200.
A su
vez, una de las fuentes puso en duda la historia oficial, que reza
que el derrame se produjo por una válvula congelada. "Es
mentira, están hechas de un metal que no se puede congelar. Lo que
pasó es que había una compuerta que estaba rota, que ellos sabían
que estaba así, pero que ese día no la controlaron", indicó.
En la
causa consta que la compuerta efectivamente estaba abierta, pero
nunca quedó claro por qué. Y la famosa válvula que supuestamente
se congeló nunca se peritó, un dato más que sugestivo. No
obstante, varias fuentes consultadas están de acuerdo con que el
problema fue que Veladero se estaba sobreexplotando. Y de hecho,
cuando la Justicia suspendió la actividad en la mina por casi dos
semanas, alegó, justamente, que la cota del sistema de lixiviación,
es decir, el nivel de la pileta en la que se separan los metales de
la roca, estaba en rojo desde hacía varias semanas.
¿Cuánto
se derramó?
Además
del silencio, las presiones, amenazas y manipulaciones de los
análisis, hubo una estrategia clara para achicar el volumen
derramado. Infobae fue el primer medio en notar que Barrick Gold
había adulterado el cálculo, ya que el comunicado en el que informó
que eran 224 mil litros aclaraba que a esa cifra se llegaba
calculando el líquido que se fugó desde que se identificó el
derrame hasta que se solucionó. Es decir, no utilizaba como
parámetro el momento en que se empezó a filtrar. Pero si se tomaba
en cuenta el último control que había habido en la zona, podía ser hasta nueve veces mayor.
En
efecto, así fue. Seis días más tarde, Barrick Gold reconoció que derramó más de un millón de litros de solución cianurada al río
Potrerillos. Y aún así se quedó corta. Luego, por un error de un
medio local aliado que intentó refutar la información brindada por
Infobae, salió a la luz que el volumen en realidad era de 5 millones de litros, y que un poco más de un millón fueron los que habían
llegado al curso de agua.
No
obstante, todavía había más. Eso no era todo. La cifra era mayor,
como se comprobó cuando unos meses más tarde se filtró el borrador
de un informe encargado por la Subsecretaría de Control y
Fiscalización Ambiental, que durante varios meses fue ocultado,
hasta que sus empleados los entregaron a la prensa. Al ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, no le quedó otra
que presentarlo en la Justicia, pero lo hizo sin sus conclusiones más
contundentes. Lo modificó para beneficiar a Barrick Gold.
Ese
reporte tiene varias "bombas". Entre ellas, da cuenta de la
táctica a la que apeló la minera para manosear el cálculo y
achicar el volumen derramado. En concreto, Barrick Gold realizó una
"corrección a la lectura de un aforador", que es el
instrumento con el que se mide la cantidad de agua que circula por un
río. El aforador que está cerca de la desembocadura del río
Potrerillos en el río Las Taguas marcó, a la 21 horas del 12 de
septiembre -cuando el derrame ya había comenzado-, que la
profundidad del río era de 49,7 centímetros, pero la empresa sacó
sus conclusiones en base a una profundidad de 9,7 centímetros. En
otras palabras, disminuyó un quinto de su volumen y, según el
borrador en cuestión, dio lugar a "un error significativo".
A su
vez, el informe también advirtió que sin ningún tipo de argumento
Barrick Gold calculó que en la quebrada del río Potrerillos habrían
quedado 93 mil litros de la solución, aunque ese número es
meramente estimativo y -nuevamente- podría ser mucho mayor. Y sin
justificación, la minera informó oficialmente que donde se
detectaron 550 mg/l de cianuro en realidad había 55 mg/l.
Hubo
un último personaje clave en este entramado de engaños: el juez
federal Pablo Oritja, un vecino de Jáchal que por lo bajo había
prometido que iba a ser justo, pero que hizo un fallo a la medida de
Barrick Gold. La causa estaba dividida entre el fuero federal en la
Ciudad de Buenos Aires y San Juan, pero el magistrado determinó que
el derrame sólo había afectado a la provincia -pese a que la cuenca
termina en el océano-, lo que derivó en que el expediente se
quedara en un territorio cuyo Poder Judicial es decididamente
permeable a los intereses mineros. Y ayudó a crear esa imagen de
"vecinos-ambientalistas-terroristas" al pedir custodia
policial, pese a que nunca lo agredieron.
En
suma, nada de lo que pasó fue transparente. Y todavía hay muchas preguntas sin responder. ¿Dónde están los sedimentos contaminados
que Barrick Gold dijo que removió? ¿Por qué estaba abierta la
compuerta? ¿Algún empleado se vio afectado por el contacto de la
solución con el río? La incertidumbre tiene una sola explicación:
las grandes minas son verdaderos Estados paralelos en los que el
poder de las autoridades es insignificante. Lo que ocurre allí,
queda allí. Como en Las Vegas. Por eso, los vecinos de la zona
continúan pidiendo explicaciones, pero les siguen retaceando los
análisis que mes a mes realiza el municipio de Jáchal y que vuelven
a confirmar, una y otra vez, que el agua en Mogna y Tamberías está
contaminada. También propusieron hacer una consulta popular, pero ni
el macrismo ni el Frente para la Victoria los apoyaron. El motivo es
obvio. A la hora de hablar de megaminería, los políticos suelen
estar del mismo lado: cerca del oro.
Fuente:
Juan Parrilla jparrilla@infobae.com, Cómo fue el plan de Barrick Gold para ocultar la contaminación por elderrame de cianuro en San Juan, 13/09/16, Infobae. Consultado 13/09/16.
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