Organizaciones
ambientalistas entablaron una demanda para que la Justicia le ordene
al Senasa realizar un “análisis de riesgo” de los 400 herbicidas
registrados que contienen “glifosato”, para conseguir la
posterior prohibición de su uso y comercialización.
El objetivo es
conseguir la posterior prohibición de su uso y comercialización en
el país, a la luz de la recategorización de este agrotóxico
efectuada por la OMS el año pasado y de la eventual cancelación de
sus permisos en Europa.
Previsto en el
Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de
Productos Fitosanitarios del Senasa, el proceso de análisis de
riesgo fue instituido para “ayudar a la Autoridad Competente"
a establecer si se debe evaluar la cancelación o reclasificación
del registro de un producto fitosanitario, "cuando los usos
autorizados de ese producto puedan causar efectos adversos, en las
condiciones locales de uso, inaceptables tanto para la salud como
para el ambiente”, según puede leerse en la Resolución 350/99.
“Presentamos un
juicio ordinario contra el Estado después de haber agotado la vía
administrativa, porque el Senasa nos rechazó una presentación
similar que hicimos el año pasado", explicó a Télam Darío
Ávila, abogado de los Médicos de Pueblos Fumigados, una de las
organizaciones demandantes.
En esa
oportunidad presentaron “436 publicaciones científicas -nacionales
e internacionales, de universidades públicas y privadas- que dan
cuenta del efecto sanitario y ambiental del glifosato”, las mismas
que ahora están en poder de la Justicia Administrativa.
De ser abierto el procedimiento por la vía judicial, el Senasa deberá anoticiar a las empresas nacionales e internacionales que sean titulares de estas autorizaciones, “para que aporten evidencias propias que demuestren la inocuidad de sus productos", explicó Ávila.
De ser abierto el procedimiento por la vía judicial, el Senasa deberá anoticiar a las empresas nacionales e internacionales que sean titulares de estas autorizaciones, “para que aporten evidencias propias que demuestren la inocuidad de sus productos", explicó Ávila.
“Una vez que
tiene las dos visiones, el Senasa debe tomar una decisión aceptando
o rechazando el pedido de cancelar todas aquellas autorizaciones que
hubiera emitido a favor de productos que contengan glifosato”,
dijo.
Según datos
elaborados por Médicos de Pueblos Fumigados, son 28.000 las
hectáreas fumigadas cada año con 320 millones de litros, por “lo
que 13 millones de personas están en riesgo de ser afectadas” por
sus efectos.
La cordobesa
Sofía Gatica, premio Goldaman y referente de las Madres de Barrio
Ituzaingó que en 2012 ganaron el primer juicio oral contra un
productor agropecuario y un aerofumigador por contaminar a una
población, afirmó que “nosotros somos los damnificados del modelo
(agroproductivo) instalado en la Argentina” a mediados de los '90,
y consistente en la combinación de semillas transgénicas,
agrotóxicos y siembra directa.
“El 33 por
ciento de la población del Barrio Ituzaingó tiene cáncer, el 80
por ciento de los niños tiene agroquímicos en sangre y están
naciendo bebés con malformaciones: entonces estamos hablando de que
la gente se está enfermando y esto que nos está pasando a nosotros
está pasando en toda la Argentina y en América latina”, dijo.
Al momento de
denegar el reclamo administrativo presentado en agosto de 2015, el
Senasa argumentó que en 2009 el Conicet publicó un trabajo de cuyas
conclusiones se desprende que “respetando las condiciones de
aplicación establecidas en la etiqueta no existe riesgo de la
utilización del mismo” y que la evidencia aportada por las
organizaciones “no reviste la entidad científica suficiente”
como para desencadenar el procedimiento de análisis de riesgo.
El pasado 20 de
marzo del año pasado, la OMS recategorizó al glifosato como
“probable cancerígeno” y el próximo 30 de junio es la fecha
límite para que la Comisión Europea decida si le renueva o no el
permiso de uso por otros 15 años en el bloque de países.
Y si bien, al
principio esto se anunciaba como un procedimiento de rutina, la
renovación o no del glifosato se está convirtiendo en un verdadero
tira y afloja de los diversos países miembros de la UE que ya obligó
a posponer dos veces la votación para resolverlo.
Junto con los
Médicos de Pueblos Fumigados, promueven esta acción judicial las
Madres de Ituzaingó Anexo-Línea Fundadora, el Centro de Protección
a la Naturaleza y la Federación Sindical de Profesionales de la
Salud de la República Argentina (FESPROSA).
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