Quieren
redistribuir el destino final de los residuos; el plan incluye
plantas de tratamiento y más vertederos.
por
Laura
Rocha
El
cierre de todos los basurales a cielo abierto, la apertura de cuatro
nuevos rellenos sanitarios, la construcción de cinco plantas de
tratamiento biológico (MBT) y dos de termovalorización o
incineración -que transforman residuos en energía- integran el plan
de gestión ambiental a 2030 que se presentó en la provincia de
Buenos Aires hace 10 días. Los municipios deberán elaborar
alternativas para lo que descarten y controlar que no vuelvan a
aparecer los vuelcos clandestinos.
La
iniciativa tiene dos ejes. Por un lado, redistribuir por zonas las
17.109 toneladas de desechos que se generan en 39 partidos del gran
Buenos Aires y en la Capital. Actualmente, se depositan en tres
complejos ambientales: Norte III, González Catán y Ensenada; este
último debe cerrar a fines de año por orden judicial. Por el otro,
instaurar la separación de residuos como obligatoria en toda la
zona. Sólo lo que no puede ser recuperado va a ser enterrado.
Hoy
el sistema no está colapsado pero no tiene una buena distribución.
Las cifras pueden dar una idea de este concepto: hoy circulan por la
región metropolitana de Buenos Aires 2500 camiones recolectores de
39 municipios; si se pusiera un camión detrás de otro ocuparían 23
kilómetros, el largo que tiene la avenida General Paz. En 2030, las
17,7 millones de personas que vivan en la región generarán 24.920
toneladas diarias de desechos, que demandarían una logística de
traslado de 3900 camiones, según las proyecciones. Con su impacto y
sus costos correspondientes.
"Éste
es el momento porque no estamos en medio de una crisis. Podemos
pensar en el mediano y en el largo plazo, en un escenario de lucha
contra el cambio climático donde el enterramiento pase a ser el
último paso de un proceso virtuoso. Hay que pensar primero en
separar la basura, darle valor, generar energía y, sólo después de
todo esto, enviar lo que queda al relleno sanitario", explicó
Gustavo Coria, presidente de la Coordinación Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), una compañía estatal de
la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad.
La
iniciativa prevé la apertura de cuatro nuevos complejos ambientales.
Uno en la zona que recibiría y procesaría la basura de Zárate,
Campana, Exaltación de la Cruz y Escobar. Otro en el que se
procesarían los desechos de Mercedes, Luján, General Rodríguez,
Pilar, Moreno, Merlo, San Miguel, José C. Paz, San Martín,
Ituzaingó, Tres de Febrero, Malvinas Argentinas, Tigre, San
Fernando, San Miguel, Morón, San Isidro, Vicente López y la Ciudad
de Buenos Aires. El tercero deberá abrirse en el sur, como
consecuencia de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza
Riachuelo, para los partidos involucrados: Avellaneda, Lanús, La
Matanza, Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, San Vicente,
Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Presidente Perón,
Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. El cuarto
recibirá lo que se genera en Magdalena, La Plata, Brandsen, Ensenada
y Berisso.
Cada
complejo contará con plantas de separación de residuos y un relleno
sanitario. En el corredor norte y la zona de Acumar se plantea para
2023 incorporar la valorización térmica o incineración. Aunque no
hay números oficiales respecto de la inversión que implicaría el
proyecto, se estima que rondaría una inversión de unos 1000
millones de dólares.
Múltiples actores
El
plan fue presentado frente a unos 50 dirigentes comunales con la
presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai; el
director del Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Ricardo
Pagola, y el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman. Son
los intendentes los responsables del proceso y la disposición final
de residuos en sus distritos; sin embargo, pocos municipios
desarrollaron programas de reducción del enterramiento. Sólo la
Ciudad, por un compromiso asumido con la provincia en 2007, redujo
casi la mitad de lo que envía a rellenos sanitarios.
Sebastián
Cáceres, concejal del bloque FPV-PJ de San Miguel, reclama por los
perjuicios del relleno Norte III sobre su municipio. "Pedimos
que se controle el impacto en la zona. El olor también es
contaminación. Tiene que haber una política de Estado para empezar
a separar los residuos; también, estudios periódicos para evaluar
cómo se afecta a la población", dijo a La Nación Joaquín De
la Torre, intendente de San Miguel, ex Frente Renovador y que ahora
coquetea con Cambiemos, no quiso hacer declaraciones. Según sus
voceros, no fue invitado a la presentación del plan oficial.
Martín
Prieto, director ejecutivo de Greenpeace Argentina, impulsora de la
ley Basura Cero que rige en la Capital, advirtió: "La
termovalorización es una tecnología de combustión de residuos
sólidos urbanos (RSU). Como tal, está expresamente prohibida por la
ley. Los RSU de la ciudad no se pueden incinerar ni de este lado ni
del otro lado de la General Paz. Para no violar la ley, deberían
excluir del plan a los residuos porteños, que son la mayor parte".
En ese sentido, en la Ciudad evalúan cambiar la normativa, pero no
hay una urgencia ya que la tecnología se incorporaría dentro de
ocho años.
Alfonso
Coll Areco (Justicialismo bonaerense), presidente de la Comisión de
Ambiente del Senado provincial, opinó: "Creo que técnicamente
es la mejor solución la que propone Ceamse. Ahora hay que ver cómo
van a ejecutar el plan".
Hace
10 días, una planta de MBT empezó a funcionar en Ensenada. En
Ceamse creen que es el primer paso para reordenar el sistema. Con la
ampliación del relleno Norte III hacia terrenos de Campo de Mayo,
también se extiende la vida útil de ese vertedero. En el mismo
predio, se genera electricidad para unas 100.000 personas. Es el
modelo que las autoridades quieren replicar en toda la región.
Fuente:
Laura Rocha, Otros cuatro rellenos sanitarios para el área metropolitana, 19/05/16, La Nación. Consultado 19/05/16.
No hay comentarios:
Publicar un comentario