Comprometen a De la Sota a frenar el desmonte ilegal

Delegados del Movimiento Campesino exigen al gobernador más intervención en el tema.

Ante delegados del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), el gobernador de la provincia, José Manuel de la Sota, se comprometió a frenar e investigar el desmonte del paraje San Tiburcio, en el departamento Pocho, que había tomado estado público semanas atrás cuando el MCC denunció que el mandatario "aprueba desmontes" en zonas protegidas del noroeste provincial "pese a estar en vigencia la ley de ordenamiento territorial del bosque nativo", que excluye esas prácticas. Frente a ello, días atrás De la Sota pidió reunirse con los delegados, en el marco de la inauguración de una obra de agua en el paraje La Cortadera, a pocos kilómetros del desmonte denunciado por el movimiento.

Según informaron desde la organización, en esa oportunidad el mandatario provincial expresó su preocupación por la existencia del operativo en una zona no permitida por la vigente ley y, al mismo tiempo, se comprometió a frenarlo e investigar a fondo el origen de las autorizaciones que lo habilitaron. En ese encuentro, integrantes de MCC le entregaron además la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, con el objetivo de comprometerlo también a darle difusión e impulso para que sea debatido a nivel legislativo.

"El desmonte sigue avanzando de manera impune en 6.500 hectáreas protegidas por la Ley de Bosques" en cuatro estancias de Traslasierra y una más en Villa Quilino, en el noroeste cordobés, afirmó a comienzos de mes el movimiento, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Según esas denuncias, las autorizaciones del gobierno provincial favorecieron a las estancias San Tiburcio, Las Puertitas, Los Linderos, La Felicidad y La Margarita, ubicadas en zonas "rojas" o "amarillas", según el caso. Allí se aseveró que los supuestos propietarios de esas estancias, Javier Mazzea y Centro Agropecuario, son "beneficiarios de los subsidios para la defensa del bosque otorgados en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo".

Por ello se apuntó como "un accionar irregular” de la Secretaría de Ambiente de Córdoba el “autorizar el desmonte de 4.500 hectáreas en las zonas de Traslasierra y 2.000 en Villa Quilino", puntualizó la organización. La eliminación del rolado o “desmonte selectivo” como práctica permitida en las zonas rojas y amarillas fue una de las condiciones que le permitió a la provincia adecuarse a la ley nacional y recibir 13 millones de pesos en subsidios.

Fuente:

Comprometen a De la Sota a frenar el desmonte ilegal, 13/10/15, Hoy Día Córdoba.