Los damnificados por la voladura cobrarán desde 2,2 millones a seis mil pesos. El total por pagar es 1.330 millones de pesos, que se cancelarán con bonos de consolidación.
por Mario Fiore
Buenos Aires. El Senado convirtió en ley, por unanimidad, un proyecto que dispone la indemnización de los damnificados por las dos voladuras en la fábrica militar de Río Tercero, ocurridas los días 3 y 24 de noviembre de 1995.
La norma prevé el pago de montos que van desde los 2,2 millones de pesos para quienes perdieron a un familiar, a cifras menores para quienes sufrieron consecuencias físicas y/o psíquicas o para quienes tuvieron daños materiales en sus viviendas. Es sólo para quienes iniciaron demandas judiciales al Estado.
La norma prevé el pago de montos que van desde los 2,2 millones de pesos para quienes perdieron a un familiar, a cifras menores para quienes sufrieron consecuencias físicas y/o psíquicas o para quienes tuvieron daños materiales en sus viviendas. Es sólo para quienes iniciaron demandas judiciales al Estado.
La iniciativa surgió en 2014 en la Cámara de Diputados como propuesta del actual secretario general de la Presidencia, el camporista Eduardo “Wado” de Pedro, y tuvo el acompañamiento de casi todo el arco político cordobés con representación parlamentaria. La Cámara Baja le dio su media sanción en julio de 2014 y ayer hizo lo propio el Senado.
Durante la sesión no estuvo presente el senador riojano Carlos Menem, quien era presidente cuando acontecieron los luctuosos hechos y está procesado en la causa que investiga la intencionalidad política de esas explosiones.
Menem ya recibió una condena de siete años de prisión efectiva en la causa que investigó la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, delitos que se intentaron “tapar” -según la interpretación judicial- con las voladuras en la fábrica militar de Río Tercero, para ocultar el faltante de armas.
El monto total de la indemnización alcanzaría los 1.330 millones de pesos, que serán pagados en bonos. Los pagos serán para los vecinos que hayan iniciado juicios al Estado. La inmensa mayoría (unos 11 mil) son demandas civiles por daño moral representadas por el abogado Mario Ponce.
Aparte, hay unos dos mil reclamantes más (por daños materiales, lesiones y muertes), con distintos abogados, algunos cientos que ya cobraron por sentencia judicial y otros que avanzan en sus causas, esperando sentencias. Los que cobren indemnizaciones deben renunciar a seguir litigando.
Con la ley se intenta un acuerdo para que semejante cantidad de demandas sigan en el ámbito judicial.
Según la ley, los herederos de las personas que fallecieron a consecuencia de la explosión tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a “la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, multiplicado por 100”, que alcanza el valor de 2.281.200 de pesos en bonos.
Los que sufrieron lesiones gravísimas cobrarán el mismo monto reducido en 30 por ciento (llegará a 1.596.700 pesos).
Será un 40 por ciento menos para las víctimas con lesiones graves (1.368.600 pesos); un 96 por ciento (9.124 pesos) menos a quienes hayan demandado por daño moral o daño psíquico; y un 97 por ciento (6.843 pesos) menos a los que demandaron por daño material.
Entre 1996 y 1999 el Estado pagó, por vía administrativa, resarcimientos por unos 86 millones de dólares (o pesos convertibles en el 1 a 1). Faltaría reglamentar cómo se contempla el pago ahora, si hubiera diferencia a favor, entre quienes ya hayan cobrado alguna indemnización en esa oportunidad.
A dos décadas, el resarcimiento
Víctimas y afectados. Según estableció el Senado, en las voladuras se registraron “ocho fallecidos, 11 heridos gravísimos, 32 graves, 13.500 personas con daños psíquicos y se comprobaron 350 daños materiales de distintos tenor”. El total de las indemnizaciones alcanza los $ 1.330 millones, que serán pagados en bonos del Estado. En realidad, el siniestro tuvo siete muertos reconocidos. La cita del Senado habla de ocho casos.
Montos según el daño. Las familias de las personas que fallecieron percibirán $ 2.281.200. Los que sufrieron lesiones gravísimas cobrarán $ 1.596.700. Las víctimas con lesiones graves recibirán $ 1.368.600. Quienes hayan demandado al Estado por reparación de daño moral o daño psíquico cobrarán $ 9.124 y aquellos que demandaron al Estado por la reparación de daño material recibirán $ 6.843.
Fuente:
Mario Fiore, 20 años después y con bonos, indemnizan a Río Tercero, 17/09/15, La Voz del Interior.
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