Explosiones en Río Tercero: la querella pidió 17 años para los imputados

Comenzaron los alegatos en el juicio por la voladura de la Fábrica Militar. Abogados querellantes condenar a los cuatro acusados. Faltan los planteos de fiscales y defensores. Se espera la sentencia para el 17 de diciembre.

por Fernando Colautti

Comenzaron este miércoles en el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba los alegatos en el juicio por las explosiones de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero, cuya sentencia se conocerá en dos semanas.

Durante la jornada este miércoles, los abogados de la querella solicitaron una pena de 17 años de prisión para los cuatro militares retirados que se encuentran imputados por el hecho: Antonio Cornejo Torino y Marcelo Diego Gatto, quienes al momento de las explosiones eran autoridades de la planta riotercerense, y Carlos Jorge Franke y Edberto González de la Vega, que integraban la conducción nacional de Fabricaciones Militares.

La imputación que les pesa es por estrago doloso agravado, que supone condenas de entre ocho y 20 años.

Horacio Viqueira y Auhka Barbero, abogados en representación de las hijas de Ana Gritti (fallecida y única querellante penal) plantearon durante las cinco horas de su alegato que la suma de indicios acumulados son suficientes para concluir que las explosiones fueron "un acto aberrante, provocado y organizado". Interpretaron que se sostuvo por decisiones tomadas "en el seno del propio Estado nacional" y que tuvieron por finalidad "encubrir un delito cometido entre 1991 y 1995, mediante el tráfico ilegal de armas a Croacia".

Los abogados defendieron los resultados de las pericias oficiales, encargadas por la Justicia a docentes de la UNC en 2003 y que determinaron que el origen no pudo ser accidental. También sostuvieron que si en el tambor donde se vio el primer e imparable fuego había hexolita además de trotyl "no varía en nada el cuadro de situación".

Según los imputados, la pericia de 2003 está plagada de defectos y la conclusión sobre el origen del siniestro es equivocada porque no se contempló la existencia de hexolita en los tambores, que habría favorecido la propagación del fuego.

Los querellantes dijeron que "las pruebas existentes muestran que la hexolita se comporta en forma muy similar al trotyl".

Pedido de pena

Tras detallar la suma de situaciones o indicios sospechosos que rodean a los hechos del 3 de noviembre de 1995, los querellantes se concentraron en plantear la conexión de la voladura con la causa por la venta ilegal de armas. Recordaron que tres de los cuatro imputados han sido condenados en aquella causa ventilada en Buenos Aires. También profundizaron en los detalles de las pericias contables que, según interpretaron, demostraron un faltante de más de 45 mil proyectiles de guerra, entre los inventariados antes y después del siniestro de 1995. Pidieron a los jueces que contemplen esa diferencia como la causa que, mediante la voladura, se intentó ocultar.

Finalmente, Viqueira y Barbero pidieron que se condene a los cuatro imputados a 17 años de prisión. Consideraron que "son partícipes del delito investigado", y sugirieron al tribunal que se contemple a ese fin la teoría jurídica de la "autoría mediata", con varios antecedentes en el mundo y en el país. En ese marco, admitieron que no se puede esperar una prueba que evidencie la orden de alguien para planificar o provocar las explosiones, pero opinaron que, en cambio, puede interpretarse la voladura como consecuencia de "un aparato organziado de poder", por el cual desde el Estado se promovió una acción para eliminar pruebas del contrabando de armas que lo involucraba.

Los querellantes sostuvieron que esa estructura de poder debió involucrar a cargos jerárquicos del Ejecutivo nacional, del Ejército y de la Dirección General de Fabricaciones Militares en 1995.

El juicio, en realidad, llegó sólo con imputados de esa empresa estatal.

Cómo sigue

Los fiscales plantearán sus alegatos el próximo martes. Se da por seguro que reclamarán la condena de los imputados aunque resta saberse el tipo de pena que solicitarán y qué variantes ofrecerán respecto de los querellantes.

Luego, será el turno de los abogados defensores, que aunque no comparten idénticas estrategias, sì compartirán el planteo de reclamar la absolución de los imputados. Con matices, ya sostienen que no hay pruebas para condenar a sus defendidos por los delitos apuntados y rechazan además que puedan haber participado de un hecho intencionalmente provocado. También objetan las pericias que llevaron a la Justicia a la acusación que hoy se debate.

La sentencia del juicio se conocerá el 17 de diciembre, a más de 19 lejanos años de los hechos.

La causa no cerrará ese día, ya que el fallo será apelable por cualquiera de las partes.

Fuente:

Fernando Colautti, Explosiones en Río Tercero: la querella pidió 17 años para los imputados, 03/12/14, La Voz del Interior. Consultado 03/12/14.