Lo importante es que se tome nota de la complejidad de los
problemas ambientales y se los encare con complejidad en la matriz de
criterios, en vista a un mayor consenso.
por Marcos Roggero
En las últimas semanas, el Gobierno provincial envió a la
Legislatura un proyecto de ley que, entre otras cosas, plantea sumar mecanismos
de consulta y audiencias públicas a los estudios de impacto ambiental ya
previstos por la normativa en aquellos proyectos o actividades que representen
algún tipo de riesgo ambiental.
La discusión se disparó y las posiciones son muchas. Y no es
para menos. Ocurre que los problemas ambientales son los más complicados de lo
que en el análisis de políticas denominamos “problemas públicos”.
Los problemas públicos son aquellos que hacen al modelo de
desarrollo de la sociedad, que son estructurales, realmente importantes. Por
cierto, son problemas de la sociedad, asuntos públicos, y como tales permiten y
requieren de la opinión de todos los ciudadanos o, en la práctica, de todo
aquel que esté más o menos organizado como para incidir en la agenda pública y
las decisiones de gobierno.
Ahora bien, el inconveniente surge cuando no hay consenso en
la sociedad en torno del problema, ni en cómo se lo define ni en cómo se lo
quiere solucionar. ¿Qué ocurre? Habrá tantos problemas como maneras de ver el
mundo existan. Esta situación plantea un relativismo incontrolable, que
representa grandes dolores de cabeza a quienes tienen que tomar decisiones al
respecto.
En un momento de la historia, se pensó que la ciencia
permitiría una solución y que lograría cerrar la caja de Pandora abierta en
gran medida por la democracia. El método científico, con su rigurosidad, sería
el criterio único para determinar la validez de los diferentes argumentos que
emergen sobre el problema. De la misma manera lo intentó hacer la
especialización técnica y el derecho. Todos estos intentos buscaron despojar el
problema de la pasión, las emociones y la subjetividad, proponiendo un criterio
de validez que sea racional, imparcial, objetivo.
Sin embargo, aparecieron los problemas ambientales. El
problema con ellos (valga la redundancia) es que sus consecuencias o secuelas,
en ocasiones, se manifiestan a una o dos generaciones futuras, y algunas veces
tampoco se sabe a ciencia cierta si esas consecuencias o secuelas efectivamente
se manifestarán.
Por tomar algunos ejemplos: ¿contaminan o no contaminan los
desechos de la pastera Botnia en el río Uruguay; el humo que expide una fábrica
ubicada en medio de la manzana; el uso generalizado de celulares y la
exposición a todo tipo de ondas? Según sea el caso, podrá determinarse o no, de
manera más o menos fehaciente. Sin embargo, ningún vecino elegiría tomar agua
de ese río, vivir en esa manzana o tener una antena de telefonía móvil a metros
de su casa.
Esta particularidad de los problemas ambientales abre de
nuevo la caja de Pandora y complica la posibilidad de un criterio único para
determinar la validez de los argumentos en torno de un problema (al menos, en
este tipo de problemas).
Son lo que se denomina “problemas transcientíficos”. Según
Alvin Weinberg (1972), “cuestiones de hecho que pueden enunciarse en el
lenguaje de la ciencia pero que, en principio o en la práctica, es imposible
que esta los resuelva”. Cuando hay intersección entre la ciencia, la tecnología
y la política, entran en grave conflicto las actitudes, perspectivas y reglas
de argumentación. Los criterios científicos de verdad chocan con las normas
legales de las evidencias y con las nociones políticas de lo que constituye una
base suficiente para la acción.
Por ende, ni el criterio científico, ni el técnico, ni el
político, incluso, se muestran suficientes por sí mismos para determinar la
validez de lo que se dice en torno de un problema. Antes bien, la complejidad
del problema exige que haya más de un criterio para juzgar la validez del
argumento. Estos criterios pueden conjugarse de modo equilibrado o puede
predominar uno sobre el resto. Variará según el caso. Pero es necesario ampliar
la matriz de criterios.
En tal sentido, la incorporación de los mecanismos de
consulta o audiencias públicas es un paso importante para discutir en torno de
problemas ambientales. Cuando los criterios científicos, técnicos -incluso
legales- no son capaces por sí mismos al momento de determinar la validez de
los argumentos respecto de un problema, se les suma un criterio
político-democrático.
Si coexisten todos equilibradamente o si predomina un
criterio sobre el otro, dependerá de cada caso y del peso de los argumentos.
Lo importante aquí es que se toma nota de la complejidad de
los problemas ambientales y se los encara con complejidad en la matriz de
criterios, de modo que se llegue a mayor consenso. Porque, en definitiva,
estamos hablando de eso: de ampliar y mixturar los criterios de validez, de
modo que se pueda llegar a soluciones con mayor consenso.
Marcos Roggero Especialista en Políticas Públicas, Universidad Católica de Córdoba
Fuente:
Marcos Roggero, Cómo abordar los problemas ambientales, 19/03/14, La Voz del Interior.
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