Quedan dos imputados por los incendios de 100 mil hectáreas

Uno es quien tiene la única condena en Córdoba por iniciar un foco en 2005. El otro caso es por un presunto descuido que habría iniciado el fuego en los pinares de Calamuchita.

Río Tercero, Río Cuarto. Por la larga sucesión de incendios durante 2013, pero muy especialmente en septiembre, que quemaron más de 100 mil hectáreas en las sierras de Córdoba, la Justicia mantiene en calidad de imputados a dos sospechados de haber participado en los inicios de fuegos.

Por aquellos días en que Córdoba se hacía humo, hubo una docena de personas demoradas o detenidas, pero casi todas por presuntas contravenciones al Código de Faltas. Imputados de delitos penales hubo dos casos, que siguen abiertos, en los tribunales de Río Tercero y Río Cuarto.

Entre pinares

El mayor incendio forestal del año, y uno de los más impactantes de las últimas décadas en Córdoba, fue el que avanzó sobre 60 mil hectáreas en el valle de Calamuchita, arrasando 11 mil hectáreas de forestaciones de pinos, que por su tamaño y combustibilidad complicaron severamente el control del fuego. Ese enorme incendio habría tenido como punto de inicio el paraje Sol de Mayo, cerca de Villa Yacanto.

Por ese caso, antes de que el foco fuera apagado, ya estaba imputado de incendio culposo Alberto Hernández Mellado, un trabajador de origen chileno que era contratista en tareas de extracción de pinos.

El fiscal Alejandro Carballo, de Río Tercero, lo imputó ante la sospecha de que el tractor con el que trabajaba, por su deficiente estado, habría emanado chispas por su escape que en condiciones de altísimo riesgo iniciaron el fuego entre pastos y restos de pinares.

Una de las pericias sobre el estado del rodado llegó al despacho de Carballo. Según se conoció, resta otra encargada a un equipo de bomberos para sumar elementos respecto a velocidad del viento, manera en que se esparcieron las llamas y condiciones geográficas del lugar.

En aquellos días de fuego, se conocieron testimonios de lugareños que marcaron que Hernández Mellado -que está en libertad- habría originado el fuego intencionalmente, tras haber sido desplazado de su trabajo por el dueño de la forestación. Sin embargo, la investigación descartó esa hipótesis tras ver pasar a los primeros testigos.

La causa ahora pasa a manos de Andrea Heredia Hidalgo, quien recientemente asumió como segunda fiscal en Río Tercero.

¿Un reincidente?

En Río Cuarto, el fiscal Rubén Moine ya requirió la elevación a juicio de la causa abierta contra Antonio Rolando Arrieta, de 47 años, imputado por un incendio que quemó bosques y pastizales de Alpa Corral, en las sierras del sur provincial.

También imputado por tenencia ilegal de arma de fuego, Arrieta es un peón rural con un antecedente penal distintivo: fue el primer y hasta ahora único condenado en Córdoba por provocar incendios rurales.

Según la denuncia, en medio de la lucha contra los siniestros recientes fue escuchado por vecinos cuando vociferaba: “Quieren fuego, ahí tienen hijos de puta”. Así lo relataron testigos ante el fiscal Moine.

Según la investigación, el 9 de septiembre pasado, desde las 15.30 hasta la medianoche, mientras estaba en el establecimiento agropecuario de Brígido Cristóbal Gómez, a 15 kilómetros de Alpa Corral, Arrieta inició distintos focos y se burló de todos los que luchaban contra las llamas. El siniestro afectó 150 hectáreas serranas.

El 16 de septiembre, en un allanamiento de su vivienda, personal policial dijo haber detectado que Arrieta tenía un arma de fuego calibre 22, con siete cartuchos, sin la debida autorización legal.

Con el abogado Diego Estévez como defensor, Arrieta negó los hechos, dijo que a la hora que se prendió el fuego estaba durmiendo y que al arma se la plantó la Policía.

Los testigos aseguraron que escucharon la voz de Arrieta burlándose de quienes intentaban apagar el fuego en el campo de Gómez, que un rato antes lo habían observado por el sector, que parecía alcoholizado y que no estaba en la casa cuando los bomberos fueron a buscarlo.

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Un único caso con condena judicial

Una sola condena registra la Justicia de Córdoba por incendios forestales. Y recayó, en 2005, sobre Antonio Arrieta.

Es, también, uno de los dos imputados ahora por los incendios de 2013.

Rubén Moine, fiscal de Río Cuarto, confirmó que Antonio Arrieta fue condenado en 2005 por la Cámara del Crimen de Río Cuarto por un hecho perpetrado en la zona serrana de Alpa Corral “con el mismo modus operandi que tiene la actual imputación, y una actitud burlona dirigida a quienes se hallaban en la tarea de sofocamiento de los incendios”. Por ese caso, Arrieta recibió una condena en ejecución condicional.

Mientras, en los tribunales de Río Tercero existe una causa ya elevada a juicio y a punto de tener resolución, abierta por incendios ocurridos en 2005 en la zona entre Atos Pampa y Villa Yacanto, en Calamuchita.

El incidente investigado ocurrió el 20 de octubre de 2005, en un campo forestado entre Atos Pampa y Villa Yacanto. El fuego allí iniciado arrasó durante un par de días unas 18 mil hectáreas, la mayoría con pinares. Ese siniestro cobró especial notoriedad porque se llevó las vidas de los hermanos Luciano y Pablo Clérico, cuando intentaban sofocar las llamas en su propiedad.

Por esa causa, la Cámara del Crimen aún no resolvió un pedido de probation (suspensión de juicio a prueba) solicitado por Héctor Altamirano, el único imputado de incendio culposo agravado, delito que prevé una pena de un mes a cinco años de prisión. A dos meses de ese pedido, que suspendió el juicio que estaba a punto ser iniciado, la Cámara no resolvió si concede o no a Altamirano ese beneficio de reparar de otro modo el daño.

Por ese hecho ocurrido hace ocho años, había otros cinco imputados (todas extrabajadores rurales de forestaciones), que resultaron sobreseídos por prescripción de la causa. Altamirano no se vio beneficiado porque tenía antecedentes judiciales.

Aportan datos sobre el manejo del Plan del Fuego

El legislador Fonseca entregó documentos sobre diferencia entre recaudado y ejecutado/ Se investiga el destino de los fondos.

En la denuncia que el fuero Anticorrupción investiga respecto de una supuesta malversación de caudales públicos del Plan Provincial del Manejo del Fuego, declaró ante el fiscal Hugo Amayusco el legislador Ricardo Fonseca, quien aportó prueba respecto de supuestas irregularidades entre los fondos recaudados y lo efectivamente pagado.

La causa fue iniciada a partir de la denuncia del abogado penalista Carlos Palacio Laje, a quien luego se sumó como querellante particular el productor forestal Ernesto Neher. Según el letrado, los fondos que se recaudan a través de la boleta de Epec “no llegan, llegan mal o llegan tarde” a quienes lo necesitan.

Fonseca prestó extensa declaración en la Fiscalía de Amayusco y dejó una planilla en la que se exhiben las ejecuciones de esos fondos entre 2004 y septiembre de este año. Según esos números, existen sensibles diferencias entre lo recaudado, lo presupuestado, lo comprometido con los cuarteles y otras dependencia y lo que finalmente se pagó. El legislador juecista sostuvo a este medio a la salida de su declaración que en estos 10 años de fondo existen por la ley 9.147 una diferencia de unos 75 millones de pesos entre lo recaudado y lo que se pagó. Las cifras que maneja Fonseca corresponden a la Cuenta de Inversión de la Provincia, entre 2004 y 2013.

Tras su declaración, el legislador juecista recordó cuál fue la defensa de la ley que hizo en su momento Unión por Córdoba. Y citó un discurso del entonces legislador Juan Carlos Massei, del 29 de diciembre de 2003: “Cuando decimos que vamos a comprar dos aviones hidrantes van a ser dos por año en estos cuatro años, pero también van a sobrar fondos para equipamiento, y ahí va a estar, en ese ámbito de aplicación de los fondos, la Secretaría General de Medio Ambiente, Defensa Civil, y también a través de Defensa Civil nuestra Federación de Bomberos Voluntarios”. 

Según Fonseca, esos dos aviones jamás se compraron y no se giraron los fondos a los cuarteles. Una prueba de ello, según estimó, es que desde la Federación de Bomberos Voluntarios en marzo de este año se quejaron porque esos recursos no se giraron.

El legislador juecista señaló que en la actualidad no se ejecutan las partidas presupuestadas y que tampoco se gira todo lo recaudado para sus fines correspondientes. 

Fonseca le aportó a Amayusco copia del decreto 270 del 21 de octubre pasado, donde el Ministerio de Finanzas le asigna 12 millones de pesos al Plan de Manejo del Fuego, presuntamente a título de devolución, lo cual para él constituye una irregularidad.

Fuentes:

Quedan dos imputados por los incendios de 100 mil hectáreas, 03/01/14, La Voz del Interior. Consultado 03/01/14.

Un único caso con condena judicial, 03/01/14, La Voz del Interior. Consultado 03/01/14.

Aportan datos sobre el manejo del Plan del Fuego, 03/01/14, La Voz del Interior. Consultado 03/01/14.