La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de anular el embargo
contra Chevron en Argentina se corresponde con una serie de presiones surgidas
tanto desde el gobierno nacional como de la propia corporación estadounidense.
Era la "traba" que impedía el acuerdo con la petrolera semi-estatal
YPF para avanzar en la explotación vía fracking (fractura hidráulica) de
hidrocarburos no convencionales en Neuquén.
Según informó el CIJ: "La Corte Suprema dejó
sin efecto una sentencia que trababa un embargo sobre bienes de Chevron
Argentina". De esta manera, "hizo lugar este martes a una queja
presentada por esa empresa y otras compañías. El Máximo Tribunal revocó un
fallo de la Justicia
Civil que había ordenado el cumplimiento en el país de un
embargo dispuesto en Ecuador por más de u$s 19.000 millones".
Claro que detrás de esos números en dólares, existen otros
números. Darío Aranda lo describía así en una nota reciente: "Un caso
paradigmático de contaminación petrolera: 103 millones de litros de crudo
derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada
a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y
trabajaban pueblos indígenas y campesinos".
El 30 de mayo, el OPSur escribía: "Por el momento, es
difícil saber si el acuerdo avanza a sabiendas de un inminente fallo favorable
a los intereses de la transnacional, o si, invirtiendo el orden de los
factores, se confía en que el “hecho consumado” y la importancia del mismo para
la petrolera argentina terminarán por inclinar la balanza en contra del
embargo. La postura de Galuccio es pública".
En efecto, el Estado Nacional avanzaba en el acuerdo pasado
desde el año pasado. En todas las oportunidades, defendió a la corporación
estadounidense. “Tenemos un fuerte compromiso y junto a Chevron conformaremos
el primer joint venture con una inversión importantísima para avanzar con el
desarrollo del shale”, se despachó el Presidente de YPF, Miguel Galuccio, en la reunión del 16 de mayo.
Unos días después, el día 28, se avanzó más, ya que la Procuradora general de
la Nación ,
Alejandra Gils Carbó, advirtió que iba a iniciar acciones para levantar el
embargo contra Chevron en Argentina. Se trata, a su vez, de una integrante de
Justicia Legítima, la organización judicial oficialista.
En una muestra de "periodismo house-organ",
Pagina/12 describrió así la situación: "La causa se remonta a la acción de
un grupo de abogados estadounidenses que hizo una presentación en 1993
reclamando una “Acción de clase” a favor de 30.000 residentes de la región de la Amazonia ecuatoriana,
presuntamente afectados por cuestiones ambientales relacionadas con la
explotación de hidrocarburos, una figura jurídica que no existe en ese país".
Por supuesto, la realidad es muy otra. La demanda está
protagonizada por los pueblos afectados, fundamentalmente comunidades indígenas
del Amazonas. Segundo, no se trata de pueblos "presuntamente
afectados", porque ya está comprobado por la Corte y las cientos de
evidencias de la contaminación.
"Chevron intenta chantajear al Gobierno de la República de Argentina
para lograr que ilegalmente se incida en la justicia el levantamiento del embargo que pesa en su contra" había dicho el abogado ecuatoriano Pablo
Fajardo, defensor de las comunidades indígenas contra la gran corporación del
Norte, y afectado el mismo por Texaco-Chevron.
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