jueves, 2 de mayo de 2013

La Plata: sospechan que hay 90 muertos más por el temporal

por Hugo Alconada Mon

Hubo más muertes en La Plata por el diluvio del 2 de abril. Muchas más muertes que las 52 que figuran en el listado oficial. Hay cerca de 90 casos sospechosos, ya sea por la hora, el día, el lugar o ciertos detalles. Y las familias de 8 de esas víctimas confirmaron a La Nación que el motivo de las muertes era, de manera directa o indirecta, la gran lluvia.

Las dudas sobre la cantidad de muertos son generales. Las tienen funcionarios del gobierno bonaerense, jueces, fiscales, defensores oficiales, médicos, organismos de derechos humanos, sacerdotes, maestras, casas velatorias, asambleístas y vecinos consultados por La Nación durante el último mes.

3 de las 8 familias que adjudicaron las muertes a la inundación destacaron el papel de la policía en esas horas. "Nos dijeron que si denunciábamos que había muerto por el agua tenían que llevárselo a la morgue, hacerle una autopsia, abrir un expediente y esperar al juez, lo que podía tomar semanas", relató la hija de una víctima. "Pero que si conseguíamos a un médico que firmara el certificado [de defunción] diciendo que murió de un infarto, al día siguiente lo podíamos enterrar". Y así fue.

El número exacto de muertos por causa directa o indirecta del diluvio acaso nunca se sepa. Tras la inundación de la ciudad de Santa Fe, en abril de 2003, murieron 23 personas (3 de ellas menores) según el conteo oficial. Pero llegó a 148 según los organismos de derechos humanos provinciales. El debate aún sigue abierto en los tribunales santafecinos.

En La Plata, Berisso y Ensenada, cerca de 300 personas fallecieron durante la primera quincena de abril. De ellas, el gobierno de Daniel Scioli reconoció que 52 murieron por la inundación e indicó que había otros 37 casos posibles, que giró a la Justicia para que los investigue.

A esos 37 casos bajo análisis, sin embargo, deberían sumarse alrededor de otros 55 decesos más que por sus características podrían responder a la inundación y la inacción posterior. Y sobre ese universo de 92 casos bajo "especial atención" trabajaron, hasta su apartamiento, el juez Luis Arias, el defensor oficial del fuero Penal Juvenil, Julián Axat, así como organismos de derechos humanos bonaerenses.

El subsecretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín, no descarta que se verifiquen más muertes, aunque bajó el número potencial en danza. "Algunos casos están evidentemente desvinculados [de la inundación] pero otros requieren un análisis de la Justicia porque sus familiares lo están informando", indicó a La Nación. "Hemos recibido noticias de que podría haber más víctimas, pero tras la primera fase de emergencia, ahora debemos adoptar un criterio más cauto para analizar mejor cada caso", añadió.

Ir más allá de la región
Los más escépticos, en cambio, abogan para que se amplíe el análisis a los 300 decesos registrados durante la primera quincena de abril. Y que se extienda más allá de La Plata, Berisso y Ensenada. Debería alcanzar, afirman esos investigadores, a los registros civiles, morgues, crematorios y cementerios de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela para descartar que algunos cuerpos hayan terminado allí, o incluso en Burzaco, con escala previa en el Hospital Naval. "Más relevante que el número final [de fallecidos] es la obturación que hay para investigar", indicó una fuente con acceso directo a la investigación judicial.

Esa pesquisa comenzó con Arias y Axat como protagonistas, pero pronto se abrió una disputa con el fuero penal, en particular con el juez Guillermo Atencio y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Al final, tras un paso por la Suprema Corte bonaerense, Axat y Arias fueron apartados, mientras que se sumaron el fiscal Jorge Paolini y otra jueza en lo Contencioso Administrativo, Ana Logar. Pero Arias y Axat no se dan por vencidos. En particular para señalar las fallas por negligencia o dolo del Estado y por una presunta decisión política de fragmentar la investigación en múltiples expedientes en vez de unificarla bajo la figura penal del "estrago".

Cada una por separado, en tanto, 3 de las 8 familias que dialogaron con La Nación destacaron el rol clave de la policía. Pero también consignaron que no tienen claro si los agentes actuaron de buena fe, para reducirles el dolor y la espera, o por órdenes superiores de la propia fuerza o políticas, mientras que el equipo de Scioli y el gobierno nacional tomaban las riendas tras la pésima -o incluso nula- reacción inicial del intendente Pablo Bruera.

Tanto o más relevante es por qué esas familias hoy no cuentan la verdad. "Porque podríamos terminar con un «quilombo» penal y causándole un problema al médico amigo que nos ayudó", resumió, ante La Nación, el hermano de otra de las víctimas.

Diego Reguera, hijo de Edgardo, que murió ahogado en 28 entre 43 y 44 -pero cuyo certificado de defunción también dice "paro cardiorrespiratorio no traumático"- suma otro motivo al silencio sobre la cantidad de muertes: "Los medios [de comunicación] llegaban a enloquecerte con su insistencia, sin dejarnos vivir el duelo en paz".

Reguera debió esperar junto al cuerpo de su padre en la calle, durante cuatro horas, a la espera de un médico forense que al fin le avisó que no podría llegar. "Al lado tenía a un policía diciéndome que lo sacara [a su padre] de ahí", rememoró. Así fue que trasladó el cuerpo hasta una funeraria y consiguió ese certificado.

Según las autoridades, Reguera no murió por el diluvio. Su hijo los corrige. "Si no se hubiera inundado todo, mi padre estaría vivo -afirmó-. Murió víctima del stress absoluto que padeció". Pero no quiere cargar las tintas. "Como familia hicimos lo que humanamente se podía dado todo lo caótico que se vivió en la ciudad".

Al de Reguera se suman otros casos singulares. Como el de Raimundo Aguirre y su esposa Carmen Arias Burgos, que aparecieron con el día y la hora de sus fallecimientos modificados en sus certificados de defunción; o el de Juan Carlos García, que figura con otra causal de muerte.

"Dignidad y memoria"
El matrimonio Aguirre ya ingresó en el proceso que concluirá con la corrección de los certificados. Pero eso no quita que aún medien los obstáculos. "Uno de los fiscales nos preguntó cuál era la premura por corregirlo si ya estaban por ser «oficializados»", remarcó una de las hijas, Rocío, a La Nación. "Se trata de una cuestión de dignidad y de honrar la memoria de mis papás", afirmó.

Según el certificado de García, en tanto, murió de un carcinoma hepático en su casa, a las 11:30 del miércoles 3. Pero su familia declaró que lo arrastró la corriente desde el cruce de las calles 22 y 34 hasta la esquina de 21 y 33, donde apareció muerto. Tras esperar cinco horas que apareciera la policía, llamaron a una cochería, lo velaron y lo cremaron.

Las recomendaciones de la policía y los errores en los certificados de defunción se combinaron, además, con las presuntas irregularidades que denunció ante la Justicia un ex empleado del Registro de las Personas provincial. Abogado y al tanto de los procedimientos, relató cómo hablaban las autoridades del Registro con los de la morgue para acelerar los tiempos e inscribir a las víctimas sin la intervención previa de un juez. El jueves 4 de abril, el denunciante dejó de trabajar allí.

Pero mientras Bruera reiteró ayer su pedido de disculpas y reafirmó que no renunciará -pese al papelón de afirmar por Twitter que recorría los centros de evacuados mientras se encontraba en Brasil-, el listado oficial de fallecidos acumula otros rasgos llamativos. En primer lugar, porque no aparece ningún menor, lo que intriga a todos.

A un mes de la tragedia, desde la provincia descuentan que el listado oficial aumentará. Pero no tanto como calculan Arias, Axat y la red de asambleas vecinales. Por lo pronto, incluirá a víctimas como Alejandro Nuccitelli, que falleció el jueves 18, tras quince días en coma. Su certificado de defunción, a diferencia de tantos otros, sí especifica que murió por "sumersión". Pero sigue fuera del listado oficial.
52 Cifra oficial
La cifra de muertos que dio la provincia no se modificó
$ 6000 Millones
Es el costo de las pérdidas económicas en La Plata, según estimaciones privadas

Las cantidad de actas de defunción alimentan las sospechas

Sumados, los certificados de defunción emitidos en La Plata entre el 1° y el 14 de abril que obtuvo el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, antes de perder el control del expediente son elocuentes. Juntos, dan forma a una campana -con epicentro máximo entre el 2, 3 y 4 de abril- que excede por mucho el número de muertos de la lista oficial.

El salto sustancial en la cantidad de fallecidos que observó la oficina centralizadora de defunciones en La Plata del Registro Provincial de las Personas se replicó en casi todas las casas velatorias y en los cementerios público y privados de la región, según reconstruyó La Nación.

Esos certificados que analizó Arias -que serían poco más de la mitad del total- acreditan 5 fallecimientos el lunes 1° de abril; al día siguiente se superaron los 60, para bajar a 24 el miércoles 3, a 12 el jueves 4, a 10 el viernes 5. De allí en más comienza una suave declinación.

Un pico similar se observó en los entierros practicados en el cementerio público y en los privados. La empresa controlante del Parque Campanario, por ejemplo, informó a la Justicia que "se ha percibido un incremento en la cantidad de sepulturas habituales que realiza el cementerio a partir del día 2 de abril".

Petitorio ciudadano
En esa línea, varias funerarias consultadas por el diario Perfil coincidieron en que el número de servicios fue "el doble de lo acostumbrado". En un caso significó, incluso, "una cifra récord". Más cauta, la tradicional Casa Betti indicó a la Justicia que "se percibió un incremento en la cantidad de sepelios habituales que se realizan [...] a partir del 2 de abril" pasado.

Con los primeros datos sobre muchos de esos decesos, en tanto, vecinos de esta ciudad agrupados en 22 asambleas barriales conformaron "Indignados La Plata", que el 23 de abril entregaron un petitorio a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner. Le reclamaron una investigación seria sobre la cantidad de fallecidos, obras hidráulicas, la derogación del Código de Planeamiento Urbano y protección para ellos mismos, por los aprietes de punteros que sospechan cercanos al intendente Pablo Bruera.

Disconformes con las respuestas oficiales, los asambleístas también comenzaron a armar su propio listado de fallecidos, que a los 52 oficiales suman otros 22, para un total de 74.

Los vecinos no son los únicos que recogen datos. Los sacerdotes agrupados en Cáritas concentran sus esfuerzos en ayudar a las familias más afectadas. "Lo último que escuchamos fue el relato de una familia sobre una anciana que murió 10 días después de la inundación de un infarto. Fue por el estrés vivido", dijo un religioso a La Nación.

Chicos: sin denuncias concretas, pero con dos casos "probables"

Los maestros acaso tengan ante sus ojos la resolución del misterio que inquieta a toda la ciudad: ¿es posible que no haya muerto ningún chico durante la inundación? Son ellos quienes saben si hay alumnos que no volvieron más a las aulas desde aquellos trágicos días.

En el caso de una maestra -La Nación se reserva su nombre-, los indicios son inquietantes. Cuando sus alumnos volvieron a la primaria, un tercio afirmó haber visto "nenes fallecidos por la tormenta". Más aún, tres de ellos lo plasmaron en dibujos y lo relataron luego, llorando.

Sin embargo, a un mes de la tragedia sus nombres, sus cuerpos y sus familias no aparecen. ¿Es posible que esos padres callen? ¿Por temor? ¿Por un sentimiento de culpa?

Durante estas semanas, La Nación recorrió las morgues y cementerios de la región, y caminó algunas de las zonas más afectadas por la inundación en la periferia platense, como Villa Elvira y distintos asentamientos a la vera de arroyos; también lanzó una convocatoria por Facebook. Surgieron indicios, pero también se descartaron múltiples versiones.

El subsecretario de Política Criminal bonaerense, César Arias, ahondó en ese eje. "Ante las versiones dadas por los vecinos, se rastrillaron tres y hasta cuatro veces las zonas, y en ciertos barrios se pasó casa por casa, pero nunca obtuvimos una denuncia concreta", relató. "La conclusión que sacamos es que la gente privilegió el cuidado de los menores", estimó.

"Altamente probable"
En silencio, de todos modos, se analizan los casos de 6 chicos. En particular, en 2 casos es "altamente probable", según dijo un investigador, que hayan muerto por la inundación. La defunción del primero se certificó el 4 de abril por "síndrome asfíctico" -es decir, asfixia, ¿por sumersión?-; el segundo incluyó un confuso rol de la Gendarmería. Y otros 2 casos más están en proceso de verificación. Uno es el de un varón de 8 años, en Berisso, cuyo cuerpo fue cremado.

Pero a la luz de los antecedentes (incluido el capítulo negro de la dictadura), desde la Comisión Provincial de la Memoria avanzan con cautela. "La clave es generar confianza en el entorno familiar, acompañar a las víctimas, para que decidan dar el paso", indicaron a La Nación. Con las redes clientelares a pleno, además, los organismos de derechos humanos tampoco descartan presiones ejercidas sobre algunas familias, que ignoran sus derechos.

Eso no es todo, según el defensor oficial del fuero Penal Juvenil, Julián Axat. "El destino de los cuerpos flotantes", fue el título del texto que publicó tras la inundación, en el que alertó sobre "la gestión discrecional de los muertos", con la connivencia de "la corporación judicial".


Fuentes:
Hugo Alconada Mon, La Plata: sospechan que hay 90 muertos más por el temporal, 02/05/13, La Nación. Consultado 02/05/13.
Las cantidad de actas de defunción alimentan las sospechas, 02/05/13, La Nación. Consultado 02/05/13.
Chicos: sin denuncias concretas, pero con dos casos "probables", 02/05/13, La Nación. Consultado 02/05/13.

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